*Mediante la utilización de métodos no convencionales de extracción de oro, el vertimiento de sustancias tóxicas y el abandono de residuos sólidos estarían ocasionando graves daños en la ronda del río Quinamayó.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 personas señaladas de extraer oro de manera ilegal en las modalidades de socavón y aluvión en la vereda La Alegría, en zona rural de Santander de Quilichao (Cauca).

Estos hombres fueron capturados en situación de flagrancia en una acción coordinada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

En el procedimiento se constató que serían los encargados de realizar las actividades de minería sin los permisos de ley, usar métodos no convencionales de explotación, arrojar residuos sólidos y verter sustancias tóxicas a las fuentes hídricas, generando graves afectaciones al ecosistema, especialmente al río Quinamayó, principal receptor del material contaminante.

De igual manera, en el lugar fueron encontrados 2 motores que eran utilizados para activar un sistema de poleas que trituraba el material obtenido; 2 motobombas empleadas para el drenaje de los socavones y el manejo del agua, 4 dragas tipo buzo, 6 clasificadoras de oro y tres taladros percutores.
Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y ecocidio, y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos.

Los procesados fueron identificados como: Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez.

Estas personas no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro
carcelario.

*El uniformado agredió al deportista sin justificación alguna y posteriormente le disparó con el arma de dotación.

El Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar) en fallo de segunda instancia señaló que la Fiscalía General de la Nación cumplió con la carga probatoria y presentó argumentos para acreditar la responsabilidad del patrullero Octavio Darío Porras Vides en la muerte de un joven futbolista y en las maniobras posteriores realizadas para intentar justificar su actuación.

En ese sentido, dejó en firme la condena de 33 años y cuatro meses de prisión en contra del uniformado por los delitos de homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público.

Durante la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos se conoció que, el 24 de agosto de 2020, el policía llegó a un lavadero de carros ubicado en el barrio San Francisco, en Cartagena, y golpeó al adolescente porque no brindó información exacta sobre los horarios de atención del establecimiento de comercio.

La víctima escapó del lugar para poner fin a la agresión, pero fue perseguida y alcanzada por Porras Vides, quien le propinó un disparo en el abdomen con el arma de dotación. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial y allí murió.

Posteriormente, el uniformado participó en la alteración de los reportes oficiales para indicar que el deportista hacía parte de una pandilla y había atacado a varios policías con un arma artesanal, la cual fue obtenida y entregada en cadena de custodia. Sin embargo, las verificaciones y los análisis de balística evidenciaron que esa versión era falsa porque el joven no portó ni usó un arma de fuego, y el artefacto hechizo aportado no era apto para disparar.

En el fallo emitido por el Tribunal fueron absueltos los patrulleros Iván Darío Olivo de Ávila y Juan Esteban Gómez Ricard, quienes habían sido sentenciados en primera instancia por los delitos de favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público. Contra esta determinación la Fiscalía interpuso el recurso de casación.

*Son señalados de orientar contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para asegurar votos que permitieran el paso de proyectos gubernamentales en el Congreso.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Los exfuncionarios son señalados de convocar reuniones, impartir directrices y hacer seguimiento para direccionar proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en beneficio de congresistas, con el fin de asegurar su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de tres momentos. Entre junio y septiembre de 2023, habrían intervenido indebidamente en 78 contratos (73 en Invias y 5 en UNGRD), que ascendieron en cuantía a 612.000 millones de pesos, siete de los cuales se concretaron.

Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales en la UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Estos negocios no alcanzaron a ser celebrados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.

Finalmente, se les atribuye mediar de manera ilegal, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, para que un contrato de la UNGRD que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), y comprometía 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.