*Harold Daniel Barragán Ovalle participó en la planeación del atentado mediante cuatro videollamadas.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Harold Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en la planeación del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025, fuera sentenciado por su participación en el crimen.

En ese sentido, un juez penal especializado de Bogotá dio lectura a la sentencia de 21 años y 4 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que Barragán Ovalle participó, a través de cuatro videollamadas, en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas, el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado.

Asimismo, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima y ayudado a Elder José Arteaga, alias Chipi, a permanecer oculto y evadir la acción de las autoridades.

La investigación estableció que este hombre hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.

En su decisión el juez no concedió ningún subrogado penal y ni prisión domiciliaria, además le impuso una multa de 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025.

La sentencia quedó en firme.

*Los cuerpos recuperados en el departamento son trasladados a la sede de Medicina Legal en Pereira, donde se adelantan los procedimientos de identificación y entrega.

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dispuso un equipo especializado para acompañar a las familias durante los procedimientos de identificación y entrega de las víctimas del terremoto en Risaralda.

Los cuerpos de las personas fallecidas son trasladados a la sede de Medicina Legal en Pereira. Allí, fiscales, asistentes fiscales y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en conjunto con la SIJIN de la Policía Nacional orientan a los familiares durante el proceso de reconocimiento e identificación.

Las personas que acudan al punto de atención serán entrevistadas por servidores de policía judicial para acreditar el parentesco con la víctima. Con el propósito de agilizar la expedición del acta de entrega, deberán presentar la cédula de ciudadanía y el registro civil o la tarjeta de identidad, según corresponda.

Además, se habilitó un punto de atención en el comando de la Policía Nacional, ubicado en la avenida de Las Américas No. 46-58, en Pereira, para brindar orientación, atención a la ciudadanía y recibir denuncias.

También están disponibles la línea 122, el botón Denuncia Fácil en la página web de la Fiscalía General de la Nación y la línea gratuita nacional 018000 919 748.

Para la búsqueda de personas desaparecidas se habilitó un código QR, que es diligenciado por funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional, los organismos de socorro y Medicina Legal. La información recopilada se consolida y sincroniza permanentemente con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), para facilitar las labores de búsqueda, identificación y ubicación.

*Es el primer alto funcionario del pasado Gobierno en ser llamado a juicio por este caso.

La Fiscalía radicó escrito de acusación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, por el proceso de presunta violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Roa, quien fue gerente de la campaña, es el primer alto funcionario del pasado Gobierno en ser llamado a juicio por este caso.

Hay que recordar que el proceso llegó a este punto después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionara a la campaña de Petro por sobrepasar los topes que estableció la ley para realizar la campaña y no informar sobre algunos aportes.

Según la Fiscalía, Roa fue el encargado de que en el aplicativo Cuentas Claras apareciera un gasto de la campaña de Petro de $28.384 millones, sin embargo, la Fiscalía explicó que el gasto real fue de $29.924 millones, es decir, más de $1.500 millones.

«Conforme a la información que fue por ustedes presentada en la campaña, esa rendición no refleja integralmente el gasto real de la primera vuelta; y no fueron incorporados en su totalidad ante el CNE», argumentó el ente acusador en este proceso.

Entre los gastos de la campaña que están siendo cuestionados está un préstamo del Polo Democrático Alternativo por $500 millones y un gasto de $292 millones de la Unión Sindical Obrero (USO).

«Los gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato», informó la Fiscalía.