En un misterio se ha convertido el paradero de los tres individuos que se fugaron de la Sala de Retención Transitoria de la Policía Nacional en el municipio de Caucasia, Antioquia, luego de violentar una de las rejas de seguridad y agredir a un uniformado encargado de la custodia.

Sin embargo, las autoridades policiales y militares no cesan en los operativos que permitan ubicar y recapturar a los evadidos. Se estableció que la fuga ocurrió al filo de las 10:40 de la noche del pasado viernes 23 de mayo.

Quiénes son los fugados

Un reporte de las autoridades señala que uno de los fugados fue identificado como Francisco Javier Arias Olivero, capturado el pasado 17 de febrero de 2026 por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado. Según las autoridades, este hombre permanecía detenido mientras avanzaban los procesos judiciales en su contra.

Igualmente logró evadirse José Armando Chantaca Meléndez, quien había sido capturado el 20 de mayo de 2026 por el delito de porte ilegal de armas de fuego y, además, es señalado de estar presuntamente vinculado en homicidios selectivos registrados en el municipio de Caucasia.

El tercer fugado responde al nombre de Jhon Stiwar Espinosa Erazo, capturado el 6 de mayo de 2026 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, los detenidos utilizaron una segueta para cortar la reja interna del lugar y posteriormente arremetieron contra el custodio para lograr escapar.

Los operativos de búsqueda y recaptura de estos sujetos se han extendido por todo el casco urbano, la zona rural de Caucasia, el Bajo Cauca Antioqueño, Antioquia e igualmente a nivel nacional.

Con las pilas bien puestas y demostrando gran vocación y profesionalismo se encuentra el Gaula Militar Bajo Cauca, el cual viene adelantando una campaña de prevención contra las diversas manifestaciones delictivas en el municipio de Caucasia, Antioquia.

En ese sentido, efectivos del Gaula Militar Bajo Cauca llegaron hasta el sector de la calle primera de Caucasia con la finalidad de adelantar tareas tácticas propias de su misión, generando sensación de seguridad mediante presencia institucional sobre la zona antes mencionada, con el propósito, al mismo tiempo, de proteger a la población civil y así fortalecer los mecanismos de confianza para que la ciudadanía denuncie los delitos que vulneran la libertad personal.

Durante su actividad en ese sector de Caucasia, los uniformados del Gaula Militar Bajo Cauca visitaron establecimientos comerciales para explicarles, tanto a clientes como a propietarios, las medidas que deben adoptar para enfrentar al flagelo de la extorsión e igualmente concientizarlos sobre la importancia de denunciar, a través de la línea 147, las llamadas extorsivas.

El Gaula Militar Bajo Cauca despliega efectivos que, además de patrullar y vigilar las calles del Centro y mercado de Caucasia, realizan entregas de volantes informativos, dialogo y socializan con los comerciantes y ciudadanía sobre las diversas modalidades que utilizan los delincuentes para cometer extorsiones y demás actividades criminales.

Cabe destacar que el objetivo fundamental de la campaña «Yo no pago, yo denuncio», es concientizar a la ciudadanía en general sobre no pagar cuando sea extorsionada por las bandas criminales, sino denunciar a los delincuentes ante las autoridades competentes.

*Histórica jornada. El Gobierno Nacional adjudicó más de 3.500 hectáreas a familias campesinas.

En un masivo acto celebrado en el coliseo Miguel Happy Lora de Montería, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) oficializó la entrega de 3.515 hectáreas destinadas a la producción agrícola y el beneficio de comunidades campesinas damnificadas por las recientes inundaciones. El evento, que congregó a cerca de 5.000 productores locales, representa un avance clave en la estrategia estatal de Reforma Agraria y reparación para un departamento históricamente golpeado por la concentración de la propiedad rural y el conflicto.

Juan Carlos Polo, Adrián Simancas, Nuby García, Alba García y Patricia Rodas, en Montería.

A este evento asistieron líderes e integrantes de Raíces, un movimiento social que nace de las necesidades que tienen las comunidades del Bajo Cauca Antioqueño de ser reconocidas no solamente por temas relacionados con la violencia y el orden público, sino por ser fundamentalmente una gran fuente de personas preocupadas por políticas de Estado.

Entre ellos se econtraban Adrián Simancas, líder social del asentamiento humano Santa Helena, de Caucasia; y Juan Carlos Polo, entre otros, quienes siempre estuvieron animando la jornada en Montería.

«Estuvimos acompañando al doctor Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras, en esta marcha en defensa de la Reforma Agraria. Queremos decirle al Gobierno Nacional y a la ANT que estamos comprometidos con el movimiento campesino a fin de que siga la Reforma Agraria no solamente en el Bajo Cauca, sino también en toda Antioquia y Córdoba para hacer que el campesino viva en condiciones dignas», precisó Juan Carlos Polo.

Datos sobre la entrega de tierras

La distribución de los predios se ejecutó bajo diversas modalidades legales orientadas a robustecer la seguridad jurídica en el campo. De la cifra total, 1.360 hectáreas corresponden a terrenos baldíos recuperados por el Estado, 748 fueron adquiridas directamente a propietarios privados y el resto se dividió entre títulos de formalización y zonas rurales focalizadas. Durante la jornada, las autoridades territoriales y los líderes agrarios destacaron que estos procesos buscan blindar los derechos de los campesinos frente a las tradicionales trabas jurídicas del sector.

La política agraria implementada en la región también ha puesto un foco especial en la equidad de género y la inclusión comunitaria. Voceras de las beneficiarias resaltaron el papel de la mujer rural como eje fundamental en la gestión de recursos naturales y la soberanía alimentaria del departamento. Asimismo, el balance oficial destaca el reconocimiento de derechos territoriales ancestrales mediante la titulación de más de 617 hectáreas asignadas a cinco resguardos indígenas y tres consejos comunitarios afrodescendientes.

Con este despliegue, la actual administración alcanza un acumulado de 27.070 hectáreas adjudicadas en territorio cordobés, impactando positivamente a cerca de 5.000 familias. El plan institucional no solo contempla el acceso al suelo para la siembra, sino que incluye la titulación de 176 predios públicos destinados a la construcción y mejora de infraestructura social básica.