Dos sujetos fueron judicializados este viernes, 22 de noviembres, por el atentado realizado contra el CAI de La Aurora en Usme, Bogotá, en donde le prendieron fuego a una estructura en donde se encontraban 15 uniformados de la Policía que resultaron casi calcinados luego del ataque.

En medio de lo que fue catalogado como el estallido social, en la noche del pasado 4 de mayo de 2021 una multitud atacó con palos, piedras y bombas incendiarias al CAI que está ubicado en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, en Bogotá.

En esta estructura estaban refugiados 15 uniformados, quienes cumplían turno en su momento. El ataque fue más allá cuando, según la narración del juez quinto especializado de Bogotá, dos sujetos lanzaron bombas ‘Molotov’ a través de uno de los vidrios blindados, los cuales ya estaban debilitados gracias a los golpes.

Estos hombres son Kevin Hernández y Edwin Murcia, quienes fueron condenados por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público.

“El juzgado emitirá sentencia de condena contra Kevin Hernández y Edwin Murcia únicamente por los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor público (…) Adicionalmente, se emitirá sentencia de condena en contra de Edwin Murcia por el delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligros”, fue la declaración en la audiencia del juez quinto especializado de la capital.

Ante los hechos, el togado los sentenció a 18 y 20 años de prisión respectivamente, pues en el caso de Murcia se encontraron dos artefactos explosivos en su residencia y los cuales tienen relación con las sustancias que en aquella noche le arrojaron a los policías.

La sentencia fue basada en pruebas contundentes en donde se destacan varios videos de las cámaras de seguridad, los cuales fueron claves para identificar a los responsables del hecho. También se desestimaron las pruebas presentadas por la defensa de estos hombres, las cuales fueron calificadas como contradictorias e inconsistentes.

En el marco de la investigación que adelantan las autoridades sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la Fiscalía citó a declarar a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La funcionaria deberá proporcionar detalles sobre los movimientos financieros de la campaña en región caribe.

En particular, Sarabia deberá dar explicaciones respecto a unos audios que le habría enviado Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la FAO. En el diálogo, Benedetti hizo referencia a su papel en la obtención de recursos, afirmando que habría gestionado “activamente” alrededor de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15.000 millones y ahora que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, le recriminó Benedetti a Sarabia, quien en ese momento se desempeñaba como jefa del gabinete presidencial.

“No tengo conocimiento de las afirmaciones del ciudadano Armando Benedetti en esos audios. Mi función en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro era la coordinación de la agenda política, así como determinar a qué entrevistas asistía el candidato o debates o reuniones de materia política. Más allá de eso, el candidato fue enfático en decir que todo ingreso del recurso debía ser tramitado por el gerente de campaña y bajo las condiciones de la misma”, dijo sobre esos hechos Sarabia ante el Consejo Nacional Electoral, órgano que lleva a cabo la misma investigación.

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este viernes la intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Coosalud.

El ente de control expuso, en un comunicado a medios, que se hallaron “deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas” que afectan la prestación de los servicios y pone ­-según dijo- en riesgo la integridad y seguridad de sus afiliados.

Las deficiencias encontradas en la prestación de los servicios se encuentra la identificación del riesgo obstétrico; debilidades en la garantía del registro oportuno de las dosis administradas a sus afiliados; deficiencias en la implementación de la ruta de enfermedades huérfanas.

Asimismo, se halló un incremento en la tasa de reclamaciones en salud, como la inoportuna asignación de citas médicas o entrega incompleta de medicamentos y fallas administrativas propias de la operación de la entidad, así como el incumplimiento con la inversión para el respaldo de la reserva técnica.

La entidad, además, “ha incumplido aspectos cruciales del aseguramiento en salud relacionados con la prestación oportuna, eficaz y de calidad de los servicios de salud, el suministro inmediato de medicamentos y el acceso integral a tecnologías de salud”.

La Supersalud señaló que Coosalud EPS presenta un bajo nivel de cumplimiento de las actividades: 6% de actividades cumplidas a cabalidad, 58 % en ejecución y 36% sin avance, lo que viene generando una preocupante afectación para todos sus usuarios.

“Actualmente la EPS Coosalud cuenta con más de 3.2 millones de afiliados, especialmente pertenecientes al régimen subsidiado; y presta sus servicios en 23 departamentos del país, además de la capital de la República”, anotó el ente de control.

De acuerdo con la Resolución No. 2024320030015228 – 6 del 22 de noviembre de 2024, son 21 hallazgos por parte de la Supersalud los cuales motivaron esta decisión de acuerdo con auditorías realizadas previamente.

Con esta medida, también se ordenó la separación inmediata de la actual representante legal suplente, Natalia Largo González, así como todos los miembros de la Junta Directiva, y se designa como agente especial interventor a Mauricio Camaro Fuentes.