Las detonaciones de un arma de fuego alertaron en la mañana del viernes a los vecinos de la calle 94 con carrera 4A, del barrio San Luis, en la localidad Metropolitana de Barranquilla. De inmediato, varias personas salieron de sus casas para ver qué ocurría y se toparon con el cuerpo tendido en el piso y bocabajo del patrullero de la Policía Amador Quessep.
Por información de testigos, los criminales aprovecharon una supuesta distracción que el uniformado tenía con su teléfono celular para arremeter contra él disparándole varias veces.
Aunque los móviles del atentado aún son indagados, se pudo confirmar que una de las primeras pistas que se siguió sobre el crimen del patrullero fue la relacionada con su actual cargo. Agentes de la Sijín y el CTI de la Fiscalía intentaron moverse hacia esa dirección, queriendo verificar si existía alguna relación de sus funciones y posibles amenazas de presos en la estación policial. Esa línea se contempló tras el homicidio en la capital del país del coronel en retiro de la Policía Nacional, Elmer Fernández, actual director de la Cárcel Modelo de Bogotá.
Pero después, la misma Policía, de manera interna, manejó la versión de que el uniformado Amador Quessep estaba “presuntamente vinculado con actores delincuenciales que tienen presencia en el área metropolitana de Barranquilla”.
Por ello se fueron a la hoja de vida del uniformado y encontraron que este había prestado servicio en la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, pero hacia el año 2020, con una pandemia en curso, fue desvinculado y trasladado al Caribe. Al parecer, superiores no confiaban en su labor.
Después, a la cascada de información que circuló en redes sociales, también se le puso la lupa. Este medio de comunicación estableció que las pesquisas se centran en mensajes que fueron publicados en grupos de WhatsApp que relacionaron al patrullero con estructuras dedicadas al tráfico de estupefaciente en Barranquilla y Cartagena. Por eso se envió notificación interna a la Policía Metropolitana de Cartagena para establecer si la orden de su muerte salió desde esa capital.
Otra pista por la que se hacen averiguaciones es la del manejo de un picó llamado ‘El Kike’. Esa máquina de música, según testigos, había sido adquirida por el uniformado luego de un pago que rondó los 150 millones de pesos.
Fuentes de la institución armada señalaron que resultarían “evidentes” una serie de gastos personales del patrullero que serían de “difícil justificación”. Vehículos, fiestas, vivienda, administración de bienes y lujos que es poco común que los tenga un uniformado con el rango que tenía la víctima.
