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“Operación Tun Tun”: el régimen de Maduro detiene a quienes cuestionan los resultados de las elecciones en Venezuela

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Cientos de personas se reunieron hace varios días ante un centro de detención conocido como Zona 7 en Caracas, la capital venezolana, apiñadas en torno a listas de presos, mientras se aferraban a bolsas de plástico llenas de comida que habían preparado para los reclusos que se encontraban dentro.

Ansiosos por obtener información sobre sus seres queridos detenidos, muchos contaron historias notablemente similares de hijos, hijas y hermanos arrestados cuando iban en moto, volvían a casa del trabajo, salían de una panadería o pasaban por casa de un familiar en los días posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela.

Describieron detenciones tanto generalizadas como selectivas. Y a nadie se le había comunicado qué cargos penales enfrentaban sus familiares. El gobierno venezolano ha montado una furiosa campaña contra cualquiera que cuestione los resultados declarados de la votación, desatando una ola de represión que, según los grupos de derechos humanos, no se parece a nada que el país haya visto en las últimas décadas.

“Llevo muchos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela y he visto patrones de represión antes”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa e investigación. “No creo haber visto nunca esta ferocidad”.

El presidente autocrático del país, Nicolás Maduro, se atribuyó la victoria en las elecciones del 28 de julio, pero el gobierno aún no ha facilitado ningún recuento de votos que respalde su anuncio. La oposición, por su parte, ha hecho públicos los resultados, que muestran que su candidato ha ganado de forma aplastante.

Ahora, según los expertos, Maduro, tras haber sido aparentemente repudiado por la mayoría de sus electores, está empeñado en castigar a quienes considera desleales.

María Vázquez, de 62 años, una vendedora ambulante de Caracas, dijo que su hijo agarró una bandera y “participó en un cacerolazo” pero que no creía que lo condenaran por eso. Vázquez apoya al gobierno e instó a su hijo a no protestar. “Es preocupante”. El gobierno venezolano afirma haber detenido a más de 2000 personas por participar en protestas contra los resultados electorales.

Según las entrevistas con familiares y activistas de derechos humanos que documentaron las detenciones, estas se produjeron tanto en redadas indiscriminadas, en medio de las protestas, como posteriormente en detenciones selectivas en domicilios, cuando el gobierno puso en marcha lo que denominó “Operación Tun Tun”.

El aumento de las detenciones es especialmente alarmante, según los grupos de derechos humanos, porque algunos arrestos se produjeron después de que el presidente instara a sus partidarios a denunciar a sus vecinos a través de una aplicación gubernamental que se suponía que debía utilizarse para informar de problemas como la caída de líneas eléctricas.

“¡Máximo castigo! ¡Justicia!”, dijo Maduro en un mitin el sábado pasado. “¡Esta vez no va a haber perdón!”. El resultado ha sido una agresiva represión de la disidencia destinada a silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionar los resultados de las elecciones, dijeron los activistas de derechos humanos.

Al menos dos abogados de derechos humanos están en la cárcel, entre ellos uno que fue detenido cuando fue a solicitar información por otros detenidos. A otra activista se la llevaron del aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba salir del país.

Cuando las autoridades se presentaron en el domicilio de María Oropeza, una dirigente del partido de la oposición en Portuguesa, al suroeste de Caracas, ella lo transmitió en directo. “Creo que primero deberías mostrarme si tienes una orden de allanamiento, ¿no?”, se le oye decirle a un agente de policía. “Porque este es mi hogar, una propiedad privada”.

Jordan Sifuentes, alcalde del municipio Mejía, el único alcalde de la oposición en el estado de Sucre, en el noreste de Venezuela, lleva una semana detenido por cargos desconocidos. El alcalde del municipio Lagunillas, en el estado de Zulia, José Mosquera, estuvo detenido seis días tras ser acusado de publicar un tuit contra el gobierno, algo que él había negado.

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El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

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La Eurocámara da un paso histórico al validar al líder opositor venezolano, sumándose a la presión internacional sobre Nicolás Maduro por la falta de transparencia electoral.

El Parlamento Europeo reconoció oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, en respuesta a la negativa del régimen de Nicolás Maduro de publicar las actas electorales.

La resolución, impulsada por el Partido Popular Europeo y respaldada con 309 votos a favor y 201 en contra, se produce en medio de la creciente desconfianza hacia el proceso electoral en el país sudamericano.

La propuesta, promovida especialmente por la bancada española del Partido Popular, busca aumentar la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque su naturaleza no vinculante limita su impacto inmediato.

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Fiscalía venezolana tramitará orden de captura contra el Presidente Milei de Argentina

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La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de captura contra el Presidente de Argentina, Javier Milei -a quien abrió «una averiguación»-, por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.

La institución «anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión» también contra la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich.

«Esto, en las próximas horas, tendrá sus consecuencias en un tribunal competente acá en Venezuela con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectivos organismos competentes, porque eso no puede quedar impune», expresó Saab, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal VTV.

Explicó que, en el caso del avión, que fue «totalmente desmantelado» en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir».

Por otra parte, Saab informó de la designación de un «fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes» contra Milei y Bullrich por «las acciones cometidas contra el pueblo argentino».

«Podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad», expresó.

En ese sentido, el fiscal, quien llamó «fascista» y «neonazi» a Milei, dijo que en Argentina se aplica un «programa de violencia institucional premeditado» contra su población, por lo que señaló al mandatario del país austral como «el violador de derechos humanos más feroz del continente» y como «un peligro brutal para todo el hemisferio».

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Un muerto y cien heridos en nueva oleada de explosiones de sistemas de comunicación en Líbano

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Una persona murió y otras cien resultaron heridas este miércoles en una nueva oleada de explosiones en aparatos de comunicación ocurridas en varios puntos del Líbano, anunció el Ministerio de Salud Pública, apenas 24 horas después de otro ataque masivo del mismo tipo.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el departamento gubernamental anunció en un comunicado que el «balance preliminar por la nueva ola de explosiones contra aparatos inalámbricos» se sitúa en un fallecido y más de un centenar de heridos.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) informó del fallecimiento de tres personas por una de las deflagraciones en la localidad de Sahmar, en el oriental Valle de la Bekaa, al tiempo que informó de otros incidentes del mismo tipo en Maryayoun (sur), Hosh al Ghanam (este) o Tiro (sur).

También se han registrado explosiones en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, donde un testigo que pidió el anonimato confirmó cómo una detonación de baja intensidad sacudió un vehículo del que salieron dos pasajeros completamente cubiertos en «sangre».

Otro testigo afirmó que varias viviendas en ese extrarradio capitalino han sufrido incendios, mientras que las medidas de seguridad han sido intensificadas en la zona coincidiendo con el vuelo de al menos un dron. Ese ataque fue atribuido a Israel tanto por el Gobierno libanés como por Hizbulá, y causó también víctimas civiles.

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