*El juez federal Richard J. Leon ordenó al gobierno estadounidense tomar medidas para su retorno inmediato y estableció este viernes 15 de mayo como fecha límite para informar las acciones correspondientes.

En 2025, una corte de inmigración en Estados Unidos determinó que la colombiana Adriana María Quiroz Zapata no podía ser devuelta a Colombia debido a que enfrentaba un riesgo significativo de sufrir tortura en caso de regresar por parte de su ex esposo.

Aun así, varios meses más tarde, en abril de 2026, la administración del presidente Donald Trump concretó su expulsión del país, aunque no la envió a su lugar de origen, sino a la República Democrática del Congo, un territorio sin vínculo con ella y que además no había autorizado su recepción.

La mujer, de 55 años, terminó recluida en un hotel ubicado en las afueras de Kinshasa, capital congoleña, donde permanece bajo condiciones de confinamiento. Se trata de un lugar que nunca había visitado y con el que no tiene ningún vínculo personal.

La medida hace parte de una política migratoria del gobierno estadounidense que contempla enviar a migrantes a terceros países mediante acuerdos internacionales, incluso cuando no existe relación previa con esos territorios.

En este caso, el problema era aún más complejo: el Congo había advertido que no estaba en capacidad de recibirla. De acuerdo con una comunicación del Ministerio del Interior de ese país dirigida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante una carta conocida por The New York Time, la infraestructura no era suficiente para atender su estado de salud. Quiroz Zapata padece diabetes, hipotiroidismo e hiperlipidemia, pero la expulsión se realizó igualmente.

Desde su llegada, su condición médica se habría deteriorado. Según una declaración judicial citada por su defensa, le aparecieron manchas oscuras en la espalda y en un pie, la piel comenzó a desprenderse y las uñas cambiaron de color.

Su abogada, Lauren O’Neal, fue clara sobre su estado. “No está bien y teme morir”.

Quiroz Zapata no está sola. Forma parte de un grupo de al menos 15 migrantes suramericanos (entre ellos ciudadanos colombianos, peruanos y ecuatorianos) enviados bajo el mismo esquema y mantenidos en un hotel con acceso restringido, donde solo pueden salir bajo supervisión.

En una entrevista realizada desde Kinshasa concedida antes del fallo judicial, ella le describió su situación al medio The New York Times. “Siempre estoy en mi habitación, las 24 horas del día. Tengo miedo todo el tiempo”.

El juez federal Richard J. Leon determinó este jueves 14 de mayo que la expulsión de la ciudadana colombiana “probablemente fue ilegal”.

Según su análisis, la legislación estadounidense permite deportaciones a terceros países, pero únicamente si estos aceptan recibir a la persona. En este caso, el Congo había rechazado la llegada de Quiroz Zapata.

“El Gobierno la envió a la RDC de todas formas”, escribió el juez en su decisión compartido a The New York Times por la abogada de Quiroz. “Por lo tanto, enviar a la demandante a la RDC fue probablemente ilegal”.

Asimismo, Richard J. Leon ordenó al gobierno estadounidense tomar medidas para su retorno inmediato y estableció el 15 de mayo como fecha límite para informar las acciones correspondientes.

La historia de Quiroz Zapata está marcada por la violencia. Ella abandonó Colombia tras ser víctima de agresiones físicas y una violación cometida por su expareja, quien tenía vínculos con la Policía Nacional, según The New York Times.

El hecho de que su agresor fuera miembro de la fuerza pública complicaba cualquier intento de denuncia en su país de origen.

En 2025, un tribunal de inmigración en Estados Unidos, tras revisar su caso, determinó que no podía ser deportada a Colombia debido al alto riesgo de sufrir tortura.

Situaciones similares han sido documentadas en el mismo grupo de deportados. Se conoció el caso de otra mujer colombiana con antecedentes de violencia de género y secuestro por parte de las Farc, a quien también se le había reconocido protección legal en Estados Unidos, pero terminó en El Congo.

Finalmente, una de las abogadas que representa a los afectados resumió la situación: “El objetivo es claro: poner a las personas en un lugar tan desconocido que cedan y acepten volver a casa, a pesar del inmenso riesgo que eso implica”.

Al menos 104 personas murieron y otras 52 resultaron heridas a causa de una fuerte tormenta de lluvia, viento y granizo que golpeó ayer el estado norteño de Uttar Pradesh, el más grande y poblado de la India, informaron este jueves fuentes oficiales.

«De las 104 víctimas mortales registradas por el temporal, cuatro fallecieron por la caída de un rayo, mientras que 52 personas resultaron heridas, 130 animales perdieron la vida y alrededor de 98 casas sufrieron daños», confirmó el responsable estatal de emergencias, Harikesh Bhaskar Yashod, en una declaración pública a los medios.

Durante la tormenta, que levantó vallas publicitarias, arrancó árboles y levantó una espesa capa de polvo por el fuerte viento, se llevaron a cabo operaciones de rescate para trasladar a los ciudadanos a refugios durante toda la noche, detalló la oficina de ayuda.

Las autoridades realizaron hoy una inspección sobre el terreno en las zonas damnificadas para coordinar la reparación del suministro eléctrico interrumpido por las fuertes rachas de viento, además de los desperfectos generales como la caída de árboles y objetos sobre viviendas o coches.

El Gobierno regional prometió en X que se proporcionará asistencia en un plazo máximo de 24 horas a las familias afectadas, ordenando a los funcionarios a desplazarse de urgencia al lugar para evaluar los daños y garantizar el pago de compensaciones.

Uttar Pradesh ha sido uno de los estados que ha registrado las temperaturas más altas de la India antes de la llegada de este temporal, que es habitual que ocurra por el calor acumulado antes de la temporada de lluvias.

La tormenta se produce tras un cierre de abril que se convirtió en el más caluroso en cuatro años, dejando marcas como los 44,6 grados en el central estado de Maharastra o los 47,6 grados alcanzados en el propio territorio de Uttar Pradesh, una de las cifras más altas desde 1901.

El Departamento Meteorológico de India (IMD) prevé que las precipitaciones de mayo superen el 110% del promedio histórico, y estiman que el monzón podría llegar a las islas de Andamán y Nicobar entre este jueves y el 16 de mayo, marcando el inicio de la temporada de lluvias que suele extenderse hasta septiembre.

*Dalma y Gianinna reclaman un indemnización de 212 mil dólares por daños y perjuicios.

Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas de Diego Armando Maradona, demandaron por «daños y perjuicios» a Julieta Makintach, la jueza que en mayo de 2025 ocasionó la anulación del primer juicio por la muerte del astro, tras conocerse que trabajaba en un documental no autorizado sobre el caso.

En la demanda, presentada a mediados del mes pasado pero difundida este miércoles por la prensa local, fue confirmada por uno de los abogados de las hijas del exfutbolista, que reclaman a Makintach una indemnización de 300 millones de pesos (unos 212.766 dólares).

«Tenemos interés legítimo directo por el daño moral sufrido ante la afectación de la memoria, honor y derecho a un juicio justo de nuestro padre que fue frustrado por el inescrupuloso obrar de la juez destituida Julieta Makintach”, aseguraron las demandantes, según un documento judicial citado por el diario Clarín.

El litigio también alcanza a la productora La Doble S.A., a la decoradora de interiores María Pía Alemán y al guionista Juan Manuel D’Emilio, todos presuntamente vinculados a la realización del documental, que se titulaba ‘Justicia Divina’ y que nunca vio a la luz.

En la demanda, los abogados calificaron la conducta de la magistrada como “antijurídica” y consideraron que su proceder fue “desaprensivo, irregular, ilegal y negligente”.

Makintach fue recusada del juicio el 27 de mayo de 2025, tras la exhibición de múltiples pruebas de su participación en el documental, y dos días después se decretó la anulación del proceso, que hasta ese momento había registrado 21 audiencias por las que desfilaron 44 testigos.

La jueza fue luego destituida e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos judiciales.

El 14 de abril de este año inició un nuevo juicio en los tribunales de San Isidro para determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud, acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020.