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Abogada denuncia que fue víctima de grave agresión en una estación de Policía de Medellín

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Una grave denuncia se conoció en Medellín, luego de que una abogada asegurara que fue víctima de una fuerte agresión mientras se encontraba cumpliendo sus labores de defensa de un detenido en una estación de la Policía Metropolitana. Los señalados de maltratarla son uniformados de la institución y los hechos quedaron registrados en un video que forma parte de las pruebas entregadas a la Fiscalía General de la Nación.

Esta historia comenzó el pasado 26 de agosto, en la estación de Policía de La Candelaria, en el Centro de Medellín, donde la mujer atendía una diligencia judicial y debía entrevistarse con una persona privada de la libertad que estaba allí como parte de la defensa que le prestaba. La idea era asistir al ciudadano procesado en una serie de audiencias ante un juez de control de garantías para los procesos correspondientes de judicialización.

Allí, la abogada y su representado solicitaron permiso para conectarse a la mencionada audiencia, que era de carácter virtual, y fueron autorizados por el comandante de guardia, según indicaron en un comunicado desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que asumió el caso de la abogada tras conocer el hecho del que fue víctima.

El también abogado y presidente del Colegio, Francisco Bernate, firmó el texto en el que se narra que cuando se tenía todo listo para comenzar la primera diligencia, la de legalización de captura, solicitaron que le quitaran las esposas al representado de la abogada y el juez dio la autorización. “A pesar de una orden judicial, los encargados de la custodia adujeron problemas de seguridad y procedieron a esposarlo nuevamente y a indicar que los defensores deberían retirarse de la estación de Policía. Los togados solicitaron entonces autorización del juez para retirarse de la audiencia, sin que les fuera concedido, por lo que la diligencia prosiguió”, se lee en el comunicado.

Fue entonces que las cosas habrían comenzado a subir de tono y terminaron en la agresión denunciada por la penalista. De acuerdo con su relato, mientras que los policías seguían pidiendo a la defensa que se retirara y el ambiente se hacía cada vez más hostil, un teniente coronel que estaba en el lugar habría violentado a la abogada, “arrojándola al piso sin mediar palabra, ejerciendo grotescos actos de violencia basada en género. Entre tanto, otro policial la esposó y un tercero le introdujo los dedos en la boca para evitar que grita, todo en presencia de más de diez policiales que estaban en la sala indolentes”. En un video del hecho puede verse cómo, en efecto, la mujer es sujetada con fuerza, incluso contra el suelo, mientras se queja e intenta levantarse.

Sobre este hecho, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) también emitió un comunicado en el que dio su versión de los hechos. Confirmaron que en las instalaciones de la estación se realizó la audiencia virtual y que en el lugar determinado para estas diligencias se encontraba la abogada con la persona privada de la libertad. De acuerdo con el reporte, la mujer se habría identificado como asistente de otro abogado que estaba allí.

“El profesional de policía le indicó a la mujer que debía retirarse de la oficina y se podía conectar de manera virtual a la audiencia penal, como lo señalan los protocolos judiciales. Según el relato de los funcionarios, la ciudadana hizo caso omiso a las reiteradas órdenes de policía y agredió físicamente a uno de los uniformados, en la cabeza. Debido a la agresión y al estado de exaltación en que se encontraba, la persona fue reducida y controlada para evitar nuevas agresiones en contra de los uniformados o los participantes de la audiencia”. Este es el resumen que entregó la institución sobre el caso.

Pero la última parte de lo sucedido es que a la profesional le impusieron una orden de comparendo por presunto irrespeto y agresión a las autoridades de Policía. Sobre este punto, desde el Colegio de Abogados Penalistas, que escogió a Santiago Trespalacios para asumir la defensa de la colega presuntamente agredida. Esta versión da cuenta de que el comparendo se impuso luego de que algunos colegas en el lugar rechazaran la supuesta decisión de la Policía de capturarla por violencia contra servidor público. Incluso, la habrían alcanzado a esposar.

Estos hechos, indicó la Policía, están bajo indagación para esclarecer las circunstancias, mientras que la agresión a la abogada fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. Entre las últimas informaciones que entregó Trespalacios está que la Fiscalía Penal Militar citó a la abogada en este proceso “como testigo y no como víctima, que vaya sin abogado y le dice que si no asiste (citación sin ningún día hábil de por medio) procederá a arrestarla”. Posteriormente, el abogado sostuvo que dicha institución rectificó y dejó a la abogada en calidad de víctima.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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