*Se le atribuye la compra de inmuebles en diferentes municipios de Antioquia para ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos por el grupo armado ilegal.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Ingrid Paola Ávila Hernández, señalada de administrar recursos y adquirir bienes con dineros producto de las actividades ilícitas desarrolladas por el ‘Clan del Golfo’.

Los elementos materiales probatorios indican que sería la encargada de organizar y gestionar el capital perteneciente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del grupo armado ilegal.

En ese sentido, presuntamente participó en operaciones orientadas a fortalecer el
componente financiero del ‘Clan del Golfo’, mediante la compra y ocultamiento de inmuebles ubicados Apartadó, Turbo, Medellín, San Jerónimo y Ebéjico (Antioquia).

Estas propiedades, avaluadas preliminarmente en más de 800 millones de pesos, fueron obtenidas con recursos provenientes del tráfico trasnacional de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras conductas delictivas

En el curso de las labores investigativas también fueron identificados seis bienes adquiridos entre 2020 y 2023, cuyo avalúo comercial superaría ampliamente el valor consignado en las respectivas escrituras de compraventa.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Ávila Hernández los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, cargos que no fueron aceptados.

*Solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía imputó a Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz; y a Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, por los presuntos delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura.

Esta medida fue tomada por el Fiscal Delegado Ante Jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo, luego de que las investigaciones revelaran que los procesados, presuntamente, secuestraron, torturaron y amenazaron a Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien se desempeñaba como cobrador de la empresa «Soluciones Mano a Mano».

“Las conductas fueron realizadas con dolo de primer grado, razón por la cual ejecutaron voluntariamente y de manera coordinada los datos necesarios para privar de la libertad a la víctima, mantenerla bajo cautiverio, infligir graves sufrimientos físico y psicológicos y de hacer presión sobre ella y su familia”, dijo el ente acusador.

El Fiscal precisó que Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, para el momento de los hechos “poseían plena capacidad para comprender la ilicitud de sus comportamientos y autodeterminarse conforme a esa comprensión, sin que exista circunstancia alguna que excluya o disminuya su responsabilidad penal”.

Añadió que “la conciencia de la ilicitud se evidencia en el acuerdo criminal previo, la distribución funcional de las tareas, el desplazamiento coordinado hasta la residencia de la víctima, el empleo de armas de fuego para reducir su capacidad de resistencia, el traslado clandestino al lugar de cautiverio. La ejecución sistemática de tortura, las amenazas dirigidas contra la víctima y su núcleo familiar y las exigencias económicas formuladas durante la privación de la libertad”.

La audiencia de imputación de cargos fue suspendida y reprogramada para este viernes 3 de julio a la 1 de la tarde.

*La Procuraduría pidió el aplazamiento alegando que no se habían practicado pruebas esenciales que había decretado la Fiscalía.

La Fiscalía negó la solicitud de la Procuraduría de aplazar la audiencia de indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez, según confirmó el propio expresidente en su cuenta de X.

Uribe aseguró que la decisión es un «abuso» del ente acusador y defendió la postura del Ministerio Público, que advirtió que no se han «practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó».

El exmandatario indicó que la Fiscalía expuso que tiene elementos suficientes para inferir que puede ser autor o partícipe de delitos de lesa humanidad.

Uribe fue citado a indagatoria para el próximo 24 de julio por las masacres de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, la conformación de un grupo paramilitar y por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo en 1998.

El expresidente señaló que detrás de este proceso están Iván Velásquez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Iván Cepeda y Gustavo Petro.

«Quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida».