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Colpensiones se rajó en auditoria de Contraloría: denuncian demoras en el reconocimiento de miles de pensiones y pagos a 152 fallecidos

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En la reciente auditoria realizada a la Administradora Colombiana de Pensiones, conocida como Colpensiones, la Contraloría General de la República mostró su preocupación por los pocos avances de la entidad durante el año 2023, en relación con el reconocimiento de las pensiones de vejez o de invalidez, con los fallos de tutela y con el pago de pensiones a fallecidos.

Según el ente de control, la entidad liderada por Jaime Dussán encontró que de las 69 mil peticiones para acceder al sistema pensional en Colombia, 2.985 no fueron atendidas por los funcionarios de Colpensiones. La ley dice que Colpensiones tienen un plazo de cuatro meses para dar respuesta a un ciudadano que ha solicitado su derecho a la pensión.

Así mismo, la entidad aseguró que de estas solicitudes no atendidas, 1.488 presentan demora por falta de capacidad productiva, 854 por trámites internos sin respuesta y 579 casos se encuentran en consulta cuota parte, es decir, por tener vínculo con servidores públicos.

Frente a ello, Colpensiones también reconoció que los casos de pensiones de vejez vencidas en el año anterior son más de ocho mil. “La vigencia 2023 culminó con 54.893 casos pendientes (una disminución del 43% frente a la proyección inicial de 96.072 solicitudes) y 8.609 solicitudes vencidas (una disminución del 79% frente a la proyección inicial de 41.268 casos vencidos al cierre de la vigencia)”, explicaron.

En cuanto a las pensiones por invalidez, el ente de control detalló que, de 4.763 solicitudes revisadas, 230 presentaron retrasos y no respondieron a la ciudadanía en los cuatro meses establecidos por la ley.

Con relación a las pensiones de sobrevivientes, la Contraloría encontró que, de 24.785 peticiones radicadas en Colpensiones, se analizaron más de 20.000 solicitudes, de las cuales, 948 de ellas no fueron resueltas en el término de dos meses que otorga la normatividad vigente.

“De las peticiones analizadas por la Contraloría, 671 presentan dilación por falta de capacidad productiva, 20 solicitudes por trámites internos sin respuesta, 30 solicitudes no habían sido entregadas a la Dirección de Prestaciones Económicas (DPE) y 120 por investigación administrativa”, señaló el órgano de control.

Igualmente, el órgano de control resaltó que, de 105.793 solicitudes de indemnización sustitutiva, la Contraloría tomó una muestra de 73.277 casos, encontrando que 432 peticiones “no fueron resueltas o no se les dio respuesta de fondo dentro de los términos establecidos”. Por concepto de los auxilios funerarios, la entidad también dejó vencer 176 solicitudes radicadas en el 2023.

Irregularidades con pagos a fallecidos

De otro lado, la Contraloría reveló que hay inconsistencias entre las bases de datos de Colpensiones y la Registraduría nacional, donde 152 ciudadanos que fueron reportados como fallecidos, aún reciben su pensión por la entidad pensional, de los cuales, 100 casos corresponden a pensionados por vejez, 24 por sobrevivencia y 28 por invalidez.

“52 registros les fue suspendida la mesada pensional previo al retiro definitivo por causa de muerte, y en 2 casos, el ingreso fue con estado suspendido, por lo que, no se realizaron giro de valores, para un total de 54 registros”, aseguró Colpensiones en un comunicado.

Sin embargo, la Contraloría advirtió que “esta situación puede comprometer recursos parafiscales al realizar pagos indebidos de pensiones, presentándose un riesgo para la recuperación de los mismos, debido a la falta de depuración periódica de las novedades de fallecidos y retiros de la nómina en las bases de datos en Colpensiones”.

Adicionalmente, la Contraloría también reportó dos casos donde los pensionados no solo reciben mesadas de Colpensiones, sino que a la vez hacen parte del programa Beneficios Económicos Periódicos (Beps), que está contemplado para quienes cotizan menos de un salario mínimo.

Finalmente, el ente de control evidenció que Colpensiones también dejó vencer 1.334 solicitudes de correcciones de historias laborales de 652.898 solicitudes que se presentaron en 2023.

Esta auditoría se realizó una semana después de que el presidente Gustavo Petro sancionará la reforma Pensional, en la que establece que la entidad administrará los recursos pensionales de los colombianos, con un umbral de hasta 2.3 salarios mínimos, respectivamente.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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