El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado este miércoles en el estado mexicano de Oaxaca (sur), lo que supone el séptimo asesinato de periodistas en lo que va del año en México, uno de los países más letales para los informadores.

El crimen fue confirmado por el gobernador del estado, Salomón Jara, quien en sus redes sociales condenó el asesinato del periodista local y pidió a la fiscalía estatal «garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen».

Por el momento se desconoce a los autores del asesinato, aunque medios locales informaron que hombres armados atacaron a Leyva Aguilar en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla.

Según un recuento de Reporteros sin Fronteras, es el séptimo periodista asesinado en México en 2026.

En su cuenta de la red social X, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el homicidio del comunicador, a quien describió como «un periodista crítico» de su gobierno, pero a quien se le respetaba su «derecho a cuestionar».

La última publicación de Leyva Aguilar en su página de noticias de Facebook criticaba la organización del festival cultural de la Guelaguetza, uno de los más populares del país y en el que participan autoridades locales.

Jara aseguró que ha pedido a la fiscalía estatal coordinar la investigación de este crimen con autoridades federales encargadas de los delitos contra la libertad de expresión.

Según la policía local, una mujer resultó herida en el ataque, que ocurrió cuando el periodista desayunaba en una fonda de San Pablo Etla, a unos 14 kilómetros de la capital de Oaxaca.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 2000.

El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fecha de inicio. Una corte estadounidense fijó para el 1 de junio de 2027 el comienzo del proceso penal contra el mandatario venezolano, quien enfrenta cuatro cargos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico y armas.

Maduro, quien se ha autodenominado como un «prisionero de guerra», se declaró no culpable de todas las acusaciones formuladas en su contra.

Los cargos que enfrenta son:

Conspiración para cometer narcoterrorismo.
Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.
Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
La decisión de fijar la fecha del juicio marca un nuevo avance en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión internacional contra un jefe de Estado venezolano.

Capturado por Estados Unidos en Caracas y encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn, el exjefe de Estado, de 63 años, está procesado por cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

Su esposa Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos. Ambos niegan los hechos que se les imputan. En una carta remitida el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, por el fiscal Jay Clayton, las dos partes habían solicitado que el juicio comenzara en junio de 2027.

El proceso contra la pareja avanza después de que el gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump diera su visto bueno para que Venezuela pague los honorarios de sus abogados, algo que al principio había impedido en virtud de las sanciones que pesan sobre el país.

Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra». Maduro enfrenta los cargos de conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Además del proceso penal contra el expresidente (2013-2026), las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.

Desde la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.

La Administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.

Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

En la misiva, el Departamento de Estado recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela tras asumir el poder de forma interina después de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

«En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad», apunta el documento.

Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de 314 millones de dólares en este caso, aunque Delcy Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros cargos chavistas.

El Gobierno de Trump pidió en la carta a la Fiscalía que tome nota de «la especial importancia» que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas «las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo».

La carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.

«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», considera la Administración de Trump.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el Gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.