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Indagan presunta pérdida de mercancía que Dian donó a Policía Fiscal y Aduanera

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La Contraloría General de la República abrirá una Indagación Preliminar para determinar con plena certeza la configuración de un daño patrimonial por la presunta pérdida de una mercancía donada por la Dian en febrero pasado a la Policía Fiscal y Aduanera -Polfa-, por un valor que supera los $4.404 millones, algo más de un millón de dólares.

Esta mercancía, que fue incautada por la Dian en operaciones de control al contrabando, incluye equipos tecnológicos y electrodomésticos, como consolas de videojuegos, parlantes, televisores, equipos de sonido, audífonos y relojes inteligentes. También confecciones y maletas para hombres, mujeres y niños. Igualmente, enseres como baterías de ollas y freidoras de aire, lo mismo que bicicletas y juguetes, gafas y pantuflas.

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad estableció deficiencias en la custodia, almacenamiento, control y distribución de estos bienes, en tres casos específicos de donaciones de la Dian a la Polfa, autorizadas mediante resoluciones del 15, 16 y 21 de febrero del presente año.

Con base en el seguimiento efectuado a la trazabilidad del procedimiento de donación y una visita del equipo auditor a las instalaciones de la Dirección de la Polfa, se determinaron tres (3) hechos:

Hecho uno:

Se presentan evidentes deficiencias en el almacenamiento e inventario de las mercancías y falta de controles para la reubicación o distribución final de los elementos entregados en donación, según las resoluciones citadas, toda vez que dichas mercancías deben estar registradas en el formato:

“Acta de comprobación y/o entrega de bienes y mercancía , de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la Policía Nacional”, con el fin de dar una correcta administración y custodia a los elementos donados, dentro de los cuales se encuentran:

Equipos tecnológicos y electrodomésticos (consolas de videojuegos, parlantes, televisores, equipos de sonido, audífonos, relojes inteligentes, entre otros).

Los elementos que se mencionan en las resoluciones, Formato –“Planilla de entrega de bienes al personal beneficiario” carecen de las mismas características contenidas en el “Acta de comprobación y/o entrega de bienes y mercancía, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la Policía Nacional “ “Planilla de entrega de bienes al personal beneficiario”, es decir, no se corresponden, por lo que no se logró obtener la trazabilidad.

Esto significa, que una es la manera como la Dian identifica cada bien y otra la manera como la Polfa los clasifica para luego ser entregados. Por consiguiente, los dos registros de la información, la de la Polfa y la Dian, al cruzarse no coinciden.

Adicionalmente, en la inspección física realizada en la bodega de la Polfa, lugar de almacenamiento de los elementos objeto de donación, se observó que los mismos están guardados dentro de lonas, cajas apiladas – algunas en mal estado -, y sin inventariar.

Tal situación impide la toma física de inventarios, movimientos e inspección de los bienes en la bodega, si se tiene en cuenta la complejidad para mover las mercancías, situación que limita e impide su reconocimiento y, por consiguiente, lo que sí pone de presente y evidencia es la debilidad y/o falta en los controles de cara a la reubicación o distribución final de tales elementos.

Hecho dos:

Corresponde a una inconsistencia entre lo que solicitó una dependencia de la Policía y lo que efectivamente entregó la Polfa, por cuanto lo que se solicitó a la Dian fue la de donación de sábanas y acolchados para 28 auxiliares de Policía que pernoctan en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Pereira. Sin embargo, en la planilla correspondiente se verificó fue la entrega de bienes como más de 4.500 metros de telas y 38 rollos, chanclas, bóxer, tenis, medias, suéteres y camisetas en esa misma cantidad.

Quiere decir esto que se pidió una donación de sábanas y acolchados y lo efectivamente entregado fueron otras mercancías de mayor valor.

Hecho tres:

Según lo manifestado en la visita realizada por la CGR, la Resolución 1297 del 21 de febrero de 2024, se encuentra cargada en el aplicativo de inventarios SAP-SILOG, pero aquélla no aparece contabilizada por la Polfa, por lo cual no se puede evidenciar la entrada o salida del almacén.

No obstante, en el documento “Planilla de entrega de bienes al personal beneficiario”, se verifica la entrega de los bienes descritos en la citada resolución, que incluyen 300 camisetas, 200 pares de baletas, 6193 gafas, 200 pares de pantuflas, 300 relojes digitales y 620 pares de zapatos playeros, entre otros elementos.

De esta manera, para la Contraloría es evidente que se hizo entrega de elementos donados sin que los mismos hayan sido registrados y clasificados previamente en la contabilidad de la Policía Fiscal y Aduanera – Polfa, lo cual no es más que una manera discrecional, cuando no arbitraria y non sancta, de disponer de unos bienes públicos, como son las mercancías incautadas.

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Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

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Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

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El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

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Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

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Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

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Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

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