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Corantioquia

Corantioquia aclara situación minera en el sector Mandinga, municipio de Cáceres

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En atención a recientes publicaciones sobre actividades mineras en el sector Mandinga, vereda Río Man, en el municipio de Cáceres, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia se permite informar a la opinión pública, a los actores del sector minero y a las entidades competentes, lo siguiente:

En el marco de sus funciones como autoridad ambiental, Corantioquia ha realizado seguimiento permanente a las dinámicas mineras en esta subregión.

Desde el año 2011, la Corporación ha puesto en conocimiento de entidades como la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, diferentes informes relacionados con situaciones asociadas a actividades mineras, en ejercicio de sus competencias de control y vigilancia ambiental.

Es importante señalar que, dadas las condiciones de orden público que históricamente han afectado al Bajo Cauca antioqueño, el ejercicio institucional en territorio representa retos operativos significativos, lo que hace complejo garantizar presencia permanente en todos los puntos donde se presentan estas actividades. No obstante, la Corporación ha mantenido su labor de seguimiento, control y articulación interinstitucional.

Conforme a la revisión de las publicaciones recientes de medios de comunicación, es necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 332 de la Constitución Política, el subsuelo es propiedad del Estado colombiano.

En ese sentido, la autoridad competente para el otorgamiento de títulos mineros es la Agencia Nacional de Minería (ANM). Esto implica que, aunque una persona sea propietaria de un predio, la posibilidad de desarrollar actividades mineras depende exclusivamente de la autorización otorgada por dicha entidad.

Asimismo, existen restricciones legales que pueden limitar o impedir el desarrollo de estas actividades, como las zonas excluibles de la minería por razones de seguridad nacional, cuya verificación corresponde a la autoridad minera.

Bajo esta premisa, es fundamental precisar que para que exista una licencia ambiental, primero debe existir un título minero o un mecanismo de legalización de la actividad debidamente otorgado. Solo a partir de ello, la autoridad ambiental puede evaluar el estudio de impacto ambiental y decidir sobre la viabilidad del proyecto.

En consecuencia, Corantioquia no tiene competencia en la asignación de títulos mineros, sino en la evaluación y seguimiento de los instrumentos ambientales.

En relación con los proyectos identificados en el sector Mandinga, se informa:

El proyecto Mina Mandinga (placa ODH-08201) cuenta con licencia ambiental temporal otorgada en el año 2022, para la explotación de oro y plata, en el marco de un proceso de formalización minera que cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales establecidos por la normativa vigente. Con base en herramientas de georreferenciación, como Google Earth, se presume que el proyecto se localiza a un (1) kilómetro de los límites del Batallón de Infantería N.° 31 Rifles.

Estos procesos hacen parte de los mecanismos de formalización minera, mediante los cuales actividades que no contaban con título ni control avanzan hacia la legalidad, bajo condiciones de cumplimiento ambiental, control y seguimiento institucional.

Un segundo polígono, asociado al trámite de formalización minera con placa LID-09161, no cuenta con licencia ambiental aprobada. Su solicitud fue evaluada por la autoridad ambiental y, a la fecha, no dispone de instrumento ambiental que habilite el desarrollo de actividades mineras.

En este sentido, cualquier actividad minera que se adelante por fuera de los títulos y licencias debidamente otorgados corresponde a minería informal. Frente a estas situaciones, la intervención en casos de flagrancia es competencia de las diferentes entidades del estado, conforme a la normatividad vigente.

No obstante, en el marco de sus competencias, Corantioquia ejerce labores permanentes de control y seguimiento ambiental, adelantando acciones técnicas, visitas de verificación y los respectivos procesos sancionatorios cuando hay lugar, con el fin de prevenir, mitigar y corregir los impactos derivados de actividades no autorizadas.

Corantioquia reitera que su actuación se enmarca estrictamente en sus competencias legales y hace un llamado a fortalecer la presencia articulada del Estado en el Bajo Cauca antioqueño, con el fin de atender de manera integral las dinámicas del territorio.

Finalmente, la Corporación invita a los actores del sector minero a avanzar en procesos de formalización, como una vía para garantizar el cumplimiento de la ley y aportar a la protección, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos de la región, como la Ciénaga Colombia, actualmente en proceso de declaratoria como área protegida.

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Corantioquia

Con el otorgamiento de licencias ambientales temporales, más de 200 familias del Bajo Cauca se benefician

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*Cuatro licencias —tres para pequeña minería y una para mediana— marcan un hito en la formalización minera en El Bagre y Nechí.

*La decisión hace parte de la estrategia Formalizar para Regenerar, que promueve prácticas responsables y sostenibles en el sector minero.

*Con las licencias, las empresas quedan avaladas para operar bajo un instrumento previo y regulatorio articulado entre la Agencia Nacional de Minería y Corantioquia.

En ejecución de la estrategia Formalizar para Regenerar, Corantioquia otorgó tres licencias ambientales temporales para la formalización de pequeña minería y una más para la regularización de mediana minería en el Bajo Cauca antioqueño, en los municipios de El Bagre y Nechí, marcando así un hito para la minería regional.

La decisión representa un respaldo significativo a tres empresas que, tras varios años de gestión, obtienen finalmente el aval para operar bajo un instrumento previo y regulatorio articulado entre la Agencia Nacional de Minería y Corantioquia, fortaleciendo la adopción de buenas prácticas ambientales y una gestión responsable del territorio.

La directora general de Corantioquia, Liliana María Taborda González, destacó que “seguimos impulsando una minería regenerativa y avanzando en la formalización de las pequeñas y medianas empresas, con el propósito de recomponer los tejidos ambientales y sociales en nuestra jurisdicción”.

Asimismo, destacó la voluntad de los mineros, quienes han realizado importantes esfuerzos para regularizar su actividad, lo que les permitirá operar con mayor estabilidad y tranquilidad, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Este avance reafirma la importancia de la articulación entre autoridades ambientales, entidades mineras, administraciones locales y empresas para consolidar una minería con impacto en el desarrollo territorial. En ese sentido, Santiago Cardona, vicepresidente de Mineros S.A. para Colombia, destacó el alcance social de la medida y señaló que este tipo de iniciativas demuestra que es posible transformar el territorio mediante la cooperación institucional y la implementación de programas como Minería Regenerativa.

De igual forma, Corantioquia reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la recuperación de los ecosistemas y el fortalecimiento del tejido social en su jurisdicción, promoviendo un modelo minero responsable y alineado con el desarrollo sostenible.

El dato:

Más de 200 familias tendrán un impacto positivo directo con el otorgamiento de estas licencias ambientales temporales, una medida que impulsa la formalización minera, fortalece las economías locales y promueve condiciones de trabajo más seguras y sostenibles en el territorio.

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Corantioquia

Corantioquia invertirá más de $6.000 millones en la entrega de estufas ecoeficientes

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● En el Bajo Cauca antioqueño inició la entrega de estufas ecoeficientes. En esta subregión la estrategia ambiental beneficia a comunidades afrocolombianas e indígenas.

● El objetivo es sustituir el uso de leña, carbón y otros combustibles ineficientes y altamente contaminantes con la implementación de estufas portátiles que optimizan la combustión.

En su compromiso por mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y reducir los impactos ambientales derivados del uso tradicional de leña, Corantioquia avanza en la implementación del programa Estufas Ecoeficientes para la Vida. Su primera entrega se desarrolló en las veredas La Porquera y Quebradona del municipio de Zaragoza, Antioquia, donde 120 familias de comunidades afrocolombianas e indígenas se verán beneficiadas al recibir estufas que promueven prácticas de cocina más seguras, saludables y sostenibles.

Esta estrategia articula tres proyectos complementarios que, en conjunto, permitirán la instalación de cerca de 4.000 estufas en diferentes municipios de la jurisdicción, sumando esfuerzos institucionales, comunitarios y de aliados estratégicos para llevar soluciones sostenibles, mejorar la salud de los hogares y proteger los ecosistemas.

Como uno de los componentes principales de esta estrategia, Corantioquia hizo un convenio con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), para entregar 2.985 estufas ecoeficientes en 23 municipios de la jurisdicción.

Esta iniciativa cuenta con una inversión superior a los $11.600 millones, de los cuales el 90% es aportado por FENOGE y el 10 % por la Corporación. La intervención tendrá presencia en aproximadamente 500 veredas y priorizará población en condición de vulnerabilidad, incluyendo comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, personas mayores y mujeres cabeza de hogar. Actualmente, este proyecto se encuentra en la etapa de caracterización de los beneficiarios.

De manera complementaria, la Corporación inició la entrega de 1.000 estufas ecoeficientes en 30 municipios, con una inversión superior a los $5.400 millones, y desarrollará un proyecto con enfoque diferencial en el municipio de El Bagre, dirigido a consejos comunitarios afrocolombianos, mediante el cual se beneficiará a las comunidades de Villa Larga y La Capilla.

Desde la subregión del Bajo Cauca, la directora general de Corantioquia, Liliana María Taborda González, dio el banderazo de inicio a esta estrategia y subrayó: «Las estufas ecoeficientes no solo transformarán las condiciones ambientales de las comunidades, sino que también mejorarán significativamente la salud de quienes se dedican a la preparación de alimentos. Por ello, se consolidan como un pilar estratégico para elevar la calidad de vida en las subregiones de nuestra jurisdicción».

Los proyectos tienen como objetivo sustituir el uso de leña, carbón y otros combustibles ineficientes y altamente contaminantes mediante la implementación de estufas portátiles que optimizan la combustión. Estas tecnologías incorporan sistemas que mejoran el aprovechamiento energético y facilitan la evacuación del humo, permitiendo reducir hasta en un 70% el consumo de leña y en un 90% las emisiones de CO2. Esto con el fin de disminuir la presión sobre los bosques, mejorar la calidad del aire en los hogares y generar ahorros significativos en la economía familiar.

Su implementación se desarrolla a través de un proceso integral que incluye la caracterización de beneficiarios, la instalación y puesta en funcionamiento de las estufas, así como la capacitación y el acompañamiento técnico, ambiental y social, garantizando la sostenibilidad de la intervención en los territorios.

Con esta apuesta, Corantioquia reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la conservación de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades, promoviendo soluciones que conectan el cuidado del ambiente con mejores condiciones de vida para las comunidades rurales de su jurisdicción.

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Corantioquia

Corantioquia rechaza la ocupación del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Yopal, Casanare

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La directora general de Corantioquia y vicepresidenta de la mesa directiva de Asocars, Liliana María Taborda González, rechaza la ocupación del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre – Granja Uary, en Yopal, Casanare, y expresa su respaldo a Corporinoquia en el cumplimiento de su misión institucional.

Si bien reconoce el derecho fundamental a la protesta pacífica como mecanismo legítimo de participación ciudadana, advierte que su ejercicio no puede comprometer la continuidad de servicios esenciales para la protección de la fauna silvestre.

Esta situación pone en riesgo a cerca de 200 animales en proceso de rehabilitación, víctimas de tráfico ilegal, atropellamientos y tenencia irregular, cuya atención depende de la operación continua y especializada del centro.

El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre – Granja Uary, cumple una función técnica especializada orientada a la atención, valoración, rehabilitación y conservación de especies afectadas por diversas amenazas, por lo que cualquier alteración en su operación impacta directamente los procesos de recuperación y protección de la biodiversidad.

La entidad enfatiza que este tipo de instalaciones no son escenarios de confrontación, sino espacios técnicos destinados exclusivamente a la protección de la vida silvestre. El diálogo institucional permanece abierto; la protección de la biodiversidad no admite interrupciones.

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