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“Ciudadanía puede grabar y transmitir sesiones de Concejos para ejercer control político”, asegura la Corte Constitucional 

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La Corte Constitucional le dio la razón en una tutela interpuesta por un ciudadano que intentó transmitir en sus redes sociales una sesión del Concejo municipal de Palmito, Sucre, pero se lo impidieron.

Un grupo de concejales se opuso a dicha transmisión con el argumento de que no tenía acreditación como periodista, debería contar con autorización para el tratamiento de datos personales y la información que presentaba el ciudadano en sus redes sociales era parcializada.

La Corte recordó que los derechos a la libertad de expresión, prensa e información y el derecho al control político están en el centro de las garantías que los ciudadanos y las ciudadanas tienen para controlar el poder en un sistema democrático, como el que consagra la Constitución de 1991.

«Si bien la Corte enfatizó en la importancia del ejercicio periodístico realizado por los periodistas profesionales, también recalcó la importancia del rol que juegan los ciudadanos que difunden información de interés para la comunidad. Este rol es fundamental para la democracia porque fomenta la participación ciudadana en la vida pública y ayuda a vigilar cómo las autoridades ejercen el poder. En este sentido, la Corte reiteró que ninguna autoridad puede exigir la acreditación de la calidad de periodista como requisito para acceder a la información y para difundirla», indicó la Corte Constitucional.

La decisión resaltó que las sesiones de los órganos colegiados políticos como los concejos municipales son públicas y, por lo tanto, pueden ser transmitidas por los ciudadanos y las ciudadanas.

«Asimismo, la Corte precisó que los órganos públicos pueden acudir a mecanismos legítimos para contrarrestar la información que consideren falsa o incorrecta. Estos mecanismos incluyen medidas como difundir información por medios oficiales, ampliar la transparencia de sus decisiones y contrastar la información que consideren parcializada», detalló la Corte.

Sin embargo, no pueden restringir el acceso de la ciudadanía a la información ni impedir su difusión.

En consecuencia, la Corte ordenó al Concejo municipal de Palmito que permita al accionante transmitir las sesiones de ese órgano sin intervenciones en su línea editorial o en sus opiniones. Además, ordenó difundir esta decisión a los funcionarios de la entidad y a los demás concejos municipales.

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Denuncian que Abelardo De La Espriella presentó a Función Pública una declaración de rentas mal hecha

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*El documento revela un patrimonio superior a los $10.000 millones, sin inmuebles, inversiones ni cónyuge declarada, según expertos consultados por el periódico El Colombiano, de Medellín.

Al presidente Abelardo de la Espriella le quedó mal hecha la declaración de renta que puso en Función Pública, según confirmaron varias fuentes expertas al periódico El Colombiano. Hay varios aspectos que pueden observarse a simple vista en el documento revelado por la revista Cambio.

En la declaración sale la cifra de $10.272.863.000 en el apartado de “Otros ingresos y rentas”. Los espacios que corresponden a salarios, cesantías, gastos de representación, arriendos y honorarios están todos en ceros. ¿Por qué un patrimonio de ese tamaño no tiene trazabilidad por categoría, por ejemplo, en honorarios o utilidades de las empresas?

Falta información

La cifra mencionada corresponde a la declaración del año gravable 2024, presentada a la DIAN en 2025. En el documento que presentó ante Función Pública, que en teoría debería tener la misma información, dice que son “otros ingresos y cifras” mientras que en la primera son “inversiones e instrumentos financieros derivados”.

“Coincide exactamente la cifra de los $10.272.863 pesos de patrimonio que hay en la declaración de renta del año gravable 2024 con los ingresos que dice la de Función Pública. Cogieron la suma de patrimonio y la pusieron como ingresos, de resto lo rellenaron en ceros”, dice una de las fuentes consultadas por el referido diario.

Eso, agrega, muestra “no necesariamente que esté mala la declaración de renta, sino la de bienes y patrimonio (…) se ve muy claro que están confundiendo ingresos (que en la segunda imagen son $87.834.000) con patrimonio. Eso no tiene sentido”, dice una de las fuentes. Lo que debería ir en ese apartado son los $10.272.863.000.

Gestión de ingresos e impuestos desde sociedades comerciales

Concretamente, se trata de ingresos “financieros” que usualmente corresponden a rendimientos en entidades bancarias y a actividades pequeñas.

Lo expuesto es consistente con alguien que no vive en Colombia y que recibe sus ingresos a través de una sociedad comercial, en la que la compañía paga los gastos personales, dice una de las fuentes. La empresa recibe la plata y paga servicios públicos o seguros, por ejemplo.

“Mi empresa recibe la plata, paga los servicios, los seguros del carro, todo lo mío. Lo que dejo para mí es poquito. Entonces eso es consistente con la persona que tenga ese tipo de ingresos, que en Colombia hay que tributar con ingresos de fuente nacional y extranjera, pero seguramente su carga de ingresos está a través de sus sociedades o holdings que tiene, que generan esa rentabilidad y cubren sus gastos básicos”, explica la fuente experta.

De ahí que el total de costos y gastos deducibles de De la Espriella figure como de solo $6,436,000.

Estado civil, posibles omisiones patrimoniales y sociedades a las que “ya no pertenece”

Otro tema que llama la atención es que De la Espriella puso que no tiene cónyuge, a pesar de que lleva casado más de veinte años con la primera dama, Ana Lucía Pineda, con la que ha dicho que “se casó por la Iglesia”. Con quien, además, tiene cuatro hijos.

Cabe recordar que Lilian María Pineda, hermana melliza de la primera dama, figura como representante legal suplente de De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S. El presidente De la Espriella no figura como representante.

Con respecto a que la plata pueda entrar a través de las empresas, estas no figuran en la declaración. A su vez, en el documento se pregunta a De la Espriella si es socio de alguna compañía y pone que no. Se pregunta, a su vez, si tiene inversiones en Colombia o en el exterior, pero también pone que no. En la declaración no aparece vinculado a ninguna de sus empresas, incluida De la Espriella Lawyers, Ron Defensor, Cosenza, De la Espriella Style y el restaurante Místico en Miami, según el documento que reveló Cambio.

En ese apartado del patrimonio también figuran propiedades por $297,115,000 en el documento presentado a la DIAN, sin embargo, no se detalla en qué, y el espacio de “otros activos” sale en ceros. Es decir, en la sección donde se registran inmuebles, vehículos u otros activos, aparece vacío; no aparecen propiedades ni bienes patrimoniales a su nombre.

¿De dónde vienen los recursos?

En el documento presentado a la DIAN hay un rubro de $10,595,968,000, “total patrimonio bruto”, que una de las fuentes explica que deberían estar detallados. Entre ellos, el subapartado que se refiere en “Efectivo y equivalentes al efectivo”, donde se registran $25,990,000, pero no se especifica en dónde ya que las cuentas salen en ceros.

En otras palabras, en el documento presentado a Función Pública declara una sola cuenta de ahorros en Colombia con saldo de $0 al 31 de diciembre de 2025, después de haber reportado ingresos por más de $10.000 millones el año gravable anterior. ¿Dónde quedó esa plata? Una vez más, no aparecen inversiones, fideicomisos ni otra cuenta que lo justifique.

En conclusión, la declaración de bienes y rentas “está mal hecha”, según las fuentes.

Otro tema que llama la atención es que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) como el presidente pueden tardar hasta años con su declaración “en revisión”, mientras esta ya aparece como “finalizada”.

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Suben a 331 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 de hace dos semanas en Colombia

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La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia hace dos semanas ascendió este lunes a 331, según un nuevo informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que da cuenta además de 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas.

El sismo, ocurrido el pasado 10 de agosto con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectó a 494 municipios de 16 departamentos, donde hay 361.353 damnificados.

La emergencia deja además 178.555 viviendas averiadas y 31.540 destruidas, mientras que 5.884 edificios sufrieron daños y otros 603 colapsaron.

Entre las infraestructuras afectadas figuran 378 centros de salud, 3.731 centros educativos, 4.170 centros comunitarios, 441 vías, cinco aeropuertos, 118 acueductos, 73 puentes vehiculares y 16 puentes peatonales.

El Gobierno colombiano comenzó este lunes la fase de reconstrucción de las zonas afectadas, durante una visita del presidente Abelardo De La Espriella a Quibdó, capital del Chocó y uno de las regiones más golpeadas por el terremoto.

«Hoy empieza la reconstrucción de la patria desde Quibdó», dijo el mandatario, quien presentó las primeras medidas para esta nueva etapa de atención de la emergencia.

Como parte de este proceso, el Ejecutivo anunció la entrega inicial de 4.480 toneladas de materiales para reparar viviendas y puso en marcha una estrategia de reparación y reconstrucción asistidas, en la que los ciudadanos ponen la mano de obra con acompañamiento de ingenieros y otros profesionales.

Además, el conglomerado empresarial Grupo Argos amplió de 300 a 1.000 el número de viviendas de rápida construcción que se comprometió a entregar, de las cuales hasta 600 podrán ser destinadas al Chocó.

Las familias cuyas viviendas tengan daños menores recibirán materiales para repararlas, mientras que aquellas cuyas casas no puedan ser recuperadas recibirán una nueva.

A partir del 26 de agosto, los hogares cuyas viviendas hayan quedado destruidas o inhabitables comenzarán a recibir una ayuda mensual de 875.452 pesos (unos 285 dólares) durante tres meses, para un total de 2,6 millones de pesos (unos 855 dólares) por hogar.

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De La Espriella ordena inicio de operativos y deportación de migrantes ilegales en Colombia

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Desde el consejo de seguridad extraordinario en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar operativos coordinados con Migración y la Policía, esta misma semana, para identificar a los migrantes en situación irregular en Colombia con el fin de comenzar procesos de deportación.

La instrucción, según el presidente, es que se priorice la identificación de los extranjeros que, presuntamente, estén cometiendo delitos. Luego quienes no tengan regularizada su situación. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías. En Colombia se van y los deportamos”, dijo el presidente.

Sostuvo que es una posición que ha tenido en campaña y que es tanto una decisión política como administrativa. “Yo lo asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, añadió.

Lo que ha dicho Abelardo en campaña sobre la migración irregular. “Quien emigre a Colombia respetando la ley será protegido y tendrá todas las garantías. Quien viole la ley migratoria será devuelto a su país sin consideración alguna”, dijo en junio de este año en una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, en línea con sus declaraciones de este fin de semana en Barranquilla.

El periodista le había preguntado por la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, que son alrededor de 2,8 millones.

Según Migración Colombia, con datos a corte de enero de este año, por lo menos el 82% de los migrantes venezolanos en el país se encuentran en condición migratoria regular.

Alrededor de 500 mil personas están en situación irregular, principalmente personas con el Permiso de Protección Temporal (PPT) y que no han entrado al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Etpv), creado en el gobierno Duque.

La migración es una característica de nuestro tiempo, reflexionan expertos. Como escribe en este análisis el profesor Daniel Arias Rivera —investigador, magíster en Seguridad y Defensa y columnista de la Red de Expertos de La Silla—, hay que “aceptar que la migración se gestiona y no se detiene”, fortalecer la regulación migratoria e invertir en “integración antes que exclusión”.

Sostiene que el debate público ha tendido a asociar la migración y la criminalidad “como si se trata de fenómenos inseparables” y que cuando toda la política migratoria se diseña desde una lógica securitaria, se corre el riesgo de “convertir a cada migrante en un sospechoso potencial”.

“La experiencia internacional demuestra que perseguir organizaciones criminales y proteger derechos humanos no son objetivos incompatibles. El verdadero reto consiste precisamente en lograr ambas cosas al mismo tiempo”, escribió en junio de este año.

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