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Concejal de Caucasia, Juan Carlos Aguas, gestiona solución a problemáticas que afectan a la vereda La Jagua Arriba

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Impulsado por ese deseo de servirle al prójimo y al necesitado, aprendido desde niño en el seno de su familia, el concejal de Caucasia, Antioquia, Juan Carlos Aguas Cochero, visitó el viernes 26 de julio la vereda La Jagua Arriba, con la finalidad de conocer, de primera mano, los diferentes problemas que afectan a esta comunidad indígena.

La Jagua Arriba es una comunidad  del cabildo indígena El Pando, distante dos horas y media en carro desde Caucasia, y está conformada por 29 familias que viven en condiciones de pobreza extrema.

«Recibí una invitación del cacique del cabildo indígena de El Pando para visitar su comunidad, él me apoyó cuando aspiré al concejo. Me presenté ante la comunidad, les conté mi historia de vida, mis luchas sociales, y les expliqué que tengo un plan de trabajo enfocado en cinco pilares: la salud, educación, el emprendimiento, generación de empleo y mejoramiento de las vías de acceso. Escuché sus múltiples necesidades porque es una vereda muy apartada debido a que la carretera está en mal estado. Una de sus dificultades más sentidas es el acceso al agua, una bomba que tenían en un nacedero hídrico tiene su sistema eléctrico dañado.  Diez niños tenían que ir a buscar el agua con baldes en esa quebrada para llevarlas a sus hogares para preparar sus alimentos», explicó el concejal a esta redacción.

La problemática del agua

Hace tiempo la gobernación de Antioquia les entregó un sistema de filtración de aguas, le pidieron permiso a la dueña de un predio vecino, donde había un pozo, pero ella les negó el acceso, por eso los habitantes de La Jagua Arriba se propusieron construir un pozo, pero no tenían recursos para eso.

«La situación era compleja pero busqué la forma de ayudarlos. Cuando terminé de escuchar sus necesidades, Dios puso en mi camino un ángel. Una máquina retroexcavadora estaba saliendo de ese sector y como no encontraron oro se marchaban. Hablé con Juan Carlos Muñoz, el dueño de la máquina, para que me cobrara por la excavación del pozo, y él dijo que lo iba a hacer sin cobrar un peso. Dios nos hizo ese milagro, porque sin esa ayuda no se hubiese podido hacer ese pozo para esa comunidad porque el terreno es muy agreste. El mismo dueño de la máquina la manejó para excavar el pozo. Sin su ayuda no se habría logrado», precisó el concejal Aguas Cochero.

Ahora falta colocarle al pozo sus tuberías, la bomba y las instalaciones eléctricas para que así esa comunidad tenga agua. «Ya dimos el primer paso. Mi compromiso con esa comunidad está enfocado en la gestión porque como concejal no manejo presupuesto, mi labor es plantearles esta problemática al alcalde de Caucasia, a la gobernación de Antioquia, a los diputados y al Gobierno Nacional, también buscar el apoyo de fundaciones, instituciones y organizaciones internacionales, así como personas de buen corazón que hagan sus aportes en beneficio de estas personas tan necesitadas», puntualizó el cabildante caucasiano.

Cabe resaltar que La Jagua Arriba tiene una construcción que les sirve de escuela, la cual está igualmente en malas condiciones en su infraestructura; y una cancha que se asemeja más a un lodazal, y para colmo los niños y jóvenes ni siquiera tienen un balón de fútbol, según indicó Juan Carlos Aguas, quien asegura que no se dará por vencido hasta conseguir la ayuda para esa olvidada comunidad, la cual quiere visibilizar.

«Siempre le pongo interés a las causas nobles, eso lo heredé de mis padres Marciana Cochero y Héctor Manuel Aguas  Julio (ya fallecido), así como de mis hermanas Margarita y Carmen Aguas, de quienes he aprendido ese don de servirles al prójimo y a los necesitados», resaltó el concejal y dirigente social.

Juan Carlos Aguas Cochero es médico veterinario, especialista en gerencia de negocios internacionales, diplomado en docencia universitaria, gerencia ambiental y otros, hoy quiere dedicarse a brindarles oportunidades a otras personas para que puedan alcanzar sus sueños.

«Le hago un llamado a las autoridades locales de Caucasia, a la gobernación de Antioquia y al Gobierno Nacional para que hagan un diagnóstico sobre la problemática que tienen las veredas de esta subregión del Bajo Cauca Antioqueño, que hagan un trabajo articulado para solucionar las necesidades más sentidas de estas comunidades que están en la pobreza extrema», subrayó con la esperanza de que aferrado a su fe en Dios, de la mano de Él y el concurso de los caucasianos llevarán soluciones a la comunidad de La Jagua Arriba.

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Destruyen mina ilegal del Clan del Golfo en Antioquia: habían instalado una antena satelital para evadir a las autoridades

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*El operativo militar inutilizó equipos para extraer hasta 3.000 gramos mensuales de oro.

*Los militares incautaron una antena de internet satelital que funcionaba alimentada por un panel solar – crédito Ejército

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó que una operación en la vereda El Ingenio, en San Rafael, Antioquia, afectó una estructura de explotación ilícita de oro con capacidad para extraer cerca de 3.000 gramos mensuales.

El procedimiento también dejó una afectación económica estimada en 1.040 millones de pesos, según el valor atribuido a la maquinaria, los equipos, los combustibles y los demás insumos que estaban en el lugar.

La intervención se concentró en una unidad de producción minera ubicada en el oriente antioqueño. Allí, las tropas destruyeron equipos que, de acuerdo con el reporte militar, eran utilizados para mantener la actividad extractiva sin autorización.

La operación estuvo a cargo de uniformados del Batallón Especial Energético y Vial Nº 4. Los militares inutilizaron una excavadora que estaba oculta entre ramas de árboles para evitar que pudiera ser detectada desde el aire.

Entre los elementos hallados, los militares encontraron una antena de internet satelital conectada a un panel solar. El dispositivo permitía que los operadores mantuvieran comunicación permanente desde la zona de explotación.

Según la información entregada por la brigada, la antena era utilizada para reportar los avances de la extracción de oro a los cabecillas de la Subestructura Pacificadores de Samaná. También servía para alertar sobre la presencia de tropas en el sector.

La estructura intervenida contaba con equipos para sostener el proceso de extracción y clasificación del material. Las autoridades hallaron turbinas diésel, motobombas, sistemas de succión, herramientas de soldadura, mangueras, lubricantes y combustibles.

La presencia de esos elementos muestra que la unidad disponía de recursos para operar de forma continua. La capacidad de producción calculada por los militares superaba los 1.300 millones de pesos mensuales.

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Defensoría exige que se esclarezca muerte de joven en operativo de la Fuerza Pública, en Nariño

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*Las autoridades señalan a Keiner Banguera como integrante de las disidencias.

La Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades esclarecer los hechos en los que perdió la vida el joven Keiner Banguera en El Charco, Nariño, el pasado 2 de octubre.

Según la entidad, la información conocida plantea distintas hipótesis, entre ellas que el joven de 19 años presuntamente era integrante de las disidencias de las FARC.

Al parecer, la Fuerza Pública se habría enfrentado a unas personas que estaban en una embarcación durante el operativo. Fueron recuperados $675 millones en efectivo, la embarcación y dos cargadores de pistola con munición.

Supuestamente Keiner estaba en la embarcación y fue señalado como integrante de una estructura de las disidencias.

Sin embargo, esto fue rechazado por la comunidad y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Ali Bantú Ashanti, abogado y defensor de derechos humanos, expuso que Banguera hizo parte de procesos juveniles y comunitarios en El Charco.

«Corresponde a la justicia penal ordinaria establecer qué ocurrió, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la muerte y definir si hay lugar a responsabilidades. Por esta razón, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación y adelantar las actuaciones necesarias para el pronto esclarecimiento de los hechos», indicó la Defensoría del Pueblo.

Pidió que los informes del primer respondiente y los demás elementos materiales probatorios sean puestos a disposición de la Fiscalía, y que dentro de la investigación se verifique el cumplimiento de los protocolos aplicables a la actuación de la Fuerza Pública.

«Hacemos un llamado a la Fuerza Pública a brindar plena colaboración a las autoridades judiciales, suministrar la información requerida y contribuir al esclarecimiento de los hechos con total transparencia», agregó la Defensoría.

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Policía incauta 500 ampollas de fentanilo ocultas en un bus en la vía Barranquilla a Santa Marta

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En un vehículo de servicio público que cubría la ruta Barranquilla – Santa Marta, la Policía de Tránsito encontró 500 ampollas de fentanilo. La droga era llevada en una bodega como una encomienda. Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía que realizaban trabajos de control en la transitada vía por la temporada de receso escolar, se percataron de las 500 ampollas de fentanilo de 10 mililitros cada una.

El coronel Jeyson Haird López, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, dio a conocer que la droga estaba camuflada en la bodega del automotor dentro de una caja, como una supuesta encomienda.

“La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, hace la incautación de 500 ampolletas de fentanilo de 10 mililitros, las cuales eran avaluadas en un aproximado de 300 millones de pesos. La modalidad de transporte de estas eran encomiendas en vehículo de servicio público. La sustancia fue incautada y dejada a disposición de la autoridad correspondiente”.

El coronel López señaló que la Policía Nacional “continuará desplegando los controles operativos en las vías nacionales con el fin de evitar que esta sustancia entre en circulación de manera ilegal”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta también invitó a la ciudadanía y al sector transportador a suministrar información que permita prevenir hechos relacionados con el transporte ilegal de sustancias, a través de la línea 123.

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