*Un fallo de tutela había restringido los bombardeos cuando se presumía la presencia de menores en las zonas donde se iban a adelantar las operaciones.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo de tutela y dejó sin efectos una medida provisional que restringía los bombardeos cuando se presumía que había presencia de menores en las zonas donde se iban a adelantar las operaciones.

“La providencia permite que las Fuerzas Militares continúen desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal vigente, observando en todo momento los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el Gobierno tras la decisión.

Desde el Ejecutivo también aseguraron que se tomarán las medidas para proteger a los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados.

“El Gobierno reitera, además, que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales constituyen graves violaciones de sus derechos. Su prevención y la protección integral de las víctimas seguirán siendo prioridades de las instituciones del Estado”, se lee en el comunicado de la Presidencia.

Justamente, tras esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el director de Medicina Legal confirmó que, durante este Gobierno, ocho menores han fallecido en operaciones militares. En lo corrido del año, se registran en total 17 menores fallecidos en estas circunstancias.

*Entre los heridos hay una adolescente de 16 años de edad.

Un ataque sicarial se perpetró en la noche del sábado en inmediaciones del bulevar del barrio Costa Hermosa, en el municipio de Soledad. Sicarios que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la parte externa de una tienda.

En el hecho perdió la vida un hombre identificado como Yerson David Zárate Gutiérrez, de 34 años de edad.

Así mismo resultaron heridos Josman Smith González García, de 30 años; William Giovani Rueda Sarmiento, de 20; y una adolescente de 16 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial cercano.

El CTI de la Fiscalía asumió la investigación del caso.

Las autoridades investigan si el hecho guardaría relación con una disputa por el control territorial de las rentas criminales entre ‘Los Pepes’, ‘Los Costeños’ y ‘Los del Freseo’.

*El hombre habría viajado al Valle de Aburrá al menos siete veces para tener encuentros sexuales con adolescentes.

El ciudadano peruano-estadounidense Heinz Pool Rigoberto Buleje fue condenado a 23 años de prisión en Estados Unidos por explotación sexual comercial de una menor de edad, en un caso relacionado con hechos ocurridos en 2017 en el municipio de Copacabana. La condena se conoce después de que, en 2023, la Corte Suprema de Justicia de Colombia negara su extradición a territorio estadounidense al considerar que los delitos por los que era requerido ocurrieron en territorio colombiano y que las víctimas eran niñas y adolescentes colombianas.

Los hechos que dieron origen al caso se remontan a diciembre de 2017, cuando las autoridades realizaron un operativo en la finca La Victoria en donde fueron encontradas 15 menores de edad que, según las investigaciones, habrían sido llevadas allí para sostener encuentros sexuales con el extranjero a cambio de dinero y regalos.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, durante las reuniones también habría existido consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Además, la investigación señaló que Buleje habría viajado en varias ocasiones a Colombia entre 2010 y 2017 para sostener encuentros sexuales con menores de edad.

La condena de 23 años en Estados Unidos generó la reacción inmediata del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X aseguró que, “este descarado les ofrecía fiesta, dinero, drogas y alcohol a cambio de sexo. Que los extranjeros sepan que si vienen a Medellín a delinquir, van a terminar pagando y bastante caro”.

Hay que recordar que este caso se convierte en la decimocuarta condena contra ciudadanos extranjeros por explotación sexual de menores de edad en Medellín en los últimos dos años, siendo el caso más significativo el de Stefan Correa que fue condenado a cadena perpetua.