*La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.

La Fiscalía General de la Nación identificó actuaciones que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, evidenciarían un esquema de corrupción judicial en el que se habrían promovido demandas ante despachos que no tenían competencia territorial, con el propósito de obtener embargos sobre mesadas pensionales y posteriormente disponer de los recursos.

La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.

Entre los señalados figura Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, exjuez de Sasaima, Cundinamarca. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2025, el despacho que estaba a su cargo conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad que es objeto de investigación.

La Fiscalía sostiene que Burgos Rodríguez, mientras ejercía como juez, habría admitido pretensiones pese a carecer de competencia territorial y habría ordenado retenciones sobre mesadas pensionales, además de adoptar otras decisiones encaminadas a mantener los recursos bajo custodia del juzgado.

De los procesos conocidos por ese despacho, en 21 casos las decisiones habrían generado embargos de hasta el 50 por ciento de las pensiones, por lo cual más de 1.150 millones de pesos habrían sido captados.

Otro de los hechos incorporados al expediente corresponde al caso de una mujer de 82 años, residente en Valledupar, Cesar, quien atravesaba dificultades económicas.

Según la Fiscalía, en 2022 se habrían aprovechado de esa situación para obtener mediante engaños su firma en documentos en blanco, que posteriormente fueron utilizados para promover una demanda ejecutiva.

Como consecuencia de ese proceso, a la mujer le habrían retirado 63 millones de pesos, de acuerdo con la investigación.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.

*Las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. Una de ellas denunció ser contactada de más de 500 perfiles creados para asediarla.

Diferentes perfiles y líneas telefónicas habrían sido utilizados para acosar, amenazar y hostigar a 21 ciudadanos en Sabaneta y Envigado (Antioquia). La Fiscalía General de la Nación documentó los casos y obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de que Daniel Felipe Duque Duque sería el responsable de este patrón ilícito de comportamiento.

Este hombre es señalado de crear centenares de cuentas en redes sociales para enviar manifestaciones injuriosas y degradantes, además de mensajes de contenido sexual y de violencia de género contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.

También estaría implicado en la suplantación de las víctimas mediante perfiles falsos para contactar a sus familiares y conocidos, y realizar publicaciones en las que las difamaba y les atribuía haber participado en hechos delictivos.

De igual manera, quedó al descubierto otra práctica que consistía en divulgar los números telefónicos de algunos afectados para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunos recibían mensajes de otros países en los que eran asediados.

Uno de los casos documentados corresponde a un joven que fue hostigado y constreñido desde los 15 años para que le entregara números de mujeres e información de reuniones y fiestas.

Otras personas denunciaron que las llamaron durante la noche y la madrugada, y les enviaron imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.

En atención a las evidencias recopiladas, la Fiscalía obtuvo orden de captura en contra de Duque Duque, la cual fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Envigado. En el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 mm y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos.

*La investigación documentó 14 casos ocurridos en Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca, en los que las víctimas habrían sido despojadas de más de 400 millones de pesos en efectivo.

La modalidad delictiva a la que recurrían ‘Los Costas’ consistía en seleccionar usuarios del sistema financiero que retiraban dinero en las cajas de bancos, seguirlos en motocicletas o automóviles y, en lugares previamente definidos, interceptarlos, intimidarlos con armas de fuego y arrebatarles el efectivo.

La Fiscalía General de la Nación asoció 14 hechos ocurridos en similares circunstancias entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en Palmira, Buga Cali, Jamundí, Florida y El Cerrito (Valle del Cauca), Santander de Quilichao (Cauca) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Los eventos documentados dan cuenta del hurto de algo más de 400 millones de pesos. Producto de la labor investigativa realizada fueron identificados tres de los presuntos integrantes de ‘Los Costas’, que estarían involucrados en los casos conocidos.

Se trata de Lauren Marcela Balza Coneo, quien sería la encargada de ‘marcar’ a las víctimas en las entidades financieras; ademas Rhonal Valdés Corpas y Douglas Antonio Orozco Álvarez, señalados de perseguir a los usuarios financieros seleccionados para alertar sobre el momento y sitio preciso en el que debía ejecutarse el asalto armado. Estas personas fueron capturadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar).

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados. Valdés Corpas y Orozco Álvarez fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que Balza Coneo deberá permanecer privada de la libertad en su lugar de residencia.