Una denuncia penal formalmente radicada ante la Fiscalía General de la Nación comienza a generar un fuerte remezón en los ámbitos jurídicos, político y social del municipio de Fundación y del departamento del Magdalena.
El expediente describe un presunto fraude sucesoral, que habría permitido la apropiación irregular de bienes hereditarios, dejando sin herencia a la esposa legítima y cónyuge supérstite del señor Manuel Salvador Mercado, fallecido en 2017, quien además es madre biológica de Arnulfo Mercado de la Hoz, así como a todos los hermanos de padre y madre del causante.
Los hechos denunciados involucran a integrantes de la familia Mercado, abogados en ejercicio y funcionarios notariales, y han comenzado a trascender el ámbito familiar para convertirse en un asunto de interés público, dadas las calidades de algunos de los mencionados.
UN CONCEJAL EN EL EXPEDIENTE: POSIBLES EFECTOS POLÍTICOS
El caso adquiere una gravedad institucional adicional al aparecer mencionado, Jairo Rafael Mercado, actual concejal del municipio de Fundación, abogado de profesión, quien figura como uno de los beneficiarios de la adjudicación sucesoral cuestionada.
Aunque corresponde a la justicia determinar responsabilidades, la vinculación de un funcionario elegido popularmente en una investigación por presunto fraude patrimonial intrafamiliar, podría acarrear consecuencias que van más allá del ámbito penal, incluyendo eventuales afectaciones a sus derechos políticos, dependiendo del avance y resultado de las actuaciones judiciales y disciplinarias.
Sectores ciudadanos y jurídicos han advertido que este tipo de investigaciones, impactan directamente la confianza pública, especialmente cuando involucran a personas con proyección o aspiraciones dentro del escenario político regional.
EL LOTE DEL BARRIO SAN FERNANDO: BIEN CLAVE DEL EXPEDIENTE
En el centro del proceso se encuentra un inmueble urbano de alto valor comercial, ampliamente conocido en el municipio, ubicado en el barrio San Fernando, identificado con la matrícula inmobiliaria 225-7935.
Se trata de un lote con edificación, de ubicación estratégica y amplio reconocimiento local, que —según la denuncia— fue adjudicado en el año 2020 mediante escritura pública otorgada en la Notaría Única de Aracataca.
Actualmente, el bien figura inscrito a nombre de Jairo Rafael Mercado y Dina Isabel Mercado Gamarra, a pesar de que —de acuerdo con el expediente, la esposa legítima del causante, en su condición de cónyuge supérstite, y los hermanos plenos nunca fueron informados, citados ni vinculados al trámite sucesoral, pese a ostentar derechos hereditarios forzosos.
UNA SUCESIÓN PRESUNTAMENTE VICIADA DE NULIDAD ABSOLUTA
La denuncia penal sostiene que la escritura pública, estaría presuntamente viciada de nulidad absoluta, al haberse sustentado en declaraciones falsas y omisiones deliberadas, entre ellas:
* La ocultación de la existencia de la esposa legítima y cónyuge supérstite, madre biológica de uno de los implicados.
* La exclusión total de los hermanos de padre y madre, quienes nunca fueron citados.
* La declaración bajo juramento de que los adjudicatarios eran los únicos herederos.
* La alteración del último domicilio real del causante, con el fin de modificar la competencia notarial.
* La ausencia de controles mínimos de verificación por parte de la notaría.
Como consecuencia, según la denuncia, se habría consumado un despojo patrimonial, dejando sin bienes a la esposa legítima del fallecido y a los demás herederos forzosos.
NOTARIOS DE ARACATACA, TAMBIÉN BAJO INVESTIGACIÓN
El expediente también compromete a funcionarios de la Notaría Única de Aracataca, señalados de haber autorizado y protocolizado una sucesión sin cumplir los controles legales básicos exigidos por la ley.
Entre las conductas cuestionadas se mencionan:
* Falta de verificación de la existencia de sociedad conyugal vigente.
* Omisión en la identificación plena de todos los herederos forzosos.
* Falta de contraste entre lo declarado y los antecedentes civiles, familiares y registrales.
Estas actuaciones podrían derivar en investigaciones por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y prevaricato por acción, además de faltas disciplinarias gravísimas, sin que se descarte una eventual responsabilidad por omisión o complicidad funcional.
ABOGADOS EN EL FOCO: UN AGRAVANTE ÉTICO Y JURÍDICO
El caso adquiere una connotación aún más grave al involucrar a abogados en ejercicio, quienes además se han desenvuelto históricamente en círculos de poder político regional.
En particular, la denuncia señala que Jairo Rafael Mercado, en su condición de abogado, habría tenido un rol relevante en la elaboración, estructuración y soporte documental del trámite sucesoral, lo que, de confirmarse, constituiría una infracción especialmente grave a los deberes de legalidad, lealtad y ética profesional.
Por estos hechos, no se descarta la solicitud de pérdida de la tarjeta profesional ante las autoridades disciplinarias competentes.
ARNULFO MERCADO Y EL MANEJO DEL RESTO DE LOS BIENES
La denuncia también menciona a Arnulfo Mercado de la Hoz, quien durante años habría tenido control sobre la administración, usufructo e ingresos derivados de diversos bienes familiares.
Fuentes cercanas al proceso señalan que las autoridades también estarían examinando el manejo del resto del patrimonio, incluidos los flujos derivados de su explotación económica, en un contexto donde otros familiares no herederos directos, podrían haber resultado beneficiados.
De manera superficial pero relevante, el expediente deja entrever que pagos derivados del usufructo de algunos bienes habrían sido recibidos por personas del núcleo familiar cercano, lo cual podría ser objeto de análisis posterior dentro de la investigación, dependiendo de los hallazgos de la Fiscalía.
VERSIONES INTERNAS Y RESPONSABILIDADES
Fuentes próximas al proceso aseguran que el concejal Jairo Mercado habría manifestado que el trámite sucesoral no fue iniciativa suya, señalando que habría actuado siguiendo orientaciones de su hermano Arnulfo Mercado de la Hoz.
Sin embargo, especialistas en derecho advierten que esta afirmación no lo exime de responsabilidad, dada su condición de abogado experimentado y servidor público, lo que le imponía un deber reforzado de actuar conforme a la ley.
DELITOS INVESTIGADOS Y ACCIONES EN CURSO
De acuerdo con la denuncia, los hechos podrían configurar, entre otros, los delitos de:
*Falsedad ideológica en documento público.
Fraude procesal
* Estafa agravada*
* Prevaricato por acción*
Abuso de confianza agravado
Actualmente:
*Se tramita una demanda de nulidad absoluta, de la escritura pública.
*Reconocimiento formal de las víctimas.
* Avanzan acciones penales, ante la Fiscalía.
* Se estudian acciones disciplinarias, incluida la posible pérdida de la tarjeta profesional de los abogados involucrados.
* Se analizan eventuales consecuencias políticas, especialmente para el concejal mencionado, de cara a su permanencia y proyección en la vida pública regional.
UN CASO QUE YA TRASCIENDE LO FAMILIAR
El caso Mercado ya no es visto como una simple controversia hereditaria, sino como un presunto despojo intrafamiliar con ramificaciones penales, disciplinarias y políticas, que involucra abogados, notarios y un concejal en ejercicio.
La pregunta que hoy resuena en Fundación y en el Magdalena sigue siendo la misma:
¿Cómo un patrimonio familiar terminó concentrado en manos de unos pocos, mientras la esposa legítima del causante —madre biológica de uno de los señalados— y los demás herederos quedaron sin bienes y sin voz?
