Connect with us

nacional

La crisis financiera que llevó a Sura a pedir su salida del sistema de salud

Published

on

«Queremos comunicarles la decisión más difícil que hemos tenido que tomar como compañía: hoy radicamos ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del sistema general de Seguridad Social en Salud en Colombia», manifestó la presidenta del grupo Suramericana, Juana Francisca Llano.

Según Llano, el retiro de Sura, que tiene 3,8 millones de afiliados, se hará «a través de un programa de desmonte progresivo, un mecanismo jurídico que permite el retiro de una forma ordenada y diligente».

«Se trata de una decisión que evaluamos a lo largo de los meses con rigor, responsabilidad y transparencia, con lo que buscamos anticiparnos para evitar lo ocurrido con otras EPS», agregó.

Desmonte de las EPS

Llano hizo referencia a lo sucedido el mes pasado, cuando la Superintendencia Nacional de Salud intervino varias EPS, entre ellas Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados, y Nueva EPS, la mayor empresa del sector en el país, que tiene 10,9 millones de afiliados.

Tras esas medidas, la caja de compensación familiar Compensar, con más de dos millones de afiliados, pidió a la Superintendencia la aprobación para retirar de manera «voluntaria» del Sistema de Seguridad Social su programa de EPS.

La presidenta de Suramericana añadió que Sura tomará medidas «para un traslado ordenado» de sus afiliados a otras EPS y «gestionar de manera responsable las obligaciones» con proveedores y prestadores de servicios, como clínicas y hospitales.

«Hemos realizado un gran esfuerzo para continuar en el sistema de salud, con la firme motivación de cuidar a cada una de las personas que han confiado en EPS Sura. Sin embargo, en este momento se deben tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que nos impida cumplir con las obligaciones asumidas», agregó.

Pérdidas millonarias

La compañía agregó en un comunicado que «la situación del sistema de salud en Colombia es un problema histórico y estructural» en el que «la cobertura y los servicios ilimitados contrastan con un presupuesto insuficiente» lo que no le permite cumplir «con el indicador del patrimonio adecuado, dado que se agotó».

La empresa añadió que entre 2022 y 2023 tuvo pérdidas netas por más de 360.000 millones de pesos y «para el 2024, EPS Sura proyecta que las pérdidas podrían llegar hasta los 500.000 millones de pesos .

La crisis financiera del sector de la salud fue denunciada en junio del año pasado por varias empresas del sector, pero en el Gobierno «no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo», denunció hoy la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga.

El agravamiento de la situación en los últimos meses ha coincidido con el hundimiento en el Senado de la polémica reforma de la salud propuesta por el Gobierno, ya que sus críticos lo acusan de intentar imponerla a la fuerza ahogando financieramente a las EPS.

«Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia», agregó Vesga, quien consideró la situación como «irreversible».

Al respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, le respondió a la presidenta de Acemi: «Las empresas prestadoras de salud convertidas en aseguradoras no pueden sostenerse pues tienen que garantizar reservas técnicas que se financian también con recursos públicos».

«El senado hundió la propuesta y como lo dije desde hace más de un año, al hundir la reforma a la salud se produce un efecto dominó de quiebra de EPS», añadió el mandatario.

nacional

El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

Published

on

Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

Continue Reading

nacional

Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

Published

on

Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

Continue Reading

nacional

Fiscalía citó a declarar a Laura Sarabia en investigación por financiación de campaña Petro

Published

on

En el marco de la investigación que adelantan las autoridades sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la Fiscalía citó a declarar a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La funcionaria deberá proporcionar detalles sobre los movimientos financieros de la campaña en región caribe.

En particular, Sarabia deberá dar explicaciones respecto a unos audios que le habría enviado Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la FAO. En el diálogo, Benedetti hizo referencia a su papel en la obtención de recursos, afirmando que habría gestionado “activamente” alrededor de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15.000 millones y ahora que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, le recriminó Benedetti a Sarabia, quien en ese momento se desempeñaba como jefa del gabinete presidencial.

“No tengo conocimiento de las afirmaciones del ciudadano Armando Benedetti en esos audios. Mi función en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro era la coordinación de la agenda política, así como determinar a qué entrevistas asistía el candidato o debates o reuniones de materia política. Más allá de eso, el candidato fue enfático en decir que todo ingreso del recurso debía ser tramitado por el gerente de campaña y bajo las condiciones de la misma”, dijo sobre esos hechos Sarabia ante el Consejo Nacional Electoral, órgano que lleva a cabo la misma investigación.

Continue Reading

Tendencias

Copyright © 2024 Noticaribe