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Autoridades investigan las causas de muerte de 3 personas halladas en un hotel en San Andrés

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Se trata de un hombre, una mujer y un menor de edad procedentes de la ciudad de Bogotá.

Según la información entregada por las autoridades a Caracol Radio, los muertos corresponden a un hombre, una mujer y un menor de edad y eran procedentes de la ciudad de Bogotá. Se ha confirmado también que las tres personas eran miembro de una misma familia.

El CTI de la Fiscalía hizo el levantamiento de los cadáveres para poder esclarecer las causas de la muerte. También se ha dado a conocer que los cuerpos fueron hallados en la madrugada de este viernes por lo que se manejan varias hipótesis.

Por otra parte, la Fiscalía ya inició la investigación de la muerte de estas tres personas y aún no se ha dado a conocer las identidades.

Noticia en desarrollo…

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Colombia enviará a 63 rescatistas a Venezuela para apoyar labores de búsqueda

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*El equipo tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, según la UNGRD.

Colombia enviará este jueves un primer contingente de 63 rescatistas especializados a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que sacudieron el miércoles a ese país, informó Javier Pava, director encargado de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), en una rueda de prensa.

«Nosotros vamos a llevar lo que se llama un equipo USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue), que tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, y cuenta con todos los implementos para rescatar personas atrapadas dentro de esos edificios», señaló el funcionario en Bogotá al término de una reunión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

El equipo de rescatistas está conformado por personal de élite de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército, especializado en operaciones de búsqueda y rescate urbano debido a su entrenamiento para operar en estructuras colapsadas.

Pava agregó que el grupo viajará acompañado por perros y que el operativo contará con dos aeronaves militares: un avión Hércules para el transporte del personal y un C-40 destinado a movilizar la carga y los equipos especializados.

Mientras tanto, la Cancillería informó que el Consulado de Colombia en Caracas permanece cerrado debido a afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo, mientras se realizan inspecciones para determinar si puede reabrir sus servicios.

La viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Paula Andrea Cerón, pidió a los familiares de colombianos en Venezuela utilizar exclusivamente los canales oficiales habilitados para reportar personas desaparecidas o solicitar información, con el fin de centralizar la atención.

«Tenemos habilitado el correo contactenos@cancilleria.gov.co, la línea en Colombia (601) 382 6999, opción 2; la línea gratuita 01 8000 938 000; la línea gratuita en Venezuela 0800 100 7214 y el WhatsApp del Consulado de Colombia en Caracas +58 422 204 3032, para que toda la información sobre connacionales desaparecidos o que requieran asistencia sea canalizada por los medios oficiales», afirmó la funcionaria.

La viceministra indicó que, hasta el momento, se han recibido reportes preliminares sobre tres posibles colombianos desaparecidos bajo los escombros, aunque aclaró que aún no existe un balance oficial.

Según el registro consular, en Venezuela hay inscritos 239.652 colombianos, aunque la Cancillería estima que la comunidad colombiana residente en ese país podría oscilar entre 850.000 y 1,5 millones de personas, debido a que la inscripción consular es voluntaria.

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Habla el activista e influencer Beto Coral desde un centro de detención en Louisiana, Estados Unidos

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*Se comunicó con el periodista Daniel Coronell, a quien le dijo que ha sido  maltratado para presionar que firme su autodeportación de Estados Unidos a Colombia.

El activista colombiano Beto Coral detenido hace una semana en Phoenix, Arizona, fue trasladado en las últimas horas al Central Louisiana, un centro de procesamiento de Ice, considerado la última escala antes de la deportación.

«Anoche, poco antes del inicio del partido entre las selecciones de Colombia y Congo, llamó a un amigo suyo que a su vez se comunicó conmigo y me dijo que conserva la esperanza de ganar su caso ante un juez de inmigración», dijo Daniel Coronell.

Coral asegura que sus derechos han sido vulnerados, que fue despojado de documentos básicos para su defensa y que ha sido trasladado seis veces lo que le impidió acceder a la representación de un abogado por varios días.

Afirma que tiene cita ante un juez de inmigración el próximo martes, 30 de junio en El Paso, Texas, pero no tiene certeza de que podrá atenderla porque ahora está en Lousiana. Dice que ha sido presionado para firmar su autodeportación y que su familia también quisiera que lo hiciera.

Beto Coral dijo que no tiene ningún cargo criminal y que su detención por parte de agentes del cuerpo especial de HSI solo obedece a que la orden procedía del secretario de Estado.

Sostiene que inició un proceso para denunciar judicialmente al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, en ejercicio de sus derechos por haber grabado una conversación privada, una conducta que en Florida se sanciona hasta con 5 años de cárcel.

Dice que sueña con ver pronto su hijo de su 12 años, que estaba junto a él en el momento de su detención, y abrió la posibilidad de reencontrarse en un tercer país.

«Anoche, cuando hablé con Beto Coral me dijo que no conocía la carta que nueve congresistas demócratas le dirigieron al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de seguridad nacional Markwayne Mulin pidiendo que sea liberado y sosteniendo que nadie en Estados Unidos puede ser detenido por expresar opiniones políticas», precisó el periodista Daniel Coronell.

Coral asegura que en sus pertenencias apareció súbitamente un hilo grueso y aclaró que no piensa suicidarse.

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Procurador expide normativa para proteger a los animales en el país

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Conmina a alcaldes, gobernadores y ministerios a cumplir las leyes de bienestar animal y advierte que la omisión puede acarrear faltas disciplinarias.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expidió la Directiva 012 de 2026, la cual constituye la intervención preventiva más amplia de la Procuraduría en materia de protección animal, esta decisión responde a los incumplimientos sistemáticos detectados en numerosas administraciones territoriales frente a leyes en materia de Protección y Bienestar Animal.

La Directiva contiene 22 disposiciones dirigidas a alcaldes, gobernadores, 5 ministerios, asambleas, concejos y Juntas Defensoras de Animales, entre las medidas más relevantes se encuentran: la implementación inmediata de jornadas de esterilización, incluyendo la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno (CER) para animales sin hogar; la creación o puesta en operación de centros de bienestar animal en cada municipio, con un plazo de 90 días para presentar un plan de acción ante la PGN; la formulación inmediata del Plan de Centros Regionales de Bienestar Animal (CRBA) por parte de gobernadores y alcaldes que aún no lo hayan hecho; y la creación del Fondo Municipal de Protección Animal.

En materia de justicia, se ordena capacitar a los inspectores de policía para aplicar el Proceso Verbal de Maltrato Animal e implementar el Curso de Sensibilización previsto en la Ley Ángel, la Directiva también conmina al Ministerio de Ambiente a expedir de manera inmediata la Ruta de Atención al Maltrato Animal (pendiente desde octubre de 2025) y al Ministerio de Educación a incorporar contenidos sobre bienestar animal y tenencia responsable en los currículos escolares.

Para vigilar el cumplimiento, la Directiva crea la Mesa Nacional de Seguimiento coordinada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, con participación de los ministerios, las entidades territoriales, las Juntas Defensoras de Animales y las organizaciones de protección animal.

Todas las entidades destinatarias deben reportar semestralmente sus avances.

La Procuraduría advierte que el incumplimiento de estas obligaciones por omisión o negligencia administrativa pueden configurar faltas disciplinarias conforme a la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones previstas en la Ley 2094 de 2021. Proteger a los animales no es opcional: es una obligación legal que el Estado colombiano debe cumplir en todos los rincones del territorio.

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