De los 21 votos que necesitaba, solo obtuvo 15 de los 29 representantes que asistieron a la Comisión Primera.

El aspecto que causó su hundimiento es la posibilidad de que la ley fuera tumbada por la Corte Constitucional, ya que los congresistas señalaban que el proyecto debía ser presentado por el Ejecutivo.

Además, otros representantes apuntaban que había un «mico» dentro del texto, que permitía a los parlamentarias poder ejercer otras actividades de carácter público o privado.

«Reducir nuestro salario es apenas justo con un pueblo que clama mayor equidad, este Congreso debe comprometerse con la justicia social y económica. Se lo debemos a los ciudadanos y a nuestros electores, el ejemplo inicia desde acá», afirmó el representante Duvalier Sánchez, quien estuvo a cargo de la ponencia.

Por otra parte, David Racero, del Pacto Histórico, indicó que actualmente el salario es de 48 millones de pesos, pero por deducciones queda entre 30 y 32 millones.

«Es alto, sigue siendo alto (…) Pero podríamos hacer ese ajuste en nuestros bolsillos, es un acto profundo de justicia económica, un acto ético», expresó Racero.