*Según las autoridades, la droga era transportada en una embarcación tipo go fast.

La operación dejó dos capturados y la mercancía incautada está avaluado en más de 64 millones de dólares.

La Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial incautaron 1.390 kilos de clorhidrato de cocaína, en San Andrés y Providencia.

Según el contralmirante Omar Moreno, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, la droga era transportada en una embarcación tipo ‘Go fast’.

La Instrucción informó que “gracias al empleo coordinado de capacidades marítimas, aéreas y de guardacostas, fue posible realizar el seguimiento e interdicción de la embarcación. Durante la inspección fueron hallados varios paquetes con características similares a las utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para el transporte de sustancias ilícitas, así como dos hombres que tripulaban la motonave”.

Los capturados, la embarcación y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con los procedimientos de judicialización correspondientes.

“Con esta operación evitamos que más de 3 mil de dosis llegaran a mercados ilícitos internacionales y afectamos las finanzas de las organizaciones criminales en más de 64 millones de dólares”, agregó el Comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia.

*Fueron 209 los ‘falsos positivos’ documentados por la JEP, en el Meta.

Dos generales retirados del Ejército y otros 25 militares, imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, admitieron su responsabilidad por 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.

«Por primera vez en la historia del país, dos brigadieres generales retirados del Ejército Nacional reconocieron públicamente la existencia de órdenes superiores orientadas al cumplimiento de cuotas de bajas», aseguró la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La investigación del tribunal documentó 209 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate, conocidas en Colombia como falsos positivos, incluidos diez menores de edad, así como 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio ocurridas en Meta entre 2002 y 2007.

Los dos brigadieres generales retirados son Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, excomandantes de la Séptima Brigada del Ejército.

Saavedra admitió que ejerció presión sobre los comandantes para incrementar las bajas reportadas y reconoció haber utilizado expresiones que transmitían el mensaje de acudir a grupos paramilitares para producir resultados operacionales.

Por su parte, Ardila reconoció que incumplió sus deberes de mando y control cuando estuvo al frente de la Séptima Brigada y aseguró que el sistema de incentivos institucionales contribuyó a cometer estos crímenes.

«Las personas que fueron asesinadas no eran combatientes. Eran civiles, con proyectos de vida, familias, sueños y aspiraciones, a quienes estigmatizamos como delincuentes», manifestó Ardila durante una audiencia.

Junto a ellos reconocieron responsabilidad otros 25 exintegrantes de la fuerza pública pertenecientes al Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (Bivar) y al Gaula Rural Meta, entre ellos coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, suboficiales y soldados profesionales retirados.

En noviembre de 2025, la JEP imputó a los 27 comparecientes por crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos relacionados con los falsos positivos, uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército hicieron desaparecer y asesinaron a inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras con el fin de obtener premios y ascensos.

La JEP ha contabilizado 7.837 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.

*En la mañana de este 11 de junio se realizó la audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd y Dímelo Jara.

Luego de haber sido reprogramada en una oportunidad por quebrantos de salud del juez 20 penal municipal con función de control de garantías, en la mañana de este jueves 11 de junio se desarrolló la audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Stiven Mesa Londoño y Sebastián Jaramillo Morán, los internacionalmente reconocidos Blessd y Dímelo Jara, además de Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, por el presunto secuestro extorsivo del que habría sido víctima Andrés Felipe Sánchez, el imitador de Ozuna.

A pesar de haber sido programada para las 8:00 a.m. de este jueves, la diligencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, presidida por la jueza 17 penal municipal con función de control de garantías comenzó varios minutos después de lo previsto.

Tras haber constatado la presencia de todos los citados a la diligencia, la jueza le concedió vocería a la fiscal Piedad Estela Mendoza Hinojosa, quien realizó la lectura de la imputación, referenciando los hechos jurídicamente relevantes y exponiendo las penas potenciales a las que estarían sujetos los vinculados al proceso dado el caso que la togada aceptara dicha imputación.

Durante la imputación, la fiscal se remitió a la denuncia, en la cual el imitador de Ozuna aseguró haber sido retenido contra su voluntad, amenazado y agredido por parte de Dímelo Jara, Dr. Velásquez y Blessd (a través de una llamada telefónica) en el antiguo estudio de JM World Records S.A.S., con el propósito de que la víctima firmara un contrato en el que se comprometería a dejar de promocionar eventos en favor del imitador de Blessd, a quien Andrés Felipe Sánchez representaba.

La fiscal indicó que la conducta en la que habría incurrido Blessd como determinador de la conducta de secuestro extorsivo que fue materializada por Dímelo Jara y el fallecido Dr. Velásquez el 1 de junio de 2022 en Medellín.

La fiscal citó lo que Blessd le habría dicho al imitador de Ozuna durante una llamada que habría tenido lugar en determinado momento de las tres horas que el Sánchez asegura haber permanecido retenido.

«Mi niño, yo sé quién es usted, sé lo que hace usted, sé dónde vive; yo soy de la calle, no soy tan blandito como Jara; si estuviera ahí, le destrozaría la cara y le llevaría unas liendras que podrían matarlo», sería la amenaza proferida por Blessd.

Terminada la intervención inicial de la fiscal, la jueza del caso le preguntó a Blessd si había entendido la imputación.

Una vez el cantante recibió el uso de la palabra, su defensor, el abogado Andrés Arango, señaló que el autor de ‘Mírame’ tenía una pregunta para la fiscal.

La jueza le concedió la posibilidad de preguntar: «¿Cómo fue que yo determinó si supuestamente fue por una llamada si yo no estaba presente?», le inquirió Blessd a la fiscal.

La fiscal Mendoza respondió de manera contundente: «La imputación ha sido clara, sucinta. El hecho de que no estuviera presente… mediante violencia y amenazas de muerte a través de una llamada telefónica… El más interesado para que firmaran ese contrato para que no lo siguieran imitando era el señor Blessd, así quedó demostrado con los elementos materiales probatorios reunidos».

Tras la réplica de la fiscal ante la pregunta de Blessd, los abogados defensores le allegaron una solicitud de control de la imputación a la jueza, argumentando que no se habían expuesto con claridad los hechos jurídicamente relevantes que ubicaran a Blessd como determinador de la conducta de secuestro extorsivo, además, el abogado Santiago Trespalacios indicó que durante la imputación la fiscal explicó que la conducta se habría configurado como una tentativa desistida.

En esa línea, Trespalacios señaló que en Colombia no se castigan las tentativas desistidas y que mantenerse esa base jurídica haría que desaparezca la conducta delictiva. Además, el defensor agregó que en ese caso, no se estaría no se podría imputar el delito de secuestro extorsivo, sino constreñimiento ilegal.

Tras las intervenciones de la defensa, la jueza le dio el espacio a la fiscal para replantear la imputación.

La fiscal se remitió a cada uno de los puntos que le habían sido cuestionados por parte de los defensores y de la propia jueza. Luego de su segunda intervención, la togada consideró que la fiscal había cumplido con su labor y prosiguió con la diligencia.

La jueza 17 penal municipal con función de control de garantías procedió entonces a preguntarles a Blessd, Dímelo Jara, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, si aceptaban la responsabilidad por la conducta de secuestro extorsivo agravado atenuado.

Blessd, Dímelo Jara, Laura Moreno y Julián Giraldo manifestaron no aceptar su responsabilidad por las conductas de secuestro extorsivo agravado atenuado, renunciando así a los beneficios de rebaja de penas.