El senador del Pacto Histórico Wilson Arias denunció el hallazgo de un micrófono oculto en la biblioteca de su oficina personal, ubicada en el sexto piso del edificio nuevo del Senado de la República.

La denuncia la hizo a través de su cuenta de X, donde publicó un video en el que muestra el dispositivo y exige garantías para el ejercicio de la oposición. «No nos van a intimidar», escribió el congresista al dar a conocer el hallazgo.

En el video, Arias explica que el dispositivo de escucha fue encontrado con la participación del cuerpo administrativo del Senado y con la asistencia de personal altamente especializado, en el marco de las revisiones que el senador inició al comenzar el nuevo período legislativo.

Según sus palabras, la decisión de hacer esas revisiones estuvo motivada por el contexto político, ante lo que describió como «un gobierno que se denuncia de ultraderecha, perseguidor de las luchas populares y sociales» y que, según él, ha anunciado desmantelar a la izquierda.

El congresista señaló que el micrófono fue localizado en la parte superior de la biblioteca de su oficina, y que su hallazgo «raya el Código Penal». Arias anunció que llevará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por lo que considera una violación a sus derechos y garantías como senador en ejercicio.

El caso no se limita a su despacho, en las mismas pesquisas, Arias afirmó que también se encontró un dispositivo de escucha en la oficina del exsenador Julián Gallo, esta vez instalado en el teléfono fijo. Según el senador, Gallo también fue objeto de «iguales violaciones de sus derechos», lo que sugiere que el espionaje habría apuntado a más de un miembro del Pacto Histórico dentro del Congreso.

Por ahora, la identidad de quienes habrían instalado los dispositivos sigue sin determinarse. Arias no señaló directamente a ningún autor en su denuncia pública, aunque el contexto político que describió en el video deja entrever sus sospechas.

La Fiscalía General de la Nación tendrá que determinar el origen de los micrófonos, cuánto tiempo estuvieron activos y qué información pudo haber sido captada durante ese período.

Arias subrayó que la revisión fue intencional y coordinada, lo que plantea una pregunta incómoda sobre cuántos espacios similares dentro del Congreso nunca han sido sometidos a ese tipo de revisión.

El hallazgo también llega en un momento de alta tensión política en Colombia.

La publicación generó una reacción inmediata en redes sociales y encendió el debate sobre las condiciones de seguridad al interior del Legislativo. El hecho de que el hallazgo haya ocurrido con presencia del cuerpo administrativo del Senado le da un carácter institucional a la denuncia, aunque hasta el momento no hay una versión oficial de la mesa directiva del Senado al respecto.

La denuncia ante la Fiscalía marcará el ritmo de lo que sigue y se espera que se logre establecer quienes son los responsables, el caso podría derivar en consecuencias penales concretas para quienes ordenaron o ejecutaron la instalación de los dispositivos.

Por ahora, el Senado de la República tiene sobre la mesa una denuncia que involucra al menos dos oficinas de congresistas del Pacto Histórico, dos dispositivos de escucha y ninguna explicación oficial.

*La demanda de nulidad simple fue presentada por Luis Carlos Domínguez Prada y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la designación del excomandante de las Autodefensas, Salvatore Mancuso, como gestor de paz.

Esto después tras admitir una demanda de nulidad simple presentada por Luis Carlos Domínguez Prada y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe.

Los demandantes de este acto administrativo indicaron que el Ejecutivo no estableció con claridad por cuánto tiempo, en qué lugares y qué funciones concretas debía cumplir Mancuso como gestor de paz.

Asimismo, señalaron que esa circunstancia afecta los derechos de las víctimas del grupo armado ilegal del que hizo parte el desmovilizado y, aunque el Presidente de la República tiene una facultad discrecional para adoptar medidas encaminadas a alcanzar la paz, no puede ejercerse de manera arbitraria y debe respetar los derechos de las víctimas.

El Consejo de Estado indicó que las faltas de los límites contradice el derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia y a contar con recursos judiciales efectivos, reconocidos en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por esta razón accedió a la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo, mientras se toma una decisión definitiva.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido formalmente una demanda que pretende frenar la posesión del presidente Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali.

La información señala que el recurso judicial se presenta apenas tres días antes de que se lleve a cabo el evento, lo cual pone en vilo los preparativos que ya se encuentran en marcha en la capital del Valle del Cauca.

Fundamentos jurídicos y derechos amenazados

La acción judicial, identificada como una acción popular con solicitud de medida cautelar urgente, fue interpuesta por el ciudadano David Fernando Cano Masuera. El demandante argumenta que el traslado de la sede del Congreso a Cali para el acto de posesión amenaza una serie de derechos colectivos fundamentales.

Entre estos se destacan la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, así como la legalidad del gasto y la publicidad de la función pública.

El proceso legal vincula a una amplia gama de instituciones del Estado colombiano. Entre los accionados se encuentran el Congreso de la República (tanto el Senado como la Cámara de Representantes y sus mesas directivas), el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares.

Los argumentos presentados por Cano Masuera sugieren irregularidades en el proceso legislativo que permitió el cambio de sede. Específicamente, se menciona que la votación en el Congreso debió ser nominal y que existen dudas sobre la disponibilidad de fondos y las garantías de seguridad para un evento de tal magnitud fuera de Bogotá.

Al admitir la demanda, el Tribunal ha solicitado de manera extraordinaria una serie de pruebas certificadas y verificables a las autoridades correspondientes. La justicia busca revisar el texto exacto del acuerdo entre el Senado y la Cámara, las proposiciones aprobadas, las constancias de radicación y las órdenes del día definitivas.

Asimismo, se han requerido las actas de sesión y las certificaciones de quórum deliberatorio y decisorio para comprobar la legalidad de las actuaciones que permitieron el traslado de la sede del Congreso para la posesión presidencial.