Una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la resolución de acusación en contra del excongresista Tiberio Villarreal Ramos, por su presunta participación en la denominada masacre de ‘La Rochela’, que dejó 12 personas muertas y 3 heridas el 18 de enero de 1989, en zona rural de Simacota (Santander).

El procesado deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Los elementos de prueba en poder de la Fiscalía dan cuenta de Villareal Ramos, al parecer, se reunió en varias oportunidades con cabecillas paramilitares del Magdalena Medio para recibir apoyo político y financiero. En medio de uno de los encuentros ilícitos habría presionado para que fueran asesinados los integrantes de una comisión judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de la región, y les robaran el expediente y la evidencia relacionada con el caso.

En atención a esa instrucción, hombres armados interceptaron a los funcionarios y, con el pretexto de que tenían información valiosa, los llevaron por una vía rural, donde fueron emboscados por una estructura a cargo de alias Vladimir. En la acción criminal murieron dos jueces, dos secretarios de despacho, seis investigadores judiciales y dos conductores. Este proceso se sigue por los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

Los elementos de prueba obtenidos por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dan cuenta del posible origen ilícito de 59 lingotes de oro y un inmueble en Cali (Valle del Cauca), que pertencerían a la red ilegal del señalado narcotraficante Óscar Orobio Guerrero, alias Bacán.

En ese sentido, los bienes fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales fueron materializadas por funcionarios de la Dijin de la Policía Nacional.

Los 59 lingotes fueron localizados durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en julio de 2018, en una vivienda abandonada del barrio 12 de octubre, en Cali.

Desde entonces permanecen en custodia del Banco de la República. Las investigaciones permitieron conocer que la organización de alias Bacán, al parecer, recurría a la comercialización del metal precioso para lavar dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes.

El oro está avaluado preliminarmente en más de 20.000 millones de pesos, mientras que el apartamento asciende a 250 millones de pesos.

Las denuncias de los comerciantes y agricultores, especialmente del sector arrocero de Casanare, en las que indicaban que eran víctimas de extorsiones e intimidaciones, fueron el punto de partida de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación contra una estructura del ‘Clan del Golfo’ que tendría injerencia en el oriente del país.

Las evidencias y los elementos materiales de prueba recopilados permitieron identificar a José Arandú Segua, alias Guandú o Fermín, quien sería el cabecilla de ese grupo armado ilegal, y el principal articulador de extorsiones y otras conductas delictivas.

Este hombre fue capturado en Yopal (Casanare), en una diligencia realizada de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades del Gaula del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Un fiscal de la Seccional Casanare lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento
en centro carcelario.

Alias Guandú o Fermín es el presunto responsable de imponer cuotas ilícitas a los arroceros y agricultores de Yopal, Aguazul y otras poblaciones de Casanare. Al parecer, les exigía entre 30.000 y 90 millones de pesos. La suma variaba según las hectáreas que las víctimas tenían cultivadas y en producción.

En el curso de la investigación se estableció que esta persona habría asumido el control del ‘Clan del Golfo’ en la región, luego de la reestructuración de la organización producto de la muerte de Robinson Oquendo Guisao, alias Camilo, en una operación policial ejecutada en Mapiripán (Meta) en septiembre de este año