Como parte de las investigaciones que se siguen contra los componentes armados y financieros del ‘Clan del Golfo’ en la Costa Atlántica, la Fiscalía General de la Nación estableció que el jefe de operaciones de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional (Sipol) en Bolívar, el intendente Harvey Arellano Cerda, sería el responsable de entregar
información privilegiada al grupo armado ilegal.

Los elementos de prueba obtenidos dan cuenta de que el uniformado, al parecer, aprovechaba su cargo y entraba sin autorización a los sistemas de la entidad para extraer detalles de las operaciones y los movimientos de la fuerza pública en el departamento.

Esto lo haría con el propósito de alertar a la subestructura Uldar Cardona Rueda sobre las acciones en su contra.
De esta manera, los cabecillas evadían los operativos y evitaban que fueran impactadas sus finanzas ilegales.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminalesle imputó al intendente Arellano Cerda el delito de violación de datos personales agravado. El funcionario aceptó de manera libre y voluntaria el cargo en su contra.

En ese sentido, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa
de la libertad en su lugar de residencia.

El exservidor judicial fue acusado de autorizar el reconocimiento irregular de cesantías a docentes y de ordenar el embargo de cuentas oficiales.

Wilson Escarria Camacho, exjuez laboral de Buenaventura, fue presentado ante un juez de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien lo imputó como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. Los cargos no fueron aceptados por el acusado.

Escarria Camacho, quien se encuentra detenido en un centro carcelario de Cali por otros casos presuntamente irregulares, es señalado de modificar y agrupar de manera irregular siete procesos ejecutivos relacionados con demandas de profesores contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio, por pagos atrasados de cesantías. En cada uno de estos procesos estaban involucrados entre 50 y 300 docentes.

Entre enero y noviembre de 2019, el exjuez emitió 53 fallos en los que favoreció a los docentes. No obstante, se determinó que habría actuado sin competencia para dictar esas decisiones y utilizado normas derogadas para fundamentar sus fallos. Además, habría ordenado el embargo de cuentas de entidades del Estado, lo cual está prohibido por la ley.

De los siete procesos que asumió, cinco fueron revocados en segunda instancia, pero en los casos que quedaron firmes se depositaron más de 23.000 millones de pesos en una cuenta judicial, los cuales habrían sido dirigidos a los abogados de los demandantes.

La pérdida acelerada de vegetación nativa y los parches de deforestación en el Parque
Nacional Natural Cueva de los Guácharos, ubicado entre Pitalito y Acevedo (Huila), fueron el punto de partida de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, que contó con el apoyo de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

Luego de varias verificaciones en el terreno y monitoreos, y otras actividades desplegadas, fueron identificados seis de los presuntos articuladores de la obtención de madera en el área de reserva forestal y su comercialización. Los elementos de prueba indican que
serían los responsables de la tala acelerada de roble blanco y roble negro, especies vegetales amenazadas, y de afectar el hábitat de animales como el mono tití y la rana de cristal, que se encuentran en peligro de extinción.

Estas personas harían parte de una red delictiva conocida como ‘Los Madereros II’. Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos
de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, deforestación, daño en los recursos naturales y concierto para delinquir.
Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento, uno de ellos en centro carcelario.

Entre los afectados con la decisión está Milton Guevara Yate, quien era el cabecilla de la organización. Este hombre había sido condenado por estas conductas ilícitas; sin embargo, continuaría dedicándose a la tala, transporte y venta de material maderable.