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Gobierno pide suspender órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo

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*Entre los beneficiados por la medida destaca ‘Chiquito Malo’, quien asumió el mando de la organización tras la extradición de alias ‘Otoniel’.

El Gobierno nacional emitió una resolución con fecha de abril de 2026 que oficializa la petición de suspensión de las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo.

Esta medida busca facilitar el avance de un proceso de «conversación sociojurídica» con la organización, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.

Entre los beneficiados por la medida destaca ‘Chiquito Malo’, quien asumió el mando de la organización tras la extradición de alias ‘Otoniel’.

La resolución también incluye a otras figuras como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo. Es relevante señalar que la suspensión abarca incluso aquellas órdenes con fines de extradición, permitiendo que estos líderes se movilicen hacia puntos específicos de concentración.

Zonas de ubicación y carácter restrictivo
El objetivo principal de esta resolución es permitir el reagrupamiento de los integrantes del grupo en las denominadas Zonas de Ubicación Temporal. De acuerdo con el documento, se han definido dos puntos geográficos para este fin: Tierraalta, en el departamento de Córdoba, y Belén de Bajirá, en el Chocó.

El proceso de traslado se ha programado para iniciar el próximo 25 de junio de 2026 de manera gradual y progresiva.

Finalmente, el cronograma establecido genera interrogantes en el ámbito político. Dado que la concentración en las zonas de ubicación comenzará a finales de junio de 2026, el proceso entrará en su fase más crítica cuando resten apenas seis semanas para que finalice el mandato del gobierno de Gustavo Petro.

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Destruyen mina ilegal del Clan del Golfo en Antioquia: habían instalado una antena satelital para evadir a las autoridades

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*El operativo militar inutilizó equipos para extraer hasta 3.000 gramos mensuales de oro.

*Los militares incautaron una antena de internet satelital que funcionaba alimentada por un panel solar – crédito Ejército

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó que una operación en la vereda El Ingenio, en San Rafael, Antioquia, afectó una estructura de explotación ilícita de oro con capacidad para extraer cerca de 3.000 gramos mensuales.

El procedimiento también dejó una afectación económica estimada en 1.040 millones de pesos, según el valor atribuido a la maquinaria, los equipos, los combustibles y los demás insumos que estaban en el lugar.

La intervención se concentró en una unidad de producción minera ubicada en el oriente antioqueño. Allí, las tropas destruyeron equipos que, de acuerdo con el reporte militar, eran utilizados para mantener la actividad extractiva sin autorización.

La operación estuvo a cargo de uniformados del Batallón Especial Energético y Vial Nº 4. Los militares inutilizaron una excavadora que estaba oculta entre ramas de árboles para evitar que pudiera ser detectada desde el aire.

Entre los elementos hallados, los militares encontraron una antena de internet satelital conectada a un panel solar. El dispositivo permitía que los operadores mantuvieran comunicación permanente desde la zona de explotación.

Según la información entregada por la brigada, la antena era utilizada para reportar los avances de la extracción de oro a los cabecillas de la Subestructura Pacificadores de Samaná. También servía para alertar sobre la presencia de tropas en el sector.

La estructura intervenida contaba con equipos para sostener el proceso de extracción y clasificación del material. Las autoridades hallaron turbinas diésel, motobombas, sistemas de succión, herramientas de soldadura, mangueras, lubricantes y combustibles.

La presencia de esos elementos muestra que la unidad disponía de recursos para operar de forma continua. La capacidad de producción calculada por los militares superaba los 1.300 millones de pesos mensuales.

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Defensoría exige que se esclarezca muerte de joven en operativo de la Fuerza Pública, en Nariño

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*Las autoridades señalan a Keiner Banguera como integrante de las disidencias.

La Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades esclarecer los hechos en los que perdió la vida el joven Keiner Banguera en El Charco, Nariño, el pasado 2 de octubre.

Según la entidad, la información conocida plantea distintas hipótesis, entre ellas que el joven de 19 años presuntamente era integrante de las disidencias de las FARC.

Al parecer, la Fuerza Pública se habría enfrentado a unas personas que estaban en una embarcación durante el operativo. Fueron recuperados $675 millones en efectivo, la embarcación y dos cargadores de pistola con munición.

Supuestamente Keiner estaba en la embarcación y fue señalado como integrante de una estructura de las disidencias.

Sin embargo, esto fue rechazado por la comunidad y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Ali Bantú Ashanti, abogado y defensor de derechos humanos, expuso que Banguera hizo parte de procesos juveniles y comunitarios en El Charco.

«Corresponde a la justicia penal ordinaria establecer qué ocurrió, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la muerte y definir si hay lugar a responsabilidades. Por esta razón, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación y adelantar las actuaciones necesarias para el pronto esclarecimiento de los hechos», indicó la Defensoría del Pueblo.

Pidió que los informes del primer respondiente y los demás elementos materiales probatorios sean puestos a disposición de la Fiscalía, y que dentro de la investigación se verifique el cumplimiento de los protocolos aplicables a la actuación de la Fuerza Pública.

«Hacemos un llamado a la Fuerza Pública a brindar plena colaboración a las autoridades judiciales, suministrar la información requerida y contribuir al esclarecimiento de los hechos con total transparencia», agregó la Defensoría.

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Policía incauta 500 ampollas de fentanilo ocultas en un bus en la vía Barranquilla a Santa Marta

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En un vehículo de servicio público que cubría la ruta Barranquilla – Santa Marta, la Policía de Tránsito encontró 500 ampollas de fentanilo. La droga era llevada en una bodega como una encomienda. Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía que realizaban trabajos de control en la transitada vía por la temporada de receso escolar, se percataron de las 500 ampollas de fentanilo de 10 mililitros cada una.

El coronel Jeyson Haird López, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, dio a conocer que la droga estaba camuflada en la bodega del automotor dentro de una caja, como una supuesta encomienda.

“La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, hace la incautación de 500 ampolletas de fentanilo de 10 mililitros, las cuales eran avaluadas en un aproximado de 300 millones de pesos. La modalidad de transporte de estas eran encomiendas en vehículo de servicio público. La sustancia fue incautada y dejada a disposición de la autoridad correspondiente”.

El coronel López señaló que la Policía Nacional “continuará desplegando los controles operativos en las vías nacionales con el fin de evitar que esta sustancia entre en circulación de manera ilegal”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta también invitó a la ciudadanía y al sector transportador a suministrar información que permita prevenir hechos relacionados con el transporte ilegal de sustancias, a través de la línea 123.

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