Tras la reciente condena a 20 años de prisión contra cinco de los nueve implicados en la tortura y homicidio de un joven con discapacidad, su familia pide que no haya beneficios para los militares.

Esneider Flórez Manco era un campesino con discapacidad cognitiva y mental que trabajaba ocasionalmente en máquinas de caña en el corregimiento El Madero, a una hora del casco urbano de Frontino, Antioquia. Tenía 27 años y era el menor de seis hermanos, el niño de la casa, por lo que vivía con sus papás.

Un día salió a caminar solo, como solía hacerlo y no regresó; semanas después su familia se enteró que fueron miembros del Ejército los que lo habían desaparecido, tras someterlo a torturas que acabaron con su vida, hechos por los que recientemente fueron condenados cinco de los nueve militares señalados del crimen.

Edilse Flórez, hermana de Esneider, manifestó en diálogo con Blu Radio que 20 años de condena no es suficiente por el daño causado, por lo que la petición a la justicia es que los uniformados procesados no accedan a más beneficios.

«Ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Es como dijo el soldado, el que logró que todo eso se se supiera, él dijo, yo desde que lo vi entrar a la base militar, (pues, desde que lo vi entrar no desde que lo entraron, porque a él a él lo entraron a la fuerza), a él se le veía la capacidad que tenía».

Flórez narró que su hermano era el guardián de su madre, quien está altamente afectada por lo sucedido y se encuentra con acompañamiento psicológico, al igual que su padre.

«Sé que 20 años no es suficiente por el daño que nos hicieron, y queremos que se siga haciendo justicia, que los demás que faltan sean condenados. No queremos ni que le hagan más rebajas ni que por buena conducta los dejen salir antes de tiempo que si van a pagar los 20 años que sean en la cárcel», indicó.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que el campesino murió en el baño de la base militar y, tras el homicidio, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta un helipuerto y arrojado al río El Cerro.

Tres menores de edad resultaron heridos a bala en el barrio Villa San Carlos, en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico. Al parecer, los menores estaban jugando fútbol en la vía pública de la calle 96 con carrera 2 Sur, cuando una persona que iba en motocicleta empezó a disparar contra ellos.

Los tres menores resultaron heridos y fueron trasladados al Camino Metropolitano. Uno de los menores registra tres heridas de bala y su estado es crítico. Los otros dos están estables.

Son varios los hechos violentos registrados recientemente, en el barrio Villa San Carlos.

El sábado 4 de julio, un hombre identificado como Luis Alberto Rojas Fontalvo, fue asesinado cuando transitaba a pie en el sector de la carrera 2 sur con calle 99B.

El pasado 29 de junio, otro hombre fue asesinado y tres personas más resultaron heridas.

La víctima mortal fue identificada como Santos Reyes Herrera, de 63 años, mientras los heridos responden a los nombres de Yolanys Daileth Cortina Rocha, de 35 años; Jesús David Berdugo Ortiz, de la misma edad; y un adolescente de 17 años.

El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de nulidad contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró la elección de Abelardo De la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030, según un auto fechado el 24 de julio cuyo contenido se conoció este sábado.

En la providencia, firmada por el magistrado Omar Barreto, la Sección Quinta del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, señaló que «por reunir los requisitos legales, admítese, para su estudio, en única instancia la demanda presentada» por Luis Guillermo Pérez contra la resolución mediante la cual el CNE oficializó los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio.

El auto ordenó notificar personalmente al presidente electo, al CNE y al Ministerio Público, además de conceder un plazo de 15 días para que las partes contesten la demanda y aporten las pruebas que consideren pertinentes.

La demanda presentada por Pérez, exmagistrado del CNE e integrante del Pacto Histórico, busca que se declare la nulidad de la resolución que oficializó la elección presidencial al sostener que durante el proceso electoral se redujeron los mecanismos de autenticidad, integridad e identificación de los formularios E-14 publicados por la Registraduría.

Según los demandantes, las presuntas fallas afectaron la trazabilidad y verificabilidad de la información electoral. De manera subsidiaria, también solicita un nuevo escrutinio acompañado de auditorías e inspecciones técnicas sobre los sistemas utilizados en los comicios.

Sin embargo, el propio escrito precisa que no afirma la existencia de un fraude electoral, como alega Petro, ni aporta pruebas de una alteración de los votos, sino que plantea que los presuntos errores técnicos impiden descartar eventuales irregularidades y, por esa razón, solicita la nulidad del acto de elección.

El Consejo de Estado aclaró que la admisión de la demanda corresponde únicamente a la verificación de los requisitos legales para iniciar el proceso judicial y no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, por lo que no suspende los efectos de la elección ni afecta la condición de presidente electo de De la Espriella.

La acción había sido inadmitida inicialmente por deficiencias formales, pero tras ser corregida por el demandante dentro del plazo concedido por el alto tribunal, el despacho del magistrado la admitió para estudio.

De la Espriella fue declarado presidente electo por el CNE el 24 de junio y su posesión será el próximo 7 de agosto, mientras el Consejo de Estado avanza en el estudio de la demanda.