Como un peligro para la sociedad calificó el juez noveno de control de garantías, Max Linder Pichón, a las tres personas que fueron sorprendidas viajando hacia Barranquilla con una bomba a bordo de un vehículo particular y cuyo explosivo, al parecer, sería utilizado para cometer un atentado contra la estación de Policía del barrio La Ciudadela.
El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó enviar a prisión, de manera preventiva, a Erik José Beltrán Benavides, de 44 años; ya que, estaría reincidiendo en el delito apenas cinco meses después de haber salido de la cárcel bajo libertad condicional.
En cambio, el togado cobijó con casa por cárcel a Andy David Baleta Lugo, el joven de 22 años que venía conduciendo el vehículo, pues él no registra antecedentes.
Así mismo, tal como lo pidió el ente acusador, el juez ordenó casa por cárcel a Viviana Patricia Gómez Rolong, de 37 años, pues ella se encuentra en estado de embarazo y con esta medida domiciliaria se busca “proteger al feto”.
Así todos quedaron privados de la libertad, pues las investigaciones advierten que estas personas probablemente estarían vinculadas con disidencias de las Farc, una hipótesis que para el juez cobra fuerza, si se tiene en cuenta que portaban una barra de explosivo C4 y otros elementos que constituyen un arma de guerra y suelen estar únicamente en poder de grupos armados.
«El despacho desde ya dice que no hay lugar para no imponer una medida no privativa de la libertad, porque es posible que ellos, por tener su libertad incólume, presuntamente pudieron ir a buscar ese elemento explosivo», argumentó el juez.
