*Entre los involucrados hay oficiales, suboficiales y uniformados en retiro. Fueron imputados por delitos como peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La garantía de una alimentación adecuada para la tropa es un deber de quienes administran los recursos asignados a las fuerzas militares. Por presuntamente incumplir esa obligación mediante el desvío de dineros destinados al abastecimiento de un batallón ubicado en Ocaña (Norte de Santander), la Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve integrantes del Ejército Nacional.
Se trata de los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo. Entre abril y octubre de 2024, los hoy procesados habrían aprovechado las funciones que desempeñaban para apropiarse de más de 100 millones de pesos reservados al suministro de raciones alimentarias.
Adicionalmente, para intentar encubrir el posible actuar ilícito, al parecer, alteraron documentos y suscribieron planillas que certificaban la entrega de víveres secos a seis pelotones, lo cual no correspondía a las necesidades reales de la unidad.
De acuerdo con las evidencias, en los registros también aparecían alimentos entregados a escuadras que no estaban agregadas operacionalmente al batallón, mientras que otra parte figuraba destinada a uniformados que se encontraban en novedades administrativas o adelantaban actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica (Cesar).
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó, conforme a su posible participación, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados.
Los nueve uniformados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, en Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja (Santander), Fusagasugá y Nilo (Cundinamarca), Puerto Boyacá (Boyacá), Caucasia (Antioquia) y Túquerres (Nariño).
