En procesos de consulta previa, en el marco del cumplimiento de la sentencia T-704 de 2016, comunidades adscritas al Movimiento Indigena Nación Wayuu le solicitaron a la empresa Cerrejón, propiedad de la Multinacional Glencore, información sobre el plan de abandono y cierre de la operación minera y sus actividades complementarias. Líderes indígenas aseguran que la compañía minera no ha querido dar a conocer esta información, pese a que se les ha solicitado en reiteradas ocasiones.
Lo anterior, teniendo en cuenta que esta empresa está ad portas del cierre definitivo de sus operaciones y hasta el momento, las comunidades en cabeza de sus autoridades tradicionales desconocen el plan de desmantelamiento que en derecho debe ser socializado con los dueños ancestrales del territorio afectado durante cuatro décadas.
Cabe destacar que la operación de la mina de Cerrejón está proyectada hasta el año 2033, es decir, faltan nueve años para que esto suceda, y hasta la fecha, esta empresa no ha explicado cómo será el plan de abandono y cierre, luego de casi 40 años de llevarse el carbón del territorio guajiro.
Las comunidades exigen que Cerrejón socialice con el pueblo wayuu y con el departamento de La Guajira los planes de acción que se pondrán en marcha. Consideran que, desde ya, se debe empezar a trabajar en un plan de transición que permita que el proceso no sea tan brusco y abrupto como cuando llegó la compañía al departamento.
«Las comunidades merecen saber qué va a pasar en nueve años cuando se acabe el proyecto de Cerrejón, qué va a pasar con el puerto, con la infraestructura, con la línea férrea, con los empleos de los wayuu y los guajiros…», aseveró José Silva, director del Movimiento Indígena Nación Wayuu.
Según los profesionales y especialistas en consulta previa adscritos al Movimiento Indígena Nación Wayuu, quienes acompañan y asesoran a las comunidades afectadas e impactadas en marco del cumplimiento de la sentencia antes mencionada, este plan de abandono y cierre hace parte de las actividades que deben implementarse desde las etapas de planificación del proyecto hasta la ejecución de actividades de post construcción, con el fin de cumplir los requisitos legales aplicables al Derecho Fundamental a la Consulta Previa Liebre e Informada, el cual inicia en su etapa de preconsulta y apertura, seguimiento de acuerdos y plan de desmantelamiento y cierre definitivo de la operación.
Es por todo lo anterior que, en el desarrollo y reinicio de los procesos de consulta previa, las comunidades solicitaron información exacta a Cerrejón de la inversión de regalías y responsabilidad social de la empresa, de las cuales, según sus criterios, no se refleja en ninguna de las comunidades gravemente afectadas durante estos 40 años.
