Una operación a gran escala atribuida a Israel provocó la explosión simultánea de cientos de aparatos buscapersonas en manos de miembros del grupo chií Hizbulá este martes de forma simultánea en varios puntos del Líbano, matando a al menos nueve personas e hiriendo a otras 2.800.

Sobre las 15:30 hora local (12:30 GMT), los buscapersonas explotaron en diferentes lugares, principalmente del sur del país y en los suburbios meridionales de Beirut, ambos controlados por el movimiento chií, sin que todavía esté claro cómo fueron manipulados los aparatos.

La formación chií confirmó en un comunicado que los mensáfonos estaban «en posesión de varios trabajadores en diferentes unidades e instituciones de Hizbulá», y posteriormente atribuyó la autoría de la operación a Israel, con quien libra un conflicto fronterizo desde el pasado octubre.

«Tras examinar todos los hechos, datos actuales e información disponible sobre el malvado ataque ocurrido esta tarde, consideramos al enemigo israelí como total responsable de esa agresión criminal que también tuvo como objetivo a civiles y que mató a varias personas», dijo en una segunda nota.

Casi 3.000 heridos

En concreto, las explosiones mataron a nueve personas, entre ellas un niño, e hirieron a más de 2.800, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El titular de ese departamento gubernamental, Firas Abiad, explicó en una breve comparecencia de prensa que la mayoría de los heridos sufrieron daños en la cara, las manos o el abdomen, y agregó que entre ellos hay cerca de 200 pacientes en estado crítico.

Tras el incidente, sirenas de ambulancia resonaron de forma significativa por Beirut, donde el traslado de tal número de heridos a los diferentes hospitales también llegó a afectar el tráfico.

Dada la gran cantidad de víctimas, el Ministerio de Salud Pública del Líbano llamó inmediatamente a «todos» los hospitales en las áreas afectadas a que activaran el nivel de «alerta máxima» y se prepararan para lidiar con una «necesidad urgente de servicios sanitarios de emergencia».

También la Cruz Roja libanesa movilizó a decenas de ambulancias y cientos de técnicos de emergencias, entre llamados urgentes de diversas ONG y grupos de la Defensa Civil a donar sangre.

Entre los heridos está el embajador de Irán en el Líbano, Mojtaba Amani, quien se encuentra en “buen” estado tras sufrir una herida superficial por una de las deflagraciones, según dijo en su cuenta de X la legación diplomática iraní.

Asimismo, el suceso acabó con la vida de un hijo del parlamentario de Hizbulá Ali Ammar y causó al menos 14 heridos en Siria, donde el Observatorio Sirio de Derechos Humanos contabilizó cuatro víctimas en Damasco y otras diez en dos áreas de sus alrededores.

Atribución de autoría

El Ministerio de Exteriores libanés también atribuyó el incidente de este martes a un «ataque cibernético israelí, en el que han sido detonados un gran número de buscapersonas», e informó de que está preparando una queja al respecto para presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

«Esta escalada israelí grave y deliberada coincide con amenazas israelíes de ampliar la guerra hacia el Líbano y con su postura intransigente que llama a más derramamiento de sangre, destrucción y sabotaje», denunció el departamento gubernamental en un comunicado.

Sin embargo, el Estado hebreo todavía no se ha pronunciado al respecto ni el Líbano ha ofrecido detalles sobre cómo cree que pudieron ser infiltrados los mensáfonos.

En declaraciones a la prensa, el ministro libanés de Telecomunicaciones, Johnny Corm, detalló que el cargamento de buscapersonas afectado había llegado «recientemente» al país y que las baterías de los aparatos se recalentaron antes de que fueran detonados, quizás «a distancia».

«Debemos saber cómo y cuándo entró ese cargamento de dispositivos al Líbano, a qué compañía pertenecen, quién es su dueño. Debemos conocer más detalles para saber cómo funciona este dispositivo y cómo entró al Líbano», indicó el ministro.

El Ministerio de Educación anunció en un comunicado el cierre de todas las instituciones académicas del país, públicas y privadas, para condenar mañana «el acto criminal cometido por el enemigo israelí».

Ryan Routh, sospechoso de intentar asesinar al expresidente y candidato republicano, Donald Trump (2017-2021), en un campo de golf en el sur de Florida (EE.UU.) fue acusado este lunes de cargos federales relacionados con armas de fuego, por los que podría afrontar hasta 20 años de cárcel.

Routh tuvo este lunes su primera comparecencia en un tribunal federal de West Palm Beach, al que acudió esposado y con un uniforme de reo, tras ser arrestado el domingo como sospechoso de intentar disparar con un rifle de asalto al expresidente, mientras este jugaba en un campo de golf de su propiedad.

En el transcurso de una audiencia de poco menos de diez minutos y encabezada por el magistrado federal Ryon McCabe, los fiscales acusaron a Routh de dos cargos: posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.

Momentos antes de la comparecencia, las autoridades policiales dieron a conocer que el rifle AK-47 incautado en la escena y con el que se cree el sospechoso pretendía disparar contra Trump tenía el número de serie arañado.

En el tribunal, Routh, de 58 años, dijo que no tiene ahorros, que los únicos bienes que posee son dos camiones que ahora mismo están en Hawái y que recibe unos 3.000 dólares mensuales de ingresos. Asimismo, es padre de un hijo de 25 años.

Se fijó para el próximo 23 de septiembre la audiencia de fianza, y para el 30 de septiembre la de lectura de cargos, en la que podrían añadirse nuevas acusaciones conforme avanza la investigación, según se dio a conocer hoy.

El segundo intento de asesinato al actual candidato republicano, a poco más de dos meses del que sufrió en Butler (Pensilvania), se produjo el domingo y fue evitado luego de que agentes del Servicio Secreto divisaran a un hombre con un rifle con mira telescópica detrás de un valla del campo de golf.

El Servicio Secreto disparó y el hombre salió corriendo de entre unos arbustos en los que se estaba escondiendo, pero fue detenido unos minutos después en una carretera a bordo de su vehículo. En los arbustos se encontró el arma y también dos mochilas y una cámara deportiva GoPro.

El gobierno de los Estados Unidos, bajo la titularidad del presidente Joe Biden, mantuvo la certificación a Colombia en materia de lucha antidrogas. Esto a pesar del fuerte crecimiento de los cultivos ilícitos en varias zonas del país.

Se trata de cumplimiento por parte de Washington de una ley del Congreso de ese país que data de hace dos décadas y que le exige al mandatario establecer cuáles países colaboran plenamente con el país norteamericano en la lucha contra las drogas.

En esta ocasión, los Estados Unidos rajaron en esta materia a Bolivia, Burma y Venezuela: «Designo a Bolivia, Burma y Venezuela por no haber cumplido de manera demostrable durante los 12 meses anteriores con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos».

No obstante, Biden determinó una medida de excepción para evitar las sanciones contra estos países en un ánimo de fortalecer la colaboración en este sentido con los mismos.

Además, el presidente estadounidense se mostró alarmado por el crecimiento de los cultivos y la producción de coca en Suramérica: «En América del Sur, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, lo que exige medidas urgentes por parte de los países de la región. Colombia, un socio fuerte, continúa trabajando estrechamente con Estados Unidos para reducir la producción de cocaína, llevar a cabo operaciones de interdicción del contrabando de drogas y desmantelar las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cocaína».

Al respecto, indicó que se han incrementado las incautaciones de cocaína un 10 por ciento más que el año anterior, es decir más de 841 toneladas métricas de cocaína pura y base de cocaína.

Bien definió en este punto, frente a las nuevas métricas acordadas en mayo pasado, que amplían la visión de solo contabilizar la cantidad de hectáreas cultivadas y la producción potencial de la droga, que se trata de “un enfoque holístico para abordar la producción y el tráfico de cocaína, al tiempo que brindamos seguridad, justicia y oportunidades económicas lícitas para las personas vulnerables de Colombia”.