*La solicitud estaba relacionada con un supuesto favorecimiento al oficial en el proceso penal militar que adelantaba el entonces funcionario judicial.

Por presuntamente exigir 40 millones de pesos a un capitán del Ejército Nacional, a cambio de favorecerlo en un proceso penal militar que estaba en su conocimiento, la Fiscalía General de la Nación imputó al exjuez penal militar Javier Ardila Arias por el delito de concusión.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el 7 de abril de 2025 Ardila Arias se habría reunido con el oficial en una cantina de Florencia (Caquetá) y, en ese lugar, presuntamente le solicitó el dinero para beneficiarlo judicialmente.

Tres días después, al parecer, se volvió a encontrar con el investigado para reiterar la petición.

La actuación en la que presuntamente pretendía ayudar al uniformado tuvo origen en una operación realizada por el Ejército Nacional el 11 de marzo de 2025, en zona rural de San José del Fragua (Caquetá), contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas.

Durante sobrevuelos con drones fueron observados varios hombres vestidos con prendas camufladas y portando fusiles.

Posteriormente, se determinó que eran militares que reportaron coordenadas diferentes al lugar en el que realmente se encontraban.

Por estos hechos, el capitán y dos suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público. Las diligencias estaban a cargo de Ardila Arias, quien no impuso medida de aseguramiento contra los involucrados.

Ante la reiterada exigencia de dinero, la víctima denunció los hechos ante la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yesid Albán Arcón Sandoval, presunto integrante de un grupo delincuencial dedicado a apoderarse del dinero de cuentas de ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, a quienes, al parecer, engañaban para cambiar sus tarjetas bancarias en los cajeros electrónicos de Barranquilla y su área metropolitana.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre febrero de 2024 y febrero de 2025, cuando este hombre abordaba a las víctimas en los cajeros automáticos y, al parecer, las engañaba diciéndoles que el dispositivo presentaba fallas y aprovechaba para realizar el cambiazo de los plásticos.

Momentos después, las víctimas notaban varios retiros, compras y otras transacciones que les generaban grandes pérdidas económicas. Al parecer, este grupo se apropió de cerca de 30 millones de pesos. Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y obstaculización ilegítima del sistema financiero agravada.

El procesado no aceptó los cargos. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación hicieron efectiva la orden de captura contra Arcón Sandoval en San Juan del Cesar (La Guajira). Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*El hecho se relaciona con las presuntas irregularidades detectadas en el desembolso de los recursos de la logística de transporte y viáticos de los jurados en las elecciones del pasado mes de marzo.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue capturado el alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena, y cinco funcionarios más de la administración municipal, por presuntos hechos de corrupción, que se habrían presentado en el marco de las elecciones del pasado 8 de marzo.
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Según se conoció, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional adelantaron el operativo en el que fueron capturadas las seis personas, en el municipio de Mutatá (Antioquia).

Según la investigación de la Fiscalía, se habrían detectado presuntas irregularidades en el desembolso de los recursos destinados a cubrir la logística de transporte y viáticos para los jurados y delegados que participaron en la jornada electoral realizada el pasado 8 de marzo.

Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.