Usando el rastro que dejan las moscas, grupos de ciudadanos equipados con picos, palas y herramientas de protección -o sin ellas- cavan túneles entre las montañas de escombros.

Entre túneles abiertos bajo los escombros, altares improvisados sobre el hormigón y el rastro de cuerpos rescatados que la burocracia perdió en el caos, los familiares de víctimas del doble terremoto de hace un mes en Venezuela siguen buscando a los suyos, exigen a sus muertos y se niegan a dejarlos atrás.

Usando el rastro que dejan las moscas, grupos de ciudadanos equipados con picos, palas y herramientas de protección -o sin ellas- cavan túneles entre las montañas de escombros de los edificios de una urbanización construida por el Gobierno en la localidad de Caraballeda del estado costero La Guaira, el más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

En uno de ellos un hombre asegura haber detectado un golpe como señal de vida la noche del miércoles, lo que ha provocado un despliegue de voluntarios con bomberos y ambulancias a la espera de esa posibilidad.

La escena demuestra que quienes siguen en pie no solo exigen a sus muertos, sino que se niegan a perder la fe.

Lo hacen en un país donde las autoridades contabilizan casi 5.400 muertes y omite el recuento de los desaparecidos, estimados en unos 29.400, según la plataforma ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’.

«El trabajo hay que seguir haciéndolo porque estamos en una situación en la que no podemos alarmar ni positiva ni negativamente», dice a EFE Gómez Arroyo, líder de la brigada que escuchó el golpe y determinó señales de calor con un escáner.

«Existe algo llamado fe»

Al otro lado de ese complejo de viviendas, Javier Navarro busca a nueve familiares.

«Tenemos que sacar a nuestra familia, así sea a pulmón, en las circunstancias que sea. Nosotros no podemos dejar a nadie atrás», dice a EFE Navarro, de 36 años.

Navarro encontró a su madre y abuela hace tres días en un avanzado estado de descomposición. Trabaja de noche para eludir el sol inclemente de La Guaira y lo acompañan otros familiares que se turnan para excavar, mientras la ciudadanía los apoya con alimentos y herramientas.

Ha tenido calurosos debates con conductores de maquinaria pesada para impedir la remoción de escombros en la zona en la que sus «topos» trabajan.

«No nos vamos a rendir. Que ni se les ocurra, porque nosotros no lo vamos a aceptar», responde Navarro al ser consultado sobre la posibilidad de que las autoridades puedan pedir que se retiren de allí.

El periplo en las morgues

Mientras desde la cima de esas toneladas de hormigón, donde ondea una bandera venezolana, se ven decenas de familiares escarbando entre los restos; otros luchan contra la burocracia de las morgues porque, habiendo sacado los cadáveres de sus parientes de entre los escombros y entregados allí, luego no pudieron recuperarlos.

Es el caso de la familia de Amir Infante, un adolescente de 16 años que quedó atrapado entre las puertas de una nevera, mientras un edificio de Playa Grande le caía encima. Resistió durante al menos 13 horas y cuando fue sacado de los escombros, por unos vecinos, falleció.

Su padre, Jaime, cuenta a EFE que lo llevó cargado en brazos en una moto hasta un hospital en La Guaira, donde juntaron su cuerpo con el de un grupo de fallecidos, luego de ponerle un código. Allí empezó el periplo de la desaparición. El señor Infante hizo todo el trámite para que le entregaran el acta de defunción, pero cuando fue a retirar el cuerpo para el sepelio nadie supo responder.

Como el padre de Amir estaba lesionado y aturdido, la búsqueda la asumió la tía del joven, Yanira, quien junto a la madre, recorrió hospitales y morgues de La Guaira y la vecina Caracas.

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado este miércoles en el estado mexicano de Oaxaca (sur), lo que supone el séptimo asesinato de periodistas en lo que va del año en México, uno de los países más letales para los informadores.

El crimen fue confirmado por el gobernador del estado, Salomón Jara, quien en sus redes sociales condenó el asesinato del periodista local y pidió a la fiscalía estatal «garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen».

Por el momento se desconoce a los autores del asesinato, aunque medios locales informaron que hombres armados atacaron a Leyva Aguilar en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla.

Según un recuento de Reporteros sin Fronteras, es el séptimo periodista asesinado en México en 2026.

En su cuenta de la red social X, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el homicidio del comunicador, a quien describió como «un periodista crítico» de su gobierno, pero a quien se le respetaba su «derecho a cuestionar».

La última publicación de Leyva Aguilar en su página de noticias de Facebook criticaba la organización del festival cultural de la Guelaguetza, uno de los más populares del país y en el que participan autoridades locales.

Jara aseguró que ha pedido a la fiscalía estatal coordinar la investigación de este crimen con autoridades federales encargadas de los delitos contra la libertad de expresión.

Según la policía local, una mujer resultó herida en el ataque, que ocurrió cuando el periodista desayunaba en una fonda de San Pablo Etla, a unos 14 kilómetros de la capital de Oaxaca.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 2000.

El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fecha de inicio. Una corte estadounidense fijó para el 1 de junio de 2027 el comienzo del proceso penal contra el mandatario venezolano, quien enfrenta cuatro cargos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico y armas.

Maduro, quien se ha autodenominado como un «prisionero de guerra», se declaró no culpable de todas las acusaciones formuladas en su contra.

Los cargos que enfrenta son:

Conspiración para cometer narcoterrorismo.
Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.
Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
La decisión de fijar la fecha del juicio marca un nuevo avance en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión internacional contra un jefe de Estado venezolano.

Capturado por Estados Unidos en Caracas y encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn, el exjefe de Estado, de 63 años, está procesado por cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

Su esposa Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos. Ambos niegan los hechos que se les imputan. En una carta remitida el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, por el fiscal Jay Clayton, las dos partes habían solicitado que el juicio comenzara en junio de 2027.

El proceso contra la pareja avanza después de que el gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump diera su visto bueno para que Venezuela pague los honorarios de sus abogados, algo que al principio había impedido en virtud de las sanciones que pesan sobre el país.

Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra». Maduro enfrenta los cargos de conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Además del proceso penal contra el expresidente (2013-2026), las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.

Desde la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.