Una polémica medida fue anunciada por el alcalde del municipio de Quinchía, Risaralda, Jader Bañol, quien confirmó que se aplicarán comparendos económicos a los ciudadanos que les den comida y agua a los perros en condición de calle.
Según explicó el mandatario local, la drástica determinación se adopta debido al notable aumento de excrementos en los espacios públicos del casco urbano, una problemática sanitaria que la administración atribuye directamente a los animales callejeros luego de ser alimentados por habitantes de la comunidad.
El alcalde indicó de manera estricta que se ordenará a las autoridades policiales competentes imponer las respectivas sanciones a todas las personas que dispongan de alimento o agua para los caninos en los sitios públicos de la municipalidad.
El anuncio despertó de inmediato un intenso debate entre defensores de los derechos de los animales y ciudadanos preocupados por la salubridad, dividiendo opiniones sobre cuál es el manejo adecuado que el gobierno local debe dar a la población de fauna callejera.
Con esta focalización, el mandatario busca frenar los desórdenes causados por esta manada en particular, mientras la opinión pública regional sigue de cerca la viabilidad y aplicación legal de la sanción.
