*Los cuerpos recuperados en el departamento son trasladados a la sede de Medicina Legal en Pereira, donde se adelantan los procedimientos de identificación y entrega.

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dispuso un equipo especializado para acompañar a las familias durante los procedimientos de identificación y entrega de las víctimas del terremoto en Risaralda.

Los cuerpos de las personas fallecidas son trasladados a la sede de Medicina Legal en Pereira. Allí, fiscales, asistentes fiscales y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en conjunto con la SIJIN de la Policía Nacional orientan a los familiares durante el proceso de reconocimiento e identificación.

Las personas que acudan al punto de atención serán entrevistadas por servidores de policía judicial para acreditar el parentesco con la víctima. Con el propósito de agilizar la expedición del acta de entrega, deberán presentar la cédula de ciudadanía y el registro civil o la tarjeta de identidad, según corresponda.

Además, se habilitó un punto de atención en el comando de la Policía Nacional, ubicado en la avenida de Las Américas No. 46-58, en Pereira, para brindar orientación, atención a la ciudadanía y recibir denuncias.

También están disponibles la línea 122, el botón Denuncia Fácil en la página web de la Fiscalía General de la Nación y la línea gratuita nacional 018000 919 748.

Para la búsqueda de personas desaparecidas se habilitó un código QR, que es diligenciado por funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional, los organismos de socorro y Medicina Legal. La información recopilada se consolida y sincroniza permanentemente con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), para facilitar las labores de búsqueda, identificación y ubicación.

*En los hechos también resultó herido un familiar del hoy procesado.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Aramis de Jesús Soto Ruíz, señalado de asesinar a una mujer, en medio de una discusión. Además, presuntamente, lesionó a su primo, en Barranquilla.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo, en el barrio La Sierrita, donde un grupo de personas se encontraba departiendo en una fiesta del sector. Sin embargo, se presentó una discusión entre algunos de los asistentes, razón por la cual, Soto Ruíz disparó en varias ocasiones.

Uno de los proyectiles impactó a una mujer, de 24 años, quien falleció por la gravedad de las heridas. Además, en medio de los disparos, un primo del presunto agresor resultó lesionado.

Una fiscal de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa; ambas conductas agravadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos. La Policía Nacional capturó a este hombre en cumplimiento de una orden judicial.

*Es el primer alto funcionario del pasado Gobierno en ser llamado a juicio por este caso.

La Fiscalía radicó escrito de acusación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, por el proceso de presunta violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Roa, quien fue gerente de la campaña, es el primer alto funcionario del pasado Gobierno en ser llamado a juicio por este caso.

Hay que recordar que el proceso llegó a este punto después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionara a la campaña de Petro por sobrepasar los topes que estableció la ley para realizar la campaña y no informar sobre algunos aportes.

Según la Fiscalía, Roa fue el encargado de que en el aplicativo Cuentas Claras apareciera un gasto de la campaña de Petro de $28.384 millones, sin embargo, la Fiscalía explicó que el gasto real fue de $29.924 millones, es decir, más de $1.500 millones.

«Conforme a la información que fue por ustedes presentada en la campaña, esa rendición no refleja integralmente el gasto real de la primera vuelta; y no fueron incorporados en su totalidad ante el CNE», argumentó el ente acusador en este proceso.

Entre los gastos de la campaña que están siendo cuestionados está un préstamo del Polo Democrático Alternativo por $500 millones y un gasto de $292 millones de la Unión Sindical Obrero (USO).

«Los gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato», informó la Fiscalía.