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Contraloría General de la República abre tres procesos de responsabilidad fiscal por inundaciones en La Mojana

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El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, informó en la mañana de este jueves 22 de Agosto de la apertura de 3 nuevos procesos de responsabilidad fiscal por $51 mil 013 millones por las inundaciones en la región Mojana, además inició una indagación preliminar por el proyecto de cierre del chorro de Cara e’ gato, obras que están paralizadas.

Desde el Palacio de la Proclamación en la ciudad de Cartagena el jefe del ente de control le recordó al país que fue la Contraloría General de la República la primera entidad que declaró de impacto nacional esta situación de la Mojana derivada por efectos de la ola invernal.

Los tres procesos de responsabilidad fiscal están a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y se relacionan con las obras de control de las inundaciones en Bolívar e involucra un posible detrimento de $28.822 millones, con medidas cautelares ejecutadas y toma de versiones libres a los presuntos responsables fiscales, entre quienes aparecen el exdirector de la UNGRD, Eduardo José González Angulo, y algunos contratistas.

Otro proceso es por pagos en exceso a 265 beneficiarios, con un daño de $191 millones, vinculando a funcionarios del Ministerio de Agricultura, y el tercer proceso de responsabilidad fiscal investiga posibles desvíos de fondos para ayudas humanitarias en varios municipios, involucrando a 10 exalcaldes municipales y un daño estimado en más de $22.000 millones. La Contraloría visitó la zona el 1° de agosto y con relación a ello es que decide iniciar la indagación.

“Se están tramitando dos denuncias ciudadanas que aluden a presuntas irregularidades en la ejecución de este contrato, cuyo valor inicial es de $129.187´605.884, y que en su alcance también incluye la construcción de espolones en el Canal La Esperanza y obras varias para la recuperación de la margen izquierda del Dique Rompedero Cara e’ gato. El órgano de control tiene especial preocupación con el estado actual de este contrato y de estas importantes obras, toda vez que son primordiales para eliminar una de las causas de las inundaciones del río Cauca, que afectan a las comunidades ribereñas de toda la zona de la Mojana, que comprende los departamentos de Bolívar, Antioquia, Córdoba y Sucre”.

En noviembre se conocen los resultados de esa indagación “para así poder determinar si procede o no el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de alguno, algunos o todos los participantes en este proyecto”.

A su vez la Contraloría le hace un llamado al Gobierno Nacional y a la UNGRD para que prioricen la implementación de las acciones necesarias y suficientes que permitan la terminación y puesta en operación de estas importantes obras de cierre y mitigación de riesgos en la Mojana.

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Asesinan a inspector del Inpec cuando llegaba a la Cárcel de Palogordo, en Girón

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*Recibió tres impactos de bala. Los sicarios huyeron después de cometer el crimen.

El inspector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Efraín Quesada Urrego, fue asesinado en Santander, después de haber sufrido un atentado cuando se dirigía a la Cárcel de Palogordo, en Girón.

Quesada fue trasladado a la Clínica Foscal, en Floridablanca, donde fue sometido a una cirugía, pero pese a los esfuerzos médicos, terminó falleciendo por los tres impactos de bala que recibió.

Según se ha conocido, el funcionario del Inpec fue interceptado a las 6:20 de la mañana por hombres armados en el sector de la finca Los Naranjos, en inmediaciones a la cárcel de Girón.

Los sicarios escaparon por la misma vía que comunica a Girón con Piedecuesta, después de que otros funcionarios del Inpec se acercaran al escuchar las detonaciones de las armas de fuego.

«Lamentamos el fallecimiento del Inspector Efraín Quesada, funcionario de la Cárcel de Girón. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento y hacemos un llamado a las autoridades competentes para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia», manifestó el Inpec.

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A un día de la posesión presidencial en Cali se registran fuertes combates en el Valle del Cauca

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*Estos combates se registran justo cuando en Cali se realiza un consejo de seguridad para seguir ajustando las medidas que buscan garantizar la protección de los invitados nacionales e internacionales.

Los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ se registran desde la mañana de este jueves, muy cerca del corregimiento de Tenerife, que está ubicado en zona montañosa, entre los municipios de Palmira y El Cerrito, Valle. Campesinos de la zona reportan disparos y explosiones desde muy temprano.

Estos combates se registran justo cuando en Cali está comenzado un consejo de seguridad para seguir ajustando las medidas que buscan garantizar la protección de los invitados nacionales e internacionales que están llegando para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, dijo previamente que se están reforzando y monitoreando todos los puestos de control instalados en Cali y los alrededores: «Sobre todo en los puntos que conectan con el departamento del Cauca, como lo es el puesto de Valcilla, que conecta el municipio de Florida con el municipio de Miranda, Cauca, el puente Valencia, que conecta Jamundí con el departamento del Cauca. Es decir, los puntos estratégicos que estamos monitoreando, en donde hay presencia de nuestra fuerza pública, policías y soldados de forma física vigilando ese puesto», indicó Londoño.

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la recta Cali – Palmira están militarizadas. Esta tarde llegaran los primeros lideres mundiales invitados a la posesión presidencial.

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Cambian las reglas para patinetas eléctricas en Colombia: obligaciones que deberán cumplirse

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El Gobierno nacional expidió la primera reglamentación integral para los vehículos de micromovilidad en Colombia, una medida con la que busca mejorar la seguridad vial, ordenar la circulación de estos medios de transporte y promover una movilidad urbana más sostenible.

La Resolución 20263040030675 de 2026, expedida por el Ministerio de Transporte, desarrolla la Ley 2486 de 2025 y establece las condiciones para la circulación de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, entre ellos bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas, monociclos, triciclos eléctricos y otros dispositivos de uso personal.

Uno de los principales cambios es la creación de una clasificación oficial para este tipo de vehículos, diferenciando cuáles son automotores y cuáles no, con el propósito de facilitar su identificación tanto para las autoridades como para fabricantes, comercializadores y usuarios.

Casco obligatorio y nuevos requisitos de seguridad

La nueva reglamentación dispone que los usuarios deberán utilizar casco certificado, el mismo tipo de casco exigido para motociclistas, además de prendas retrorreflectivas durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Los vehículos también deberán contar con condiciones mínimas de seguridad, entre ellas sistemas de frenos, iluminación delantera y trasera, avisador acústico, limitador de velocidad, indicador de batería, velocímetro, luces direccionales y mecanismos que impidan modificar la velocidad máxima autorizada.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la reglamentación responde al crecimiento que ha tenido la micromovilidad en el país y busca proteger tanto a quienes utilizan estos vehículos como al resto de actores viales.

Identificación obligatoria desde 2027

Aunque la Ley 2486 no permite exigir placas para estos vehículos, la resolución crea una lámina de identificación obligatoria, que deberá incluir información como velocidad máxima, número de serie, año de fabricación, marca, modelo, potencia, peso y categoría del vehículo.

Esta obligación comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027, con el objetivo de facilitar la identificación de los vehículos por parte de las autoridades de tránsito.

El Ministerio de Transporte anunció que durante los primeros tres meses se adelantará una etapa de pedagogía y socialización de la norma, liderada junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Durante ese periodo no habrá sanciones por incumplimiento de las nuevas disposiciones, ya que el propósito será informar a los ciudadanos sobre las reglas que comenzarán a aplicarse.

La reglamentación también incluye lineamientos para el transporte de estos vehículos en los sistemas de transporte público, la disposición ambiental de baterías y componentes, así como protocolos para la atención de emergencias relacionadas con baterías de litio.

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