*La víctima habría sido intimidada con armas, atada de manos y pies y despojada de dinero, joyas, el vehículo y otros elementos avaluados en más de 60 millones de pesos.

Un conductor de una plataforma de transporte fue sometido por tres personas que presuntamente lo amenazaron con armas, lo ataron de manos y pies y obligaron a realizar transacciones electrónicas desde su dispositivo.

Además, le hurtaron dinero en efectivo, joyas, un reloj, un celular y el vehículo, elementos avaluados en más de 60 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de septiembre, en Soacha (Cundinamarca).

El hombre, de 41 años, atendió una solicitud de servicio hacia el barrio Villa Carola. Al llegar al sitio acordado, Ayari Andrei Espinoza Berrio, Dilan Alexis Cañón Bustamante y José Luis Puerta Manjarres abordaron el vehículo.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, durante el recorrido Cañón Bustamante y Puerta Manjarres habrían intimidado al conductor con un cuchillo. Entretanto, Espinoza Berrio, al parecer, utilizó un arma de fuego para obligarlo a pasarse al asiento trasero del automotor.

La víctima permaneció retenida mientras era despojada de sus pertenencias y presionada para hacer movimientos de dinero.

Luego, presuntamente la abandonaron en una zona boscosa, a la altura del kilómetro 5 de la vía Soacha–Mosquera.

Los señalados involucrados fueron capturados por unidades de la Policía Nacional en el barrio La Fontana, en Soacha. Entre tanto, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado.

Los procesados no aceptaron el cargo y, por decisión de un juez de control de garantías, recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El uniformado fue imputado por el delito de desplazamiento forzado agravado.

Un ataque a disparos contra una finca en Rionegro (Antioquia), amenazas y seguimientos obligaron a un cantante de música popular, a su familia y mayordomo a abandonar la propiedad en la que residían.

Una investigación dirigida por la Fiscalía General de la Nación permitió conocer que estos actos violentos buscaban que las víctimas desistieran de una denuncia presentada.

Inicialmente, la madrugada del 29 de mayo de 2023, cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas llegaron al inmueble ubicado en la vereda Las Cuchillas y dispararon en repetidas ocasiones contra el portón principal.

En la vivienda se encontraban la esposa e hijos menores de edad del artista, otros dos familiares, la persona que administraba y cuidaba el bien, y su familia.

Los registros de las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos responsables, entre ellos Bladimir Alberto Londoño Londoño, quien para ese momento se desempeñaba como comandante de la Estación de Policía de Rionegro y ostentaba el rango de teniente.

Los señalados agresores fueron judicializados en su momento y no recibieron medida de aseguramiento.

Posteriormente, los ocupantes de la finca recibieron llamadas y mensajes amenazantes, y detectaron vigilancias que realizaban personas extrañas en inmediaciones del predio.

El asedio correspondería a una forma de presión para que fuera retirada la denuncia interpuesta por el ataque armado a la propiedad.

Ante esta situación, las familias del cantante y del mayordomo salieron de Rionegro y se trasladaron a Copacabana (Antioquia), donde adoptaron medidas de protección, entre ellas esquemas de seguridad y vehículos blindados.

El cambio de residencia repentino generó afectaciones psicológicas, particularmente en los menores de edad.

*La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.

La Fiscalía General de la Nación identificó actuaciones que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, evidenciarían un esquema de corrupción judicial en el que se habrían promovido demandas ante despachos que no tenían competencia territorial, con el propósito de obtener embargos sobre mesadas pensionales y posteriormente disponer de los recursos.

La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.

Entre los señalados figura Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, exjuez de Sasaima, Cundinamarca. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2025, el despacho que estaba a su cargo conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad que es objeto de investigación.

La Fiscalía sostiene que Burgos Rodríguez, mientras ejercía como juez, habría admitido pretensiones pese a carecer de competencia territorial y habría ordenado retenciones sobre mesadas pensionales, además de adoptar otras decisiones encaminadas a mantener los recursos bajo custodia del juzgado.

De los procesos conocidos por ese despacho, en 21 casos las decisiones habrían generado embargos de hasta el 50 por ciento de las pensiones, por lo cual más de 1.150 millones de pesos habrían sido captados.

Otro de los hechos incorporados al expediente corresponde al caso de una mujer de 82 años, residente en Valledupar, Cesar, quien atravesaba dificultades económicas.

Según la Fiscalía, en 2022 se habrían aprovechado de esa situación para obtener mediante engaños su firma en documentos en blanco, que posteriormente fueron utilizados para promover una demanda ejecutiva.

Como consecuencia de ese proceso, a la mujer le habrían retirado 63 millones de pesos, de acuerdo con la investigación.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.