*La víctima del robo sacó un arma de fuego y le disparó al menor de edad y a sus cómplices.

Un adolescente de 15 años fue asesinado la tarde del miércoles, cuando presuntamente cometía un atraco en el barrio Las Trinitarias, del municipio de Soledad.

Los hechos ocurrieron a las 5:40 p.m., en la carrera 27B con calle 57.

Según el informe de la Policía, la víctima junto a tres personas más, presuntamente, robaron a un ciudadano que se encontraba estacionado en su vehículo, en la mencionada dirección.

Tras cometer el robo, los cuatro presuntos atracadores se dieron a la huida. Sin embargo, la víctima del robo sacó un arma de fuego y les disparó.

El adolescente fue alcanzado por las balas, quedando gravemente herido en el sitio. Lo auxiliaron y llevaron a un centro asistencial donde falleció debido a las heridas.

Hasta el 20 de septiembre se había registrado el asesinato de 30 adolescentes en lo que iba del año.

Las muertes, en su totalidad fueron con arma de fuego, estarían ligadas a las disputas entre las organizaciones criminales ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y ‘La Nueva Generación del Freseo’.

Barranquilla, según lo publicado por este medio, había registrado 14 crímenes, Soledad 8, Malambo 7 y Puerto Colombia 1. Para un total de 30 crímenes de menores de edad.

Los barrios donde se han registrado los crímenes en Barranquilla son Rebolo, La Luz, La chinita, El Bosque, El Valle , La Esmeralda, Carrizal, Las Nieves y Las Gardenias.

En Soledad, los casos han sido perpetrados en los barrios Normandía, Las Moras, Porvenir y Ciudad Paraíso.

Malambo por su parte, ha registrado los crímenes en los barrio El Concord, Villa Spencer, Barrio Abajo, Villa Esperanza, entre otros.

El caso en Puerto Colombia ocurrió en el barrio Miramar.

*Tribunal revocó medida de primera instancia del Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla y ordenó su captura.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de su Sala Penal, condenó este miércoles a 72 meses de prisión al abogado, Arcadio Martínez Pumarejo, por el delito de ocultamiento o destrucción de material probatorio.

Con ponencia del magistrado Jorge Eliecer Cabrera Jiménez, el alto tribunal le impone a Arcadio Martínez una multa de 1.400 salarios mínimos mensuales, unos 2.450 millones de pesos.

Además se le niega al abogado la concesión de subrogados penales de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria o beneficios penales y dispuso orden de captura inmediata.

En el quinto punto de resuelve señala la sentencia: «Líbrese orden de captura a los miembros de Policía Judicial o Policía Nacional, para que capturen a Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, por razón de este proceso penal, una vez materializada la misma se coloque a disposición del Juzgado de origen o sea el Juzgado que haga sus veces».

El caso se remonta al 10 de febrero de 2013, cuando investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Barranquilla capturaron a Arcadio Martínez.

El abogado, según la Fiscalía, al momento de ser capturado destruyó una simcard que contenía información relacionada con el soborno del abogado al exparamilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, para que cambiara su versión sobre su cliente Silvia Gette Ponce en el sentido de que la colombo argentina había sido la determinadora del homicidio del ganadero Fernando Cepeda, el 22 de agosto de 2003 en el suroccidente de Barranquilla.

En esa ocasión, durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron dinero en efectivo y, posteriormente, en las instalaciones de la URI de Barranquilla, se produjo el episodio que dio lugar al proceso que motiva la condena proferida por el Tribunal este miércoles.

Según el señalamiento, cuando Martínez Pumarejo se encontraba bajo custodia, el abogado habría intentado ocultar un teléfono BlackBerry en el cielo raso del baño y destruir parcialmente el dispositivo y su tarjeta SIM.

Además, al ser descubierto por un agente del CTI que lo custodiaba, habría ofrecido $100 millones a cambio de que se le permitiera culminar la destrucción del equipo y guardar silencio sobre lo ocurrido.

Contra el fallo de primera instancia fue interpuesto el recurso de apelación por la representación judicial de la víctima, el hoy Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a través de su apoderada Natalie Arteta, y el Ministerio Público, que solicitaron la revocatoria integral de la absolución. De La Espriella representaba a Paulina Ceballos, esposa de Fernando Cepeda.

Para esta decisión hicieron sala, además del ponente Jorge Eliecer Cabrera Jiménez, los también magistrados Demóstenes Camargo De Ávila, Luigi Reyes Núñez y Otto Martínez Siado.

Contra la decisión del Tribunal Superior procede el recurso de impugnación especial y/o casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía Novena Especializada de la Estructura de Apoyo realizó una diligencia de allanamiento y registro el 27 de septiembre en la sociedad Activos por Colombia en Barranquilla, por presuntas irregularidades en el manejo de la información.

La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana Patricia Vélez, sostuvo que recibieron información de una «posible manipulación en los sistemas de información de la Sociedad Activos por Colombia que podría incluir la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos electrónicos y otra información institucional a la administración designada por el Gobierno».

Vélez destacó que encontraron motivos razonables de la comisión de conductos «delictuales», por lo que se acudió a la Fiscalía General de la Nación.

«Como resultado de la diligencia fueron incautados equipos tecnológicos que serán sometidos a los respectivos análisis forenses por parte de las autoridades competentes, que permitan asegurar la evidencia digital y evitando la continuidad de los daños informáticos», precisó.

Agregó que con la investigación se determinará si se cometieron irregularidades o no y determinar posibles responsables.

Activos por Colombia es una plataforma donde se subasta de manera electrónica inmuebles administrados por la entidad y que se encuentran 100% extinguidos.