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Cancillería rechaza «descertificación que desconoce realidad y logros contra drogas»

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Considera que es una medida «política».

El Gobierno colombiano rechazó este martes la descertificación de Estados Unidos al país en la lucha contra las drogas, anunciada la víspera por el Departamento de Estado, y aseguró que dicha medida, que considera política, desconoce la realidad y logros conseguidos en esa materia.

«Por décadas, el pueblo colombiano ha estado en la primera línea de la defensa de la seguridad hemisférica contra el flagelo de las drogas. Con responsabilidad, hemos asumido el precio más alto: la pérdida de tantos colombianos y colombianas cuyos caminos se han visto trágicamente cruzados por una lucha sinsentido», manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El Gobierno estadounidense decidió eliminar a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por haber «incumplido manifiestamente» en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según un comunicado del Departamento de Estado.

A pesar de la descertificación, Washington decidió que mantendrá la asistencia a Colombia, su principal aliado regional en seguridad y lucha contra las drogas, al considerar que es «vital a los intereses nacionales de los Estados Unidos».

Para la Cancillería colombiana, la descertificación «invocando una exención por interés nacional (…) aunque evita una ruptura, envía un mensaje ambiguo en un momento que exige determinación».

«Es por esto que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza la decisión de la administración en Washington, la cual, siguiendo lineamientos meramente políticos, desconoce la realidad en el territorio y los logros —reales, medibles y de impacto— alcanzados por Colombia en los últimos tres años», agregó la Cancillería en el comunicado.

En ese sentido, resaltó «que 2024 fue un año histórico para la lucha contra el tráfico y la producción ilícita» de drogas pues fueron «incautadas 884 toneladas métricas de cocaína y 89.500 galones de ácido sulfúrico» y fueron destruidas «5.242 instalaciones de procesamiento de cocaína».

«De igual manera, los esfuerzos operacionales y de inteligencia de la Armada colombiana contribuyeron al 65 por ciento de las incautaciones de cocaína a nivel global», agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al hacer el balance de las operaciones más exitosas contra el narcotráfico, la Cancillería destacó que desde el 7 de agosto de 2022, fecha de la llegada de Petro a la Presidencia, y el pasado 30 de junio, «se extraditaron 454 individuos a los Estados Unidos».

«Al descertificar a Colombia, Estados Unidos corre el riesgo de reducir las capacidades de uno de sus aliados más firmes en la lucha contra el narcotráfico. La vacilación no fortalece la confianza; la erosiona. Y en esta lucha, la claridad es tan importante como la fuerza», agregó la Cancillería.

El lunes por la noche, al anunciar la descertificación de Colombia, el presidente Petro afirmó que las Fuerzas Militares dejarán de depender del armamento de Estados Unidos.

«Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, ya esa es la decisión. Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque sino no será un Ejército de la soberanía nacional», expresó Petro en un consejo de ministros televisado.

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Familias del Pacífico colombiano aún viven entre grietas tres meses después del terremoto

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*Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde solo quedó una casa en pie.

Numerosas familias del Pacífico siguen viviendo en casas dañadas, agrietadas o dependiendo de otros hogares para alojarse casi tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, según un balance divulgado este jueves por Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Observamos que muchas familias de las comunidades visitadas seguían ocupando sus casas afectadas o estaban siendo recibidas por familias de acogida, lo que afecta las condiciones de vida de ambas», señaló la organización humanitaria en su informe.

Uno de los casos más graves se encuentra en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, donde, según el censo de la comunidad, de las 65 viviendas que había antes del terremoto del pasado 10 de agosto solamente una quedó en pie.

La organización, que este jueves anunció el cierre de su atención a la emergencia tras diez semanas de trabajo, explicó que muchas viviendas continúan habitadas pese a presentar grietas por las que entra el agua y techos sostenidos con apoyos improvisados.

La emergencia agravó problemas que ya afectaban a las comunidades del Pacífico, especialmente en zonas rurales e indígenas con dificultades de acceso a servicios básicos, agua potable y atención sanitaria.

En las riberas de los ríos Baudó y San Juan, inundaciones que se produjeron después del terremoto destruyeron cultivos y dejaron a numerosas familias en una situación de mayor vulnerabilidad alimentaria, explicó la jefa de misión de MSF en Colombia, Siham Hajaj.

«Las problemáticas preexistentes se agudizaron por el terremoto. Centenares de familias afectadas por conflicto, violencia y restricciones de acceso a servicios básicos perdieron sus hogares», señaló Hajaj, quien reclamó una respuesta integral y sostenida para atender las necesidades de estas comunidades.

Durante las diez semanas de intervención, los equipos de MSF realizaron 5.001 consultas, de las cuales 4.645 fueron de salud física y 356 de salud mental, además de distribuir filtros de agua y artículos de primera necesidad.

En seis municipios del Chocó, la organización identificó que una parte importante de las enfermedades estaba relacionada con el consumo de agua no segura.

También detectó cerca de 100 casos de malaria y más de 40 de dengue, especialmente en las zonas rurales. El balance oficial del terremoto cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos.

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Avanza megaoperativo en Bogotá para expulsar a más de 80 peligrosos delincuentes extranjeros

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En un megaoperativo articulado entre las principales fuerzas de seguridad e inteligencia del país, las autoridades avanzan en Bogotá con el traslado y posterior expulsión de más de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían bajo custodia judicial por la comisión de diversos delitos de alta severidad. La intervención interinstitucional cuenta con la participación activa de la Policía Nacional, funcionarios de Migración Colombia, efectivos de las Fuerzas Especiales y unidades del Ejército Nacional.

El procedimiento operativo inició durante las horas de la tarde en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Sijín), ubicadas en el centro de Bogotá, en inmediaciones de la carrera décima y las antiguas dependencias de la Policía Metropolitana.

En la sede judicial se concentró a los requeridos, donde personal especializado de Migración Colombia, junto a oficiales de altos mandos de la Policía Nacional, adelantó uno a uno los trámites administrativos, la verificación de expedientes y el diligenciamiento de la documentación reglamentaria requerida para concretar la medida de expulsión del territorio colombiano.

Durante la tarde y la madrugada posterior, se coordinaron los esquemas de seguridad necesarios para garantizar el control del perímetro exterior e interior de las instalaciones de retención.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades iniciaron la fase de evacuación de los detenidos desde las celdas de la Sijín. Los retenidos fueron extraídos en bloques organizados de a 20 personas, bajo la estricta custodia de comandos armados del GOES y uniformados del Ejército Nacional, quienes custodiaron el abordaje hacia los buses de la Policía Nacional dispuestos sobre las vías aledañas.

Una vez abordados los vehículos, se puso en marcha una fuerte caravana de seguridad con rumbo al occidente de la ciudad. El convoy tomó la calle Sexta escoltado por una decena de vehículos de la Policía, camionetas institucionales, motocicletas del personal de tránsito y tanquetas blindadas. El dispositivo garantizó el trayecto ininterrumpido hasta las instalaciones del Aeropuerto Militar de Catam, donde los trasladados quedaron bajo custodia a la espera de la logística aérea.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y la cobertura en el lugar de los hechos, las personas objeto del operativo registran antecedentes y procesos vinculados a graves afectaciones a la seguridad ciudadana. Entre las conductas punibles imputadas a los extranjeros destacan delitos de extorsión, homicidio y diversas modalidades delictivas ejecutadas en Bogotá y distintas regiones del país.

Tras su arribo a la terminal aérea militar de Catam, se dispuso el transporte aéreo de los retenidos mediante un vuelo directo hacia la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Desde este punto fronterizo se completará el trámite de expulsión y deportación terrestre hacia territorio venezolano en el transcurso de las próximas horas.

 

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Dos muertos y 10 heridos dejó riña e intento de motín en URI de Puente Aranda, en Bogotá

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*La emergencia se registró al interior de las instalaciones, donde un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad obligó a la intervención de las autoridades.

dos personas murieron y otras 10 resultaron heridas en medio de una riña y un intento de motín registrado en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se presentaron al interior de las instalaciones de esta URI, donde se habría desatado un enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. La situación generó una emergencia que dejó varias personas lesionadas y obligó a la intervención de las autoridades.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el suceso, pero familiares de algunos de los detenidos han dado a conocer que la riña ya deja un saldo de dos muertos y ocho heridos. Varios de los involucrados que resultaron con heridas fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital Santa Clara.

Sobre uno de los fallecidos, sus familiares fueron los encargados de confirmar que era uno de los detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y que resultó gravemente herido. A pesar de que alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica de Occidente, donde recibió atención médica, no logró sobrevivir.

Se está a la espera de que las autoridades que atienden la situación den un informe oficial sobre lo que ocasionó la emergencia en la URI, la cifra oficial de heridos y fallecidos, así como de las acciones que se tomarán por este hecho.

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