Connect with us

nacional

Más de 3.400 familias del Nordeste y Bajo Cauca han vivido 15 desplazamientos y 8 confinamientos por disputas de grupos ilegales

Published

on

Algunos municipios del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueños han sufrido el recrudecimiento de la violencia por el actuar de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y ponen a la población civil en medio de confrontaciones, extorsiones, amenazas y otros hechos que les impiden el libre tránsito y la tranquilidad en su cotidianidad.

Justamente, desde la Unidad para las Víctimas informaron que han venido sosteniendo reuniones e intercambiando información con varias instituciones y autoridades municipales respecto a la persistencia y hasta el incremento de hechos como homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento ilegal de menores de edad, accidentes con minas antipersonal y extorsiones en municipios como El Bagre, Remedios, Segovia, Anorí y Amalfi.

Este tema se trató también en un reciente comité de justicia transicional en la Gobernación de Antioquia, donde representantes de la Defensoría del Pueblo también informaron sobre las alertas tempranas que han emitido en estas zonas, así como los riesgos que existen en varios municipios de que ocurran desplazamientos forzados por cuenta de hechos como la disputa de territorios, la explotación ilegal minera, los cultivos ilícitos y el microtráfico de estupefacientes que se entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Solo entre 2023 y 2024, la Unidad para las Víctimas ha entregado ayuda humanitaria en dinero y especie (alimentos, artículos de aseo y albergue) a 3.402 familias de Segovia, Remedios y El Bagre. La directora de la entidad en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo, sostuvo que en ese periodo se han presentado allí 15 desplazamientos y 8 confinamientos, por lo cual se ha requerido una inversión de $2.985 millones en la atención de los afectados.

“Para mejorar la atención y respuesta en caso de posibles emergencias por el conflicto armado, en junio de este año la Unidad para las Víctimas también entregó a la Alcaldía de Remedios una dotación para albergue”, dijo la directora. Entre los elementos de dotación se incluyen colchonetas, cobijas, toallas, tendidos, toldillos, vajilla y kit de cocina.

Pero la preocupación sigue viva entre habitantes, organizaciones sociales y víctimas, por lo cual también pidieron acciones para prevenir estos hechos, que también son motivo de alerta para la Policía, el Ejército y la Gobernación. Algunas medidas acordadas están relacionadas con la prevención de delitos, protección a los líderes sociales, educación en riesgo de minas antipersonal y contra el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes, entre otras.

Tanto en el Bajo Cauca como en el Nordeste también se han priorizado proyectos agrícolas y dotaciones para obras de mejoramiento de la infraestructura social y comunitaria, como una forma de mitigar los daños causados por estos conflictos. Desde la Unidad de Víctimas también implementan “planes de reparación colectiva que benefician a campesinos, afrocolombianos e indígenas con proyectos productivos, obras comunitarias servicios de salud, escenarios deportivos, casetas comunales, dotaciones deportivas y culturales para la recuperación de tradiciones y la estrategia de rehabilitación psicosocial”, señalaron desde la entidad.

Continue Reading

nacional

Por amenazas del Clan del Golfo han cerrado más de tres mil puntos en la Región Caribe

Published

on

Más de 3 mil puntos de SuperGIROS en la región Caribe han tenido que cerrar por las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o ‘Clan del Golfo’.

La ofensiva se ha recrudecido después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora de SuperGIROS en Bosconia, el pasado 4 de noviembre.

El ‘Clan del Golfo’ ordenó con amenazas el cierre de los puntos de SuperGIROS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.

De hecho, este sábado se registraron ataques en puntos de Luruaco y Barranquilla, en la calle Murillo con carrera 9B, dejando una colaboradora herida.

Sujetos armados han incursionado también contra puntos de la red de servicios en Carmen de Bolívar, lugar en el que hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.

En otros municipios de la región hombres armados que se identifican como miembros de este grupo ilegal que actualmente hace parte de la llamada mesa de negociación de la ‘Paz Total’. En estas poblaciones ordenaron con intimidación y amenazas el cierre de los locales.

Se calcula que tres mil locales de la red de la empresa que presta servicios de giros y pago de servicios públicos y que opera como corresponsal bancario en los municipios más apartados de Colombia cerraron sus puertas ante la falta de garantías para operar .

«Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego», sostienen las colaboradoras que minutos después cierran los locales.

En el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, por ejemplo, la red está paralizada dejando sin actividad a miles de personas que dependen de su labor en este sector de la economía.

La Defensoría del Pueblo se manifestó a través de su cuenta de X rechazando las acciones de los grupos armados, sobre todo contra las mujeres, que son en su mayoría las colocadoras de la empresa .

No obstante, SuperGIROS indicó que pese al apoyo de las autoridades de Policía y Ejército la acción de estos grupos al margen de la ley se ha incrementado en las últimas horas poniendo en riesgo la vida de miles de personas que trabajan en los puntos de SuperGIROS en esta región del país.

Continue Reading

nacional

El excongresista Musa Besaile, condenado por corrupción, quedó en libertad condicional

Published

on

Musa Besaile, excongresista del Partido de la U condenado por parapolítica y el escándalo del ‘Cartel de la Toga’, recibió libertad condicional y salió de su centro de reclusión. Estaba condenado a más de seis años de prisión.

Una decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Montería le dio la libertad condicional al exsenador, quien estaba recluido en el Centro de Ejecución Militar del batallón de la capital de Córdoba.

Besaile había sido condenado por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y peculado por apropiación. El parlamentario estuvo implicado en redes de corrupción en donde hizo uso de su poder para obtener algunos beneficios.

Su libertad se habría dado debido al cumplimiento de tres quintas partes de la condena, así lo habría asegurado su abogado Hernando Bocanegra, quien también informó que Besaile se encontraba en delicado estado de salud.

Inicialmente, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia había condenado al exsenador a 6 años y 20 días de prisión, además de imponerle una multa por un valor de $415.268.652 y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 83 meses; sin embargo, en el mes de mayo de 2023 el mismo tribunal le sumó 7 años de prisión por alianzas con grupos paramilitares.

Además, en febrero, Besaile había recibido una sentencia de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias en el proceso Fonade, pues de acuerdo con el alto tribunal el excongresista, junto al Ñoño Elías, efectuaron “actividades burocráticas y de intermediación legal” en los asuntos contractuales de la entidad.

Debido a estas sentencias, las condenas de Besaile sumaron un total de 168 meses y 9 días de prisión, y se permitió que accediera a la libertad condicional por el cumplimiento de una parte de la pena.

Otro de los motivos que favoreció esta medida es que el excongresista no es solicitado por ninguna otra entidad, esto lo confirmó el Inpec, la autoridad carcelaria del país, y el Ejército, en una de cuyas sedes estaba recluido Besaile.

Continue Reading

nacional

Hombres que intentaron quemar vivos a 15 policías en un CAI fueron condenados a 18 y 20 años de prisión

Published

on

Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

Continue Reading

Tendencias

Copyright © 2024 Noticaribe