*La investigación documentó 14 casos ocurridos en Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca, en los que las víctimas habrían sido despojadas de más de 400 millones de pesos en efectivo.

La modalidad delictiva a la que recurrían ‘Los Costas’ consistía en seleccionar usuarios del sistema financiero que retiraban dinero en las cajas de bancos, seguirlos en motocicletas o automóviles y, en lugares previamente definidos, interceptarlos, intimidarlos con armas de fuego y arrebatarles el efectivo.

La Fiscalía General de la Nación asoció 14 hechos ocurridos en similares circunstancias entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en Palmira, Buga Cali, Jamundí, Florida y El Cerrito (Valle del Cauca), Santander de Quilichao (Cauca) y Zipaquirá (Cundinamarca).

Los eventos documentados dan cuenta del hurto de algo más de 400 millones de pesos. Producto de la labor investigativa realizada fueron identificados tres de los presuntos integrantes de ‘Los Costas’, que estarían involucrados en los casos conocidos.

Se trata de Lauren Marcela Balza Coneo, quien sería la encargada de ‘marcar’ a las víctimas en las entidades financieras; ademas Rhonal Valdés Corpas y Douglas Antonio Orozco Álvarez, señalados de perseguir a los usuarios financieros seleccionados para alertar sobre el momento y sitio preciso en el que debía ejecutarse el asalto armado. Estas personas fueron capturadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar).

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados. Valdés Corpas y Orozco Álvarez fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que Balza Coneo deberá permanecer privada de la libertad en su lugar de residencia.

*El contrato fue suscrito por 15.280 millones de pesos y recibió una adición de 6.500 millones. La obra permanece suspendida desde febrero de 2024.

La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado por las presuntas irregularidades detectadas en la planeación, contratación y ejecución de un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en Suaita (Santander), financiado con recursos de regalías.

La investigación indica que, en marzo de 2021, el entonces mandatario autorizó la compra por 551 millones de pesos del predio destinado a la obra, pese a que presentaba condiciones que comprometían su viabilidad, como fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años. Un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido sobre las dificultades del terreno.

Posteriormente, Aguilar Hurtado delegó la firma del contrato, que fue suscrito el 7 de diciembre de 2022 por 15.280 millones de pesos. Los estudios y diseños estarían
incompletos, no contemplaban las licencias ambientales requeridas y el presupuesto no incluía la totalidad de las obras necesarias.

Aunque el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir el costo de las modificaciones, en octubre de 2023 solicitó una adición de 6.500 millones de pesos, que fue aprobada.

Luego se efectuó un pago de 3.339 millones por la compra del lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra.

La obra fue suspendida en febrero de 2024 y, según los elementos recopilados, lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales. Para la Fiscalía, las irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial de 3.339 millones de pesos.

La investigación también evidenció que en el municipio ya existía una institución educativa con 10 sedes adicionales, y que no se había previsto presupuesto para una nueva planta docente ni se contaba con suficientes estudiantes para justificar el proyecto.

*También fueron capturados dos civiles.

La Fiscalía anunció que puso al descubierto una red delincuencial señalada de extraer y comercializar ilegalmente municiones y otros elementos de uso exclusivo de la fuerza pública, mediante maniobras que habrían permitido alterar los registros y controles establecidos para la custodia del material en diferentes sedes militares.

«Con la coordinación de un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional capturaron a cinco señalados integrantes de la organización en Armenia, Ibagué, Florencia, Villavicencio y Bogotá. Se trata de tres suboficiales, uno activo y dos en retiro, y dos civiles», indicó la Fiscalía.

Así mismo fue notificado en la cárcel La Picota de Bogotá Óscar Roberto Cediel Hoyos, alias ‘Sargento García’, quien cumple una condena por tráfico de armas y sería el encargado de coordinar la actividad ilícita desde el centro carcelario.

Según la Fiscalía, la estructura contactaba a funcionarios que desempeñaban labores de almacenistas de armamento en diferentes guarniciones. Al parecer, les ofrecían dinero y otros beneficios a cambio de alterar registros, generar legalizaciones fraudulentas y facilitar la extracción de armas, municiones y componentes.

Posteriormente, estos elementos eran comercializados a diferentes grupos armados ilegales.

«Hasta el momento han sido documentados eventos delictivos en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, y en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 5 ‘General José María Córdova’, en Santa Marta», indicó la Fiscalía.