Como parte de la estrategia de priorización definida para abordar los casos relacionados con crímenes perpetrados por estructuras paramilitares, la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del coronel en retiro del Ejército Nacional Wilson Humberto Velandia Serrano, y le impuso medida de detención preventiva en establecimiento carcelario por su posible participación en el secuestro, abuso sexual, tortura, homicidio y desaparición forzada de dos hermanas en Granada (Antioquia), entre el 21 y el 22 de febrero de 2003.

De acuerdo con la investigación, que se sigue de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000, integrantes del Frente Batallas del Santuario del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) retuvieron a las jóvenes, de 19 y 17 años, en la plaza principal del municipio y las movilizaron a una vivienda.

Al lugar presuntamente llegó Velandia Serrano, quien en su momento era teniente del Batallón de Artillería N°4, adscrito a la Cuarta Brigada, trasladó a la adolescente al baño y la agredió sexualmente, mientras su hermana era sometida a distintos vejámenes por otros hombres. Conductas a las que posteriormente también se habría unido el oficial.

Las víctimas fueron golpeadas y amenazadas, en medio de señalamientos de supuestos nexos con otro grupo ilegal. Las evidencias recopiladas indican que Velandia Serrano, al parecer, ordenó a la estructura paramilitar asesinarlas y sepultarlas en un cerro; y años después habría dispuesto la exhumación de los cuerpos para evitar que fueran ubicadas.

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ordenó la captura del coronel (r), la cual fue materializada por unidades de la Sijin de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia). De igual manera, lo vinculó mediante diligencia de indagatoria como posible responsable de los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

*La investigación identificó la continuidad de las operaciones ilegales pese a cinco suspensiones ordenadas por la autoridad ambiental.

Los vertimientos de residuos peligrosos que estarían llegando al canal hídrico Policarpa, que desemboca en la bahía de Cartagena (Bolívar), dejaron en evidencia la actividad ilegal de una empresa dedicada a la recolección y tratamiento de residuos de petróleo, aceites y desechos sólidos.

A partir de una denuncia interpuesta por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) del Distrito de Cartagena de Indias, la Fiscalía General de la Nación realizó varias actividades investigativas que permitieron conocer que la compañía operaba desde 2021, sin licencia ambiental.

Desde su sede, ubicada en el barrio Arroz Barato, arrojaba material que afectaban la flora, la fauna, el suelo y el agua. Los peritajes evidenciaron que las descargas estarían causando afectaciones en la salud de los habitantes, pues usaban el agua contaminada para cubrir sus
necesidades básicas.

Además, se acreditaron daños en el ecosistema, desaparición de especies animales y vegetales, y pérdida de nutrientes y disminución de la fertilidad en el terreno.

La autoridad ambiental suspendió a la empresa en, al menos, cinco oportunidades. No obstante, continuó con sus actividades industriales.

Por estos hechos, fueron capturados Omar Arturo Gutiérrez Florián, representante legal de la compañía; Pedro Enrique Figueroa Salcedo, Cecilio Rodríguez Amaranto, Wilmer José Sarmiento Tejedor y Yan Carlos Núñez Bautista.

Durante la diligencia adelantada con apoyo de la Policía Nacional fueron hallados contenedores y tanques con sustancias oleosas y viscosas derivadas de hidrocarburos, así como mangueras, válvulas y tapones que evidenciarían descargas directas al canal.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, el delito de contaminación ambiental.

A Gutiérrez Florián, representante legal, se le atribuyeron circunstancias de agravación. Los cargos fueron aceptados.

*La víctima abordó un taxi al salir de un establecimiento nocturno en Chapinero. Permaneció retenida cerca de 40 horas y fue obligada a realizar transferencias por aproximadamente 40 millones de pesos.

Luego de valorar las pruebas y argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado condenó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo a 28 años y 6 meses de prisión por el secuestro y hurto de una mujer que tomó un taxi para regresar a su residencia en Bogotá.

En el curso de la investigación liderada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se conoció que, en la madrugada del 22 de febrero de 2026, la víctima salió de un establecimiento nocturno en la localidad de Chapinero y, ante la imposibilidad de solicitar transporte mediante una aplicación, abordó un taxi en la calle con destino a Engativá.

Juan Pablo Gómez Cardozo conducía el vehículo y se detuvo cerca de la residencia de la mujer para permitir que su hermano y otro hombre subieran. Los dos la sometieron mediante agresiones físicas y verbales, y se apoderaron de sus pertenencias.

Posteriormente, la trasladaron a un inmueble donde permaneció retenida cerca de 40 horas.

Durante ese tiempo le exigieron las claves bancarias y obligaron a realizar transferencias virtuales por aproximadamente 40 millones de pesos. Finalmente, fue liberada el 23 de febrero en inmediaciones de la vía a Choachí (Cundinamarca).

Los hermanos Gómez Cardozo, durante la audiencia de imputación realizada en marzo, aceptaron de manera libre y voluntaria los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas. La condena en su contra, además de definir pena en centro carcelario, les impuso una multa de 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes.