Algunos municipios del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueños han sufrido el recrudecimiento de la violencia por el actuar de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y ponen a la población civil en medio de confrontaciones, extorsiones, amenazas y otros hechos que les impiden el libre tránsito y la tranquilidad en su cotidianidad.
Justamente, desde la Unidad para las Víctimas informaron que han venido sosteniendo reuniones e intercambiando información con varias instituciones y autoridades municipales respecto a la persistencia y hasta el incremento de hechos como homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento ilegal de menores de edad, accidentes con minas antipersonal y extorsiones en municipios como El Bagre, Remedios, Segovia, Anorí y Amalfi.
Este tema se trató también en un reciente comité de justicia transicional en la Gobernación de Antioquia, donde representantes de la Defensoría del Pueblo también informaron sobre las alertas tempranas que han emitido en estas zonas, así como los riesgos que existen en varios municipios de que ocurran desplazamientos forzados por cuenta de hechos como la disputa de territorios, la explotación ilegal minera, los cultivos ilícitos y el microtráfico de estupefacientes que se entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Solo entre 2023 y 2024, la Unidad para las Víctimas ha entregado ayuda humanitaria en dinero y especie (alimentos, artículos de aseo y albergue) a 3.402 familias de Segovia, Remedios y El Bagre. La directora de la entidad en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo, sostuvo que en ese periodo se han presentado allí 15 desplazamientos y 8 confinamientos, por lo cual se ha requerido una inversión de $2.985 millones en la atención de los afectados.
“Para mejorar la atención y respuesta en caso de posibles emergencias por el conflicto armado, en junio de este año la Unidad para las Víctimas también entregó a la Alcaldía de Remedios una dotación para albergue”, dijo la directora. Entre los elementos de dotación se incluyen colchonetas, cobijas, toallas, tendidos, toldillos, vajilla y kit de cocina.
Pero la preocupación sigue viva entre habitantes, organizaciones sociales y víctimas, por lo cual también pidieron acciones para prevenir estos hechos, que también son motivo de alerta para la Policía, el Ejército y la Gobernación. Algunas medidas acordadas están relacionadas con la prevención de delitos, protección a los líderes sociales, educación en riesgo de minas antipersonal y contra el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes, entre otras.
Tanto en el Bajo Cauca como en el Nordeste también se han priorizado proyectos agrícolas y dotaciones para obras de mejoramiento de la infraestructura social y comunitaria, como una forma de mitigar los daños causados por estos conflictos. Desde la Unidad de Víctimas también implementan “planes de reparación colectiva que benefician a campesinos, afrocolombianos e indígenas con proyectos productivos, obras comunitarias servicios de salud, escenarios deportivos, casetas comunales, dotaciones deportivas y culturales para la recuperación de tradiciones y la estrategia de rehabilitación psicosocial”, señalaron desde la entidad.
