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Fiscalía

Condenan a once integrantes del ELN por el reclutamiento de 60 niños, niñas y adolescentes

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*Entre las víctimas hay menores de edad pertenecientes a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Tres murieron mientras permanecían en las filas de esa organización ilegal.

La Fiscalía General de la Nación acreditó ante un juez penal especializado de Antioquia el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes por parte de 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en hechos ocurridos entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Las víctimas tenían entre 8 y 17 años y algunas fueron vinculadas mediante falsas promesas, amenazas y violencia física. De acuerdo con la investigación, una vez incorporados a esa organización ilegal, los menores eran obligados a cumplir diferentes labores, entre ellas prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y realizar trabajos pesados.

Otros cumplieron roles como radistas y participaron en combates, cobro de extorsiones e instalación de explosivos. Tres murieron mientras permanecían en las filas del ELN. Las pruebas acopiadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos fueron presentadas en juicio oral evidenciaron castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual.

Algunas niñas fueron sometidas por parte de cabecillas de esa organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Lo anterior, siendo situaciones que alteraron el curso y desarrollo de sus vidas, fracturando y vulnerando la posibilidad de una niñez y adolescencia digna.

En ese sentido, el juez especializado de Antioquia condenó por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito a los integrantes del Comando Central del ELN (COCE) Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, a 20 años y 4 meses de prisión.

Asimismo, fueron sentenciados los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias Martha o La Abuela, a 14 años y 2 meses de prisión; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo, e Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, a 11 años y 10 meses de prisión.

La decisión también vinculó a los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias Yeimi; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias Nelson; y William Alexander Zapata Mora, alias Patacón, quienes fueron sentenciados a 11 años y 8 meses de prisión. Los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y oficiar a Interpol para el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez queden en firme las condenas. La decisión fue apelada.

Fiscalía

Fiscalía afecta bienes por más de 44.900 millones de pesos vinculados al Clan Herrera

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*Se trata de 42 activos que habrían permanecido ocultos mediante operaciones relacionadas con diferentes sectores de la economía para darle apariencia de legalidad y evadir el control de las autoridades.

El rastreo a movimientos patrimoniales y operaciones financieras permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar bienes que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros que estuvo al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali, Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’.

Los elementos materiales probatorios indican que, durante varios años, fueron utilizadas personas y empresas de los sectores inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar para ocultar, transformar y administrar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.

En consecuencia, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos. Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Cali, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca), y Sonsón (Antioquia).

Entre los activos hay inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad. En Bogotá, las medidas recayeron sobre un apartamento, nueve parqueaderos, ocho oficinas y tres locales comerciales; y en Cali, sobre dos garajes, un local comercial, tres lotes, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí fueron afectados un inmueble urbano de cuatro pisos, donde funcionaba un hotel, y un lote; en Tuluá, un terreno; y en Sonsón, siete predios que conforman la hacienda La Porcelana, que asciende en extensión a 1.083 hectáreas.

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¡Una imputación y dos condenas por casos de maltrato animal!

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*Los hechos incluyen la muerte de dos gatas en Soacha, actos sexuales con un perro en Quimbaya y la muerte de un canino en Flandes.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo dos condenas por hechos de maltrato animal ocurridos en Quimbaya (Quindío) y Flandes (Tolima), y judicializó a un hombre señalado de causar la muerte de dos gatas en Soacha (Cundinamarca), en un caso relacionado con violencia intrafamiliar.

La violencia contra una mujer y muerte de sus mascotas

En Soacha (Cundinamarca), un episodio de violencia intrafamiliar habría terminado con la muerte de dos gatas. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre, cuando José Gregorio Bastardo Jiménez, en medio de una discusión con su compañera sentimental, habría maltratado a los animales hasta causarles la muerte.

Según la investigación, la mujer se trasladó a la vivienda de una de sus hermanas luego del altercado. Posteriormente, Bastardo Jiménez presuntamente la presionó para que regresara a la casa que compartían, en medio de amenazas de agredir a las mascotas; y le envió videos en los que se observaban agresiones contra una de las gatas.

La mujer retornó al inmueble para buscar a los animales y los encontró sin vida. Al reclamar por lo sucedido habría sido golpeada por Bastardo Jiménez. Un fiscal de la URI de la Seccional Cundinamarca, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), imputó al hombre los delitos de violencia intrafamiliar agravada, en concurso con muerte animal agravada. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Condena por actos sexuales con un perro en Quimbaya

Juan Guillermo Villegas Lopera fue condenado por el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal agravado. La sentencia está relacionada con los actos sexuales con un perro de raza pitbull, llamado Apolo, de aproximadamente tres años, en zona rural de Quimbaya (Quindío).

En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía, el hombre aceptó su responsabilidad en los sucedido y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal lo sentencio a 15 meses de prisión, multa equivalente a 11,25 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilidad de 27 meses para ejercer profesiones, oficios, comercios o actividades relacionadas con animales.

Condena por la muerte de un perro en Flandes

En otro caso, ocurrido en Flandes (Tolima), Ernesto López Medina fue condenado por el delito de muerte animal. La investigación de la Fiscalía permitió conocer que López Medina se hizo pasar por médico veterinario, pese a no contar con el título requerido para ejercer esta actividad.

En esas circunstancias, aplicó a un perro medicamentos destinados exclusivamente al tratamiento de enfermedades en bovinos, lo que le ocasionó graves afectaciones en los pulmones y el estómago.

Posteriormente, ante los reclamos de los propietarios, realizó una supuesta eutanasia y utilizó sustancias no permitidas para este procedimiento, entre ellas varsol y cianuro.

Luego, enterró al animal aún con vida. El canino murió días después en una veterinaria. Además de la pena de 12 meses de prisión, el Juzgado Segundo Municipal de Flandes le impuso una inhabilidad para la tenencia de animales y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes.

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Fiscalía

Envían a la cárcel al presunto asesino de un líder de la población LGBTIQ+

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*La víctima, quien desarrollaba actividades de defensa de los derechos de la población LGBTIQ+, habría recibido amenazas y hostigamientos antes del ataque.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Johnny Stheban Salamanca Reyes, posible responsable de la muerte de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera, líder y defensora de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, ocurrida el pasado 17 de septiembre en Popayán (Cauca).

La víctima transitaba por una vía pública del barrio Pandiguando cuando fue abordada por Salamanca Reyes y su compañera sentimental. Según las evidencias recopiladas, ambos la habrían perseguido hasta acorralarla y, posteriormente, atacado con un arma cortopunzante.

Previo al ataque, la pareja del señalado agresor presuntamente contactó a la líder trans, le dijo que debía abandonar la zona en la que laboraba y le advirtió que de no hacerlo sería asesinada. Roxxi Vanessa hacía parte de un colectivo dedicado a la defensa de los derechos humanos y era candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres de Cauca. Salamanca Reyes fue capturado por uniformados de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó. Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Las labores de policía judicial continúan para dar con otros posibles involucrados en el crimen.

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