Cámaras captaron el momento exacto en que el hombre, quien iba a confesarse, le robó el celular al sacerdote.

Un hombre que aparentemente acudió a una parroquia con la intención de confesarse terminó aprovechando un descuido para cometer un robo dentro del mismo templo, en un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El caso ocurrió en Paraguay, específicamente en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Presidente Franco. Allí, el protagonista de esta historia, identificado como Milciades Mercado Ocampos, se encontraba haciendo fila frente al confesionario, como cualquier feligrés que esperaba su turno.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, en medio de la espera, el hombre desvió su atención hacia el despacho parroquial.

En ese lugar, el sacerdote había dejado su teléfono celular, situación que fue aprovechada por el sujeto para ingresar discretamente, tomar el dispositivo y salir sin levantar sospechas inmediatas.

El momento del hurto quedó completamente registrado, lo que permitió reconstruir con detalle lo sucedido. Tras cometer el robo, el hombre abandonó la parroquia y huyó a bordo de una motocicleta, alejándose rápidamente del lugar.

*Vestía una camisa negra, pantalones negros y corbata roja, y parecía llevar una bolsa pequeña con munición, una pistolera de hombro, un cuchillo enfundado y pinzas y cortadores de alambre.

Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, se tomó una selfie armado ante el espejo de su habitación del hotel minutos antes del intento de atentado, informó la fiscalía este miércoles.

Según consta en el documento judicial en el que la fiscalía pide prisión preventiva para el acusado, Allen usó su teléfono para tomarse una fotografía en el espejo de su cuarto a las 20:03 hora local (00:03 GMT), unos 30 minutos antes del intento de asesinato.

El acusado vestía una camisa negra, pantalones negros y corbata roja, y parecía llevar una bolsa pequeña con munición, una pistolera de hombro, un cuchillo enfundado y pinzas y cortadores de alambre.

El documento también contiene fotografías de las armas que fueron incautadas cuando el acusado fue detenido: una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas.

La fiscalía presentó estas pruebas ante el Tribunal federal del Distrito de Columbia con el objetivo de convencer al juez en una audiencia el jueves, de mantener al detenido en prisión preventiva sin fianza mientras espera juicio.

Allen enfrenta un cargo por intento de asesinato al presidente, por el que podría ser condenado a cadena perpetua, y otros dos cargos relacionados con el uso de armas.

Según el relato de la fiscalía, el atacante premeditó el ataque del pasado sábado durante semanas.

Investigó información sobre la Cena de Corresponsales, a la que acudiría el presidente, buena parte del Gobierno y más de 2.000 invitados, y reservó una habitación en el mismo hotel del evento, el Washington Hilton.

Allen, de 31 años, viajó en tren desde California hasta la ciudad de Washington, de manera que cruzó el país de costa a costa transportando las armas.

Antes del ataque, programó una serie de correos electrónicos para enviarse automáticamente en los que se disculpaba con familiares, explicaba sus motivos, reconocía que estaba dispuesto a matar a miembros del Gobierno y consideraba que el resto de invitados podían ser un «daño colateral aceptable».

Un video publicado hoy por The Washington Post ofrece la imagen más nítida hasta la fecha del momento en que Allen pareció alzar su escopeta en dirección a un agente del Servicio Secreto, mientras pasaba a toda velocidad por el punto de control para acceder al evento.

En la imagen de apenas cuatro segundos puede verse como un agente disparó al menos cuatro veces al acusado.

*Jueces rechazaron la interpretación que le dio a la ley la administración de Donald Trump.

Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos falló este martes en contra de la política del Gobierno de Donald Trump que instruye a las autoridades a detener -sin posibilidad de fianza- a los migrantes que capturan en el país.

De manera unánime, los tres jueces del tribunal del Segundo Circuito, en Nueva York, rechazaron la interpretación que el Gobierno le está dando a la ley de migración, al forzar a las personas que son arrestadas por las autoridades migratorias a permanecer detenidas mientras se resuelven sus casos, procesos que pueden durar meses o incluso años.

En el fallo, los jueces señalaron que, aceptar esa política, supondría «el mandato más amplio de detención masiva sin derecho a fianza en la historia de nuestro país para millones» de migrantes.

«La interpretación del Gobierno (…) provocaría un impacto sísmico en nuestro sistema de detención migratoria y en la sociedad, al poner bajo presión una infraestructura de detención ya saturada, encarcelar a millones de personas, separar familias y desestabilizar comunidades», explicó el tribunal.

Bajo las nuevas políticas de Trump, adoptadas el año pasado, cualquier persona que entró de manera irregular a EE.UU. está sujeta a ser detenida sin fianza, sin importar cuánto tiempo ha permanecido en el país.

Esta política migratoria supuso un cambio importante respecto a cómo ha funcionado esa ley en el pasado, ya que solo aplicaba para las personas que eran detenidas en los puertos de entrada, por ejemplo en la frontera sur, o quienes eran consideradas una amenaza para la seguridad pública.

Como consecuencia de esta nueva interpretación, paralela a la campaña de arresto masivo de migrantes en el interior del país, la cantidad de personas en detención migratoria ha alcanzado máximos históricos.

En enero de este año, la Administración Trump mantuvo detenidos a más de 70.700 migrantes, la cifra más alta de la que se tenga registro.

La situación ha llevado a que miles de migrantes en todo el país hayan presentado recursos de habeas corpus en cortes federales para pedir su liberación, con un promedio de doscientos nuevos casos al día, la mitad de ellos en California y Texas, según datos recopilados por el medio ProPublica.

No obstante, la decisión de la corte de Nueva York sólo aplica a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, que están bajo la jurisdicción del tribunal.

Otras cortes de apelaciones en otras partes del país, entre ellas el quinto circuito (Texas, Luisiana, Misisipi), y el octavo circuito (Arkansas, Iowa, Minesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur) han fallado, en casos separados, a favor de la política de detención del mandatario republicano.