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Más de 3.400 familias del Nordeste y Bajo Cauca han vivido 15 desplazamientos y 8 confinamientos por disputas de grupos ilegales

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Algunos municipios del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueños han sufrido el recrudecimiento de la violencia por el actuar de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y ponen a la población civil en medio de confrontaciones, extorsiones, amenazas y otros hechos que les impiden el libre tránsito y la tranquilidad en su cotidianidad.

Justamente, desde la Unidad para las Víctimas informaron que han venido sosteniendo reuniones e intercambiando información con varias instituciones y autoridades municipales respecto a la persistencia y hasta el incremento de hechos como homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento ilegal de menores de edad, accidentes con minas antipersonal y extorsiones en municipios como El Bagre, Remedios, Segovia, Anorí y Amalfi.

Este tema se trató también en un reciente comité de justicia transicional en la Gobernación de Antioquia, donde representantes de la Defensoría del Pueblo también informaron sobre las alertas tempranas que han emitido en estas zonas, así como los riesgos que existen en varios municipios de que ocurran desplazamientos forzados por cuenta de hechos como la disputa de territorios, la explotación ilegal minera, los cultivos ilícitos y el microtráfico de estupefacientes que se entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Solo entre 2023 y 2024, la Unidad para las Víctimas ha entregado ayuda humanitaria en dinero y especie (alimentos, artículos de aseo y albergue) a 3.402 familias de Segovia, Remedios y El Bagre. La directora de la entidad en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo, sostuvo que en ese periodo se han presentado allí 15 desplazamientos y 8 confinamientos, por lo cual se ha requerido una inversión de $2.985 millones en la atención de los afectados.

“Para mejorar la atención y respuesta en caso de posibles emergencias por el conflicto armado, en junio de este año la Unidad para las Víctimas también entregó a la Alcaldía de Remedios una dotación para albergue”, dijo la directora. Entre los elementos de dotación se incluyen colchonetas, cobijas, toallas, tendidos, toldillos, vajilla y kit de cocina.

Pero la preocupación sigue viva entre habitantes, organizaciones sociales y víctimas, por lo cual también pidieron acciones para prevenir estos hechos, que también son motivo de alerta para la Policía, el Ejército y la Gobernación. Algunas medidas acordadas están relacionadas con la prevención de delitos, protección a los líderes sociales, educación en riesgo de minas antipersonal y contra el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes, entre otras.

Tanto en el Bajo Cauca como en el Nordeste también se han priorizado proyectos agrícolas y dotaciones para obras de mejoramiento de la infraestructura social y comunitaria, como una forma de mitigar los daños causados por estos conflictos. Desde la Unidad de Víctimas también implementan “planes de reparación colectiva que benefician a campesinos, afrocolombianos e indígenas con proyectos productivos, obras comunitarias servicios de salud, escenarios deportivos, casetas comunales, dotaciones deportivas y culturales para la recuperación de tradiciones y la estrategia de rehabilitación psicosocial”, señalaron desde la entidad.

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Destruyen mina ilegal del Clan del Golfo en Antioquia: habían instalado una antena satelital para evadir a las autoridades

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*El operativo militar inutilizó equipos para extraer hasta 3.000 gramos mensuales de oro.

*Los militares incautaron una antena de internet satelital que funcionaba alimentada por un panel solar – crédito Ejército

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó que una operación en la vereda El Ingenio, en San Rafael, Antioquia, afectó una estructura de explotación ilícita de oro con capacidad para extraer cerca de 3.000 gramos mensuales.

El procedimiento también dejó una afectación económica estimada en 1.040 millones de pesos, según el valor atribuido a la maquinaria, los equipos, los combustibles y los demás insumos que estaban en el lugar.

La intervención se concentró en una unidad de producción minera ubicada en el oriente antioqueño. Allí, las tropas destruyeron equipos que, de acuerdo con el reporte militar, eran utilizados para mantener la actividad extractiva sin autorización.

La operación estuvo a cargo de uniformados del Batallón Especial Energético y Vial Nº 4. Los militares inutilizaron una excavadora que estaba oculta entre ramas de árboles para evitar que pudiera ser detectada desde el aire.

Entre los elementos hallados, los militares encontraron una antena de internet satelital conectada a un panel solar. El dispositivo permitía que los operadores mantuvieran comunicación permanente desde la zona de explotación.

Según la información entregada por la brigada, la antena era utilizada para reportar los avances de la extracción de oro a los cabecillas de la Subestructura Pacificadores de Samaná. También servía para alertar sobre la presencia de tropas en el sector.

La estructura intervenida contaba con equipos para sostener el proceso de extracción y clasificación del material. Las autoridades hallaron turbinas diésel, motobombas, sistemas de succión, herramientas de soldadura, mangueras, lubricantes y combustibles.

La presencia de esos elementos muestra que la unidad disponía de recursos para operar de forma continua. La capacidad de producción calculada por los militares superaba los 1.300 millones de pesos mensuales.

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Defensoría exige que se esclarezca muerte de joven en operativo de la Fuerza Pública, en Nariño

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*Las autoridades señalan a Keiner Banguera como integrante de las disidencias.

La Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades esclarecer los hechos en los que perdió la vida el joven Keiner Banguera en El Charco, Nariño, el pasado 2 de octubre.

Según la entidad, la información conocida plantea distintas hipótesis, entre ellas que el joven de 19 años presuntamente era integrante de las disidencias de las FARC.

Al parecer, la Fuerza Pública se habría enfrentado a unas personas que estaban en una embarcación durante el operativo. Fueron recuperados $675 millones en efectivo, la embarcación y dos cargadores de pistola con munición.

Supuestamente Keiner estaba en la embarcación y fue señalado como integrante de una estructura de las disidencias.

Sin embargo, esto fue rechazado por la comunidad y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Ali Bantú Ashanti, abogado y defensor de derechos humanos, expuso que Banguera hizo parte de procesos juveniles y comunitarios en El Charco.

«Corresponde a la justicia penal ordinaria establecer qué ocurrió, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la muerte y definir si hay lugar a responsabilidades. Por esta razón, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación y adelantar las actuaciones necesarias para el pronto esclarecimiento de los hechos», indicó la Defensoría del Pueblo.

Pidió que los informes del primer respondiente y los demás elementos materiales probatorios sean puestos a disposición de la Fiscalía, y que dentro de la investigación se verifique el cumplimiento de los protocolos aplicables a la actuación de la Fuerza Pública.

«Hacemos un llamado a la Fuerza Pública a brindar plena colaboración a las autoridades judiciales, suministrar la información requerida y contribuir al esclarecimiento de los hechos con total transparencia», agregó la Defensoría.

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Policía incauta 500 ampollas de fentanilo ocultas en un bus en la vía Barranquilla a Santa Marta

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En un vehículo de servicio público que cubría la ruta Barranquilla – Santa Marta, la Policía de Tránsito encontró 500 ampollas de fentanilo. La droga era llevada en una bodega como una encomienda. Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía que realizaban trabajos de control en la transitada vía por la temporada de receso escolar, se percataron de las 500 ampollas de fentanilo de 10 mililitros cada una.

El coronel Jeyson Haird López, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, dio a conocer que la droga estaba camuflada en la bodega del automotor dentro de una caja, como una supuesta encomienda.

“La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, hace la incautación de 500 ampolletas de fentanilo de 10 mililitros, las cuales eran avaluadas en un aproximado de 300 millones de pesos. La modalidad de transporte de estas eran encomiendas en vehículo de servicio público. La sustancia fue incautada y dejada a disposición de la autoridad correspondiente”.

El coronel López señaló que la Policía Nacional “continuará desplegando los controles operativos en las vías nacionales con el fin de evitar que esta sustancia entre en circulación de manera ilegal”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta también invitó a la ciudadanía y al sector transportador a suministrar información que permita prevenir hechos relacionados con el transporte ilegal de sustancias, a través de la línea 123.

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