El presidente Gustavo Petro cerró la posibilidad de encontrar una salida negociada a los diálogos con la guerrilla del ELN. El mandatario se levantó de la mesa después del ataque de los subversivos a una guarnición oficial que dejó dos uniformados muertos.

“Esta es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz”, dijo el presidente Petro con relación al ataque, atribuido a esa guerrilla, que dejó dos soldados muertos y 25 más que resultaron heridos.

El atentado terrorista se registró en la mañana de este 17 de septiembre en jurisdicción del corregimiento de Puerto Jordán (Arauca). Desde una volqueta, cargada de tatucos, los ilegales atacaron la base militar.

“Esto es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo, seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez: como si esa fuera nuestra historia”, añadió el presidente Petro.

Las conversaciones con esta guerrilla estaban casi muertas. Desde el pasado 11 de abril permanecían congeladas y, pese a los llamados del Gobierno y de los mediadores de retomar el diálogo, los ilegales pedían concesiones –difíciles de cumplir– para volver a sentarse en la mesa.

La última pretensión de los armados ilegales era que el Gobierno los excluyera de la lista de Grupos Armados Organizados. Una decisión del Ejecutivo en ese sentido implicaría, cuando menos, que la Fuerza Pública dejara en un segundo plano los operativos contra esa guerrilla.

Ante las negativas del Gobierno, los ilegales siempre amenazaron con levantarse de la mesa y activar el conflicto en las zonas donde hacen presencia (ver gráfico). En agosto pasado mostraron los dientes cuando el Frente de Guerra Occidental decretó un paro armado que tuvo confinadas a 50.000 personas durante nueve días en Chocó.

Dos militares muertos y 25 heridos es el nuevo balance de las autoridades acerca del atentado terrorista contra una base del Ejército en el corregimiento de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca.

El ataque, ocurrido en la mañana de este martes, fue perpetrado con cilindros-bomba lanzados desde unas rampas artesanales, acondicionados en una volqueta, de acuerdo con la información preliminar de las Fuerzas Militares.

Teniendo en cuenta que Arauca es un territorio que históricamente ha estado marcado por la presencia de grupos armados al margen de la ley como las disidencias de las Farc y el ELN, fuentes cercanas al Ejército Nacional han indicado que manejan la hipótesis inicial de que el ataque haya sido perpetrado por esta última organización criminal. No obstante, las autoridades han asegurado que continúan investigando.

Testigos locales informaron a los medios de comunicación que la explosión generó pánico en la comunidad. Según manifestaron, debido a que el ataque tuvo lugar cerca de un colegio, varios padres de familia corrieron desesperados a buscar a sus hijos, pues en medio del ataque algunos menores habrían resultado heridos, aturdidos o desmayados a causa del impacto de la explosión.

Una fiscal de la Seccional Cundinamarca, con el apoyo del grupo de género adscrito a la Unidad Especial de Investigación, presentó ante un juez de control de garantías a Luis Lorenzo Correa Baracaldo, quien el 23 de junio pasado le habría lanzado a su compañera sentimental una sustancia térmica y luego procedió a prenderle fuego.

Estos hechos ocurrieron en un inmueble del barrio Villa Mónica, en el municipio de Subachoque, Cundinamarca.

Según la investigación, tras el ataque la víctima, identificada como Yenny Esperanza González, fue trasladada a un centro médico por varios familiares. Sin embargo, la complejidad de su estado de salud impidió salvarle la vida y falleció el 23 de agosto en un hospital del Cundinamarca. La Fiscalía imputó al procesado el delito de feminicidio agravado. El cargo no fue aceptado.

Los investigadores recopilaron material de prueba que evidenció que Correa Baracaldo venía ejerciendo un ciclo de violencia física y psicológica contra la víctima.

Por estos hechos Correa Baracaldo fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Cundinamarca el pasado 12 de septiembre en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá cuando, al parecer, adelantaba trámites para salir del país.

Por petición de la Fiscalía, el juez con función de control de garantías impuso al investigado medida de aseguramiento en centro carcelario.