El Fondo para la Reparación de la Unidad para las Víctimas (FRV) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dieron un paso histórico con la compra de 18.000 hectáreas de tierras. Este acuerdo que parte de un convenio estratégico, impulsará la Reforma Agraria y buscará la reparación integral de los campesinos víctimas del paramilitarismo en Colombia.

Con una inversión de más de 175.000 millones de pesos, este convenio marca la primera compra masiva de tierras que realiza el FRV a la ANT, destinando los predios entregados por exjefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz para proyectos productivos de campesinos sin tierras.

La transacción beneficiará alrededor de 5.000 víctimas reconocidas en sentencias de Justicia y Paz, quienes accederán a estos territorios en regiones como Antioquia, Córdoba y Santander.

La noticia fue dada a conocer por Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

“Heredamos un gran rezago en la reparación a quienes sufrieron el conflicto armado, algo que ha devenido en muchísimo sufrimiento para ellas. Con este paso, esperamos reparar alrededor de 5.000 víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz”, afirmó Solano.

Felipe Harman, director de la ANT, agregó que el convenio tiene potencial para llegar a 130.000 hectáreas más, reafirmando el compromiso del Gobierno en promover la justicia social y el desarrollo rural.

“Hoy le damos resultados concretos al país. El Fondo para la Reparación contiene los predios del proceso de paz de 1998 y las víctimas del paramilitarismo. Esos bienes eran activos ociosos del Estado, y la ANT ha tomado la decisión de comprar un paquete de predios que suma las 18.000 hectáreas, que serán entregadas a campesinos sin tierras. El convenio, además, tiene una capacidad de 130.000 hectáreas más, entonces tiene un gran potencial”, señaló el director de la ANT.

Magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, pidió tiempo para estudiar el proyecto de resolución.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió aplazar una decisión con respecto al proyecto de resolución que busca investigar y formular cargos a miembros de la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de topes.

Lo anterior, porque la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, alegó que por su tiempo de incapacidad por enfermedad no pudo estudiar el proyecto que radicaron los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal).

Velásquez solicitó la rotación del expediente, por lo que tendrá 10 días hábiles (dos semanas) para poder estudiar este proceso administrativo contra la campaña del Presidente Gustavo Petro.

Por otra parte, en la Sala Plena del CNE también se decidió que no sea reintegrado Altus Alejandro Baquero, pese a que la Corte Constitucional amparó sus derechos al acceso a los cargos públicos y el debido proceso.

La decisión de los magistrados se dio porque consideraron que la comunicación del alto tribunal no es suficiente para que reasuma sus funciones en el organismo. Se necesitaría la notificación del fallo.

Frente a esta decisión de los magistrados, Baquero señaló que va en contravía del derecho.

El Presidente Gustavo Petro, a través de un comunicado, cumplió fallo del Consejo de Estado y se retractó de la afirmación que hizo contra Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, por afirmar que hacía parte de la junta directiva de la Nueva EPS en una época donde hallaron presuntas irregularidades.

«Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación: «Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperemos los resultados de las investigaciones», se puede leer.

Señaló Petro, a manera de explicación, que «siempre ha actuado de manera crítica y directa denunciando la corrupción» y recalcó que lo dicho en su momento «está siendo objeto de investigación por las autoridades competentes».

Recordó que como servidor público «debo someterme al ordenamiento jurídico», pero agregó que pretende que «por razón de conciencia, se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto».

Esto recalcando que sus denuncias en el sistema de salud han «posibilitado que hoy puedan señalarse puntualmente, deban ser investigados para conocer si se han luchado ilegal e indebidamente a costa de los recursos y las necesidades en salud de los colombianos y las colombianas».