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Revelan antecedentes penales de mujer que logró tumbar transmisión del Consejo de ministros en canales privados

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El director del DPS, Gustavo Bolívar, compartió noticias de 2014 que indican que la ciudadana María Cristina Cuéllar Cárdenas fue sentenciada a nueve años de prisión por el delito de fraude procesal, por haber alterado los estados financieros de una empresa.

El director del DPS reveló que María Cristina Cuéllar Cárdenas fue hallada culpable del delito de fraude procesal. La abogada intentó llegar a casación tras la condena proferida en su contra – Ministerio de Minas y Colprensa
Por decisión del Consejo de Estado, el Gobierno nacional tendrá que abstenerse de transmitir los consejos de ministros a través de canales privados de televisión, en el canal Uno y en los canales locales, regionales y comunitarios. Esto, como resultado del estudio de una tutela que presentó una ciudadana identificada como María Cristina Cuéllar Cárdenas.

De acuerdo con el fallo del máximo juez de la administración pública, la mujer, que ejerce como abogada ocasionalmente, se quejó porque, en por lo menos dos oportunidades, no pudo acceder a contenidos de su interés, debido a que el Consejo de ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro interrumpió otras programaciones de manera “intempestiva”.

“La parte actora alegó que la autoridad accionada vulneró su derecho fundamental a la información porque con la transmisión de los consejos de ministros a través de medios radiales y televisivos, tanto públicos como privados, se restringía de manera desproporcionada la posibilidad de elegir libremente los temas que eran de su interés”, indicó el Consejo de Estado en el documento.

El Consejo de Estado amparó el derecho a la información de la ciudadana demandante, que se quejó de la transmision.

Tras evaluar los argumentos de la demandante, el juez de la administración pública dio la razón a la ciudadana, amparando su derecho a la información, que fue vulnerado por la transmisión de las reuniones del gabinete ministerial, las cuales suelen tardar varias horas. En ese sentido, ordenó al presidente de la República, a la Presidencia de la República (Dapre) y a la CRC dejar de mostrar los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión, del canal Uno y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.

Los antecedentes penales de la demandante

La decisión del Consejo de Estado no gustó a los funcionarios del Gobierno. El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se pronunció al respecto, asegurando que la limitación en las transmisiones obedece a que la información revelada en los encuentros del gabinete han generado incomodidad. “Obvio les debe molestar mucho que se sigan destapando ollas podridas desde el gobierno. #CensurarNoEsPluralidad”, precisó en X.

Además, reveló antecedentes penales que tuvo la demandante María Cristina Cuellar Cárdenas, junto con su esposo, Arnaldo Tascón. De acuerdo con noticias compartidas por el funcionario, publicadas en 2014, estas personas, que fundían como asesores jurídico y contable de la compañía Molinos del Cauca, fueron condenados a nueve años de cárcel luego de que el Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá los declarara culpables del delito de fraude procesal, en calidad de coautores.

Para entonces, los exasesores fueron señalados de haber alterado los estados financieros de la empresa para mostrar liquidez ante la Superintendencia de Sociedades.

“María Cristina Cuellar Cárdenas y Arnaldo Tascón Saavedra, quienes fueran asesores jurídico y contable de la empresa presentaron ante la Superintendencia de Sociedades el 30 de junio de 2005, estados financieros falsos logrando con ello que esta entidad los acogiera a la promoción y acuerdos de reestructuración en los términos y finalidades de la Ley 550 de 1999 (Reestructuración de Pasivos), a sabiendas de que ya se encontraban en causal de liquidación”, detalló la Fiscalía General de la Nación en un boletín informativo emitido el 27 de mayo de 2014.

Por este caso también fueron imputados Luis Germán Osorno Calero, exrepresentante legal de Molinos del Cauca S.A.; Rodrigo de Jesús Palacio García, ex revisor fiscal titular; Yolanda de Jesús Vanegas Oquendo, ex revisora fiscal suplente; y Clara Isabel Rodríguez Diez, excontadora.

Los exasesores alteraron los estados financieros de la empresa para mostrar liquidez ante la Superintendencia de Sociedades.

Cuellar Cárdenas y Tascón Saavedra apelaron la sentencia, proferida finalmente el 30 de abril de 2015 por el Juzgado 28 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.

Posteriormente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia. Los exasesores volvieron a rechazar el fallo de segunda instancia, recurriendo a una demanda de casación, pero la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso. Ante su decisión procedía el mecanismo de insistencia.

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Muere mujer al recibir una fuerte descarga eléctrica en su casa, en Candelaria, Atlántico

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Una mujer, de 52 años de edad, murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en su vivienda, en el barrio Nueva Candelaria II, en el municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Never Regina Silvera Rodríguez.

“De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue encontrada por su esposo en una de las habitaciones de la vivienda, con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica. Al lugar acudió personal médico del Hospital de Candelaria, cuyos profesionales confirmaron que la ciudadana no presentaba signos vitales”, aseguró la Policía de Atlántico.

Al parecer, la mujer habría recibido la descarga cuando intentaba encender un ventilador.

“La Policía Nacional expresa sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida e invita a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar manipular conexiones en mal estado y adoptar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones”, puntualizó la Policía.

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Corte Suprema de Justicia deja en firme condena contra Santiago Uribe por caso de los 12 apóstoles

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*Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

La Corte Suprema de justicia deja en firme la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 apóstoles. Tendría que cumplir 28 años de prisión. La decisión proferida por la Sala Civil y Agraria resolvió no dar paso a la tutela interpuesta por la defensa, dejando plenamente en firme el fallo que lo responsabiliza por la conformación de estructuras paramilitares y por la comisión de homicidios en el departamento de Antioquia a finales de la década de 1990.

A través de la revisión de una tutela, la sala examinó la solicitud del equipo defensor de Santiago Uribe Vélez, el cual buscaba impugnar y tumbar la sentencia que había sido dictada previamente por la Sala Penal del tribunal. Sin embargo, la resolución ratificó el fallo en su totalidad. Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

De esta forma, la condena de 28 años de cárcel adquiere carácter final y ejecutorio por orden de los magistrados de la Corte.

Los hechos por los cuales fue juzgado y hallado culpable el empresario se desarrollaron principalmente en el norte del departamento de Antioquia. Las investigaciones judiciales determinaron que Santiago Uribe Vélez participó activamente en el liderazgo y articulación de la estructura armada al margen de la ley conocida como ‘Los 12 Apóstoles’.

Dicha agrupación paramilitar ejecutó múltiples homicidios y acciones violentas bajo la modalidad de «limpieza social» en diversos municipios de la región. Por estas conductas, la justicia lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

 

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Juez mexicano acusado de supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa es detenido en Bogotá

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La Policía colombiana, en coordinación con el FBI, detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al ciudadano mexicano Luis Benítez Alcántara, alias El Juez, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Benítez Alcántara fue retenido mediante una notificación roja de Interpol cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México, informó la Policía en un comunicado.

El mexicano, quien se desempeñaba como juez en Ciudad de México y tenía a su cargo procesos de extradición, es acusado de nueve cargos, entre ellos “conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en una empresa criminal, asesinato y tentativa de asesinato”.

“Las labores investigativas permitieron establecer que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez Alcántara se valió de su investidura como juez federal a cargo de procesos de extradición para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a integrantes del Cártel de Sinaloa”, apuntó la Policía.

Uno de los hechos que se le atribuyen es recibir un soborno de dos millones de dólares en efectivo a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la liberación de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense que estaba detenido en Guadalajara con fines de extradición.

De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Benítez Alcántara negoció la operación a través de intermediarios y ordenó la excarcelación de Wedding el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que supuestamente recibió la totalidad del dinero.

Wedding es señalado por las autoridades de ser el segundo al mando de una organización criminal transnacional y uno de los principales proveedores de cocaína hacia Canadá, con operaciones e influencia en Colombia, México y Estados Unidos.

“El seguimiento de investigación criminal determinó que Luis Benítez Alcántara arribó a la capital colombiana presuntamente con el propósito de sostener reuniones clandestinas y realizar coordinaciones con organizaciones criminales locales para el envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos”, denunció el director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

Tras su detención, Benítez Alcántara quedó a disposición de la Fiscalía General, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos.

En territorio estadounidense, enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos que le fueron imputados.

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