Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle continuarán privados de la libertad mientras avanza el proceso que enfrentan por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la solicitud de libertad presentada por ambos excongresistas.

Las defensas de Name y Calle sostenían que ya se habían vencido los términos legales, al argumentar que habían transcurrido más de seis meses desde la audiencia de acusación sin que se iniciara el juicio. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que no había razones para concederles la libertad.

Aunque mantuvo la medida de aseguramiento, la Corte aceptó parcialmente algunos recursos presentados por los abogados de los excongresistas. En ese sentido, autorizó la práctica de tres pruebas que habían sido negadas en primera instancia y ordenó ampliar el periodo de análisis de otras evidencias para incluir información comprendida entre 2021 y 2024.

No obstante, confirmó las demás decisiones adoptadas previamente por la Sala Especial de Primera Instancia, dejando en firme la continuidad de la detención de ambos procesados.

Iván Name y Andrés Calle permanecen recluidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde enfrentan un juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

La investigación está relacionada con el presunto desvío de recursos de la UNGRD para influir en el trámite de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en el Congreso. Según la hipótesis de la Fiscalía, en septiembre de 2023 se habría acordado entregar millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para favorecer la agenda legislativa del Ejecutivo.

Con esta decisión, el proceso judicial seguirá su curso con la incorporación de las nuevas pruebas autorizadas por la Corte, mientras los dos excongresistas continúan detenidos.

*De acuerdo con la Fiscalía, las obligaba a sostener relaciones sexuales con él y visitarlo cada semana en las distintas cárceles.

La Fiscalía informó que fue condenado a 21 años de cárcel el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, responsable de numerosos casos de violación sexual durante el conflicto armado y por abusar de tres menores de edad mientras estaba preso en una cárcel, entre 2004 y 2006, antes de ser extraditado a los Estados Unidos en 2008.

«El hombre obligaba a las víctimas a que lo visitaran en las cárceles donde se encontraba recluido y allí fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos», señaló la Fiscalía en un comunicado.

Giraldo fue jefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, según la Fiscalía, «aprovechó su condición de cabecilla» para obligar a tres niñas de 11 y 12 años de edad «a sostener relaciones sexuales con él, vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en las distintas cárceles» en las que estuvo.

«En los centros penitenciarios fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos por parte del exjefe paramilitar. Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden del hoy condenado. Otra de las víctimas dio a luz un bebé producto de los reiterados abusos», agregó la información.

La investigación está llena de detalles escabrosos, como que «una de las víctimas fue utilizada en condición de servidumbre, debido a que presentaba una discapacidad cognitiva» según la Fiscalía.

Estos crímenes fueron declarados de lesa humanidad para ser considerados imprescriptibles, y Giraldo, conocido con los alias de ‘El Viejo’, ‘El Señor de la Sierra’ y ‘Taladro’, aceptó su responsabilidad durante las audiencias celebradas el año pasado el año y se acogió a una sentencia anticipada.

De esta forma, un juzgado penal del Circuito de Santa Marta condenó a Giraldo a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión «por los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura, todas estas conductas cometidas contra persona protegida», además de al pago de una multa.

Giraldo se desmovilizó de las AUC en 2006 junto con más de mil de sus hombres, pero luego fue excluido de la Ley de Justicia y Paz, que guió el proceso contra los paramilitares, por incumplir los compromisos adquiridos.

Tras ser extraditado a Estados Unidos en 2008, pagó en ese país una condena por narcotráfico y regresó a Colombia en calidad de deportado en 2021 para responder por sus múltiples crímenes ante la justicia colombiana.

Serán 44 años y ocho meses los que pasará tras las rejas el vigilante Jorge Alejandro Zapata García por el asesinato de su excompañera sentimental y su hijastro, luego de que la mujer se negara a retomar una relación que había finalizado por la violencia recurrente.

La decisión adoptada por el juez de conocimiento ocurrió luego de que se valoraran las pruebas presentadas por la Fiscalía para esclarecer el crimen de Maribel Andrea Pimienta Rivera, de 35 años, y de su hijo, Breiner Andrés Agudelo Pimienta, de 17 años.

El crimen ocurrió sobre las 5:25 de la tarde del jueves 27 de enero de 2022 en la carrera 51 con la calle 38A, en el barrio San Isidro, de Itagüí, cuando la mujer llegó a su vivienda en una moto. Detrás de ella llegó Zapata García, hoy de 38 años, y la interceptó para iniciar una discusión entre ambos.

Al parecer, el condenado le insistía a Maribel Andrea que retomara la relación sentimental con ella, la cual había durado menos de un año, y que se acabó por los reiterativos hechos de maltrato físico que sufría la mujer, de acuerdo con las denuncias realizadas antes del crimen.

Cuando la mujer le ratificó su determinación, la discusión se subió de tono y este vigilante desenfundó su arma de dotación y le disparó, dejándola malherida. Al ver lo ocurrido, Breiner Andrés se asomó al balcón y este hombre también lo baleó en varias oportunidades.

Acto seguido, Zapata García usó esta misma arma y se disparó en la cabeza, provocándose lesiones leves, por lo que tuvo que ser llevado a un centro asistencial de Itagüí, donde se le hicieron las curaciones, antes de ser procesado penalmente.

Madre e hijo también alcanzaron a ser remitidos a hospitales de este mismo municipio, pero por las lesiones sufridas fallecieron antes de ser atendidos por los médicos.

Antes de este ataque, Maribel Andrea había interpuesto medidas cautelares en contra de su victimario para que no se le acercara, debido a los múltiples casos de acoso de los cuales fue víctima luego de terminar el vínculo sentimental.

A Zapata García le oficializaron su captura el 18 de febrero de 2022, luego de que fuera dado de alta del centro asistencial donde recibió atención médica, en un proceso realizado por agentes del CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana.

El juez lo condenó por los delitos de feminicidio y homicidio agravados; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones, en una decisión que no tuvo apelación por parte de la defensa del condenado.

Según la investigación, Jorge Alejandro Zapata interceptó a Maribel Andrea cuando ella llegaba a su vivienda y le insistió en retomar la relación sentimental. Tras la negativa de la mujer, le disparó con su arma de dotación. Minutos después también atacó a Breiner Andrés Agudelo, de 17 años, quien se encontraba en el inmueble.