*El grupo ilegal utilizaba información de los beneficiarios para acceder de manera fraudulenta a sistemas de información, suplantar su identidad y retirar los dineros.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar de un grupo delincuencial que se habría apropiado de manera irregular de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y personas adscritas a programas sociales en Medellín y Montería.

Las evidencias indican que la organización utilizaba información y credenciales de los beneficiarios para acceder indebidamente a sistemas informáticos, suplantar su identidad y apropiarse de los recursos. Para ello, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla, presuntamente suministraba las cédulas de ciudadanía de los ciudadanos, definía los valores a cobrar y coordinaba para reclamar los dineros.

Durante la investigación fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos en los que María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos.

Asimismo, se conoció que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad.

Durante los procedimientos de captura de estas 11 personas, unidades de la Policía Nacional encontraron en una vivienda ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas,
varias tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la investigación.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.

*La procesada no contaba con la formación profesional ni la idoneidad para realizar ese tipo de prácticas médicas.

Mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Katherine Zuleta Castilla aceptó su responsabilidad en el procedimiento estético que le causó la muerte a una mujer, el 17 de mayo de 2023, en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación dirigida por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, la intervención se realizó sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada en un apartamento.

Además, la hoy procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas, y aun así siguió adelante en una actividad que representaba riesgo para la vida de la paciente.

Durante la cirugía la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales.

Posteriormente, se estableció que murió producto de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante.

Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo celebrado. En ese sentido, Zuleta Castilla cumplirá una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.

*Fue declarada responsable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

Luego de verificar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Popayán (Cauca) condenó a la exfiscal de El Tambo (Cauca), María del Socorro Fernández Chávez, a 7 años y 3 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

La exfuncionaria, en ejercicio de su cargo, participó en un entramado ilegal que favoreció a un ciudadano colombiano pedido en extradición por una corte distrital de Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico trasnacional de estupefacientes.

Tras avalarse el requerimiento internacional por parte del Gobierno nacional, el 17 de mayo de 2016, la entonces fiscal abrió un proceso judicial paralelo a la solicitud de extradición e imputó al posible narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado. La actuación se sustentó en información sobre una investigación que se seguía en su contra por hacer parte de un grupo armado ilegal, lo cual no era cierto.

Asimismo, se conoció que omitió reportes sobre una notificación roja de Interpol e incorporó documentación de arraigo con inconsistencias, firmas y otros elementos falsos. A esto se suma que la grabación de la audiencia de imputación desapareció y, pese a que un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la exfiscal se opuso.

Conforme a la vinculación formal por el delito de rebelión, en enero de 2017, el extraditable interpuso una tutela que amparó su derecho a no ser doblemente incriminado, y de esta forma bloqueo su envío a Estados Unidos.

Socorro Fernández Chávez, además de cumplir la pena en centro carcelario, deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses.

En contra de la condena conocida proceden los recursos de ley.